El Gobierno español no solo ha demostrado tener una absoluta incapacidad para prever acontecimientos, o al menos tomar medidas en relación con ellos, como ocurrió con la avalancha del 30 de julio, sino que es incapaz de dar solución a los problemas derivados de tales cuestiones. La única alternativa que manejan, en esto como en tantas otras cosas de la vida social y política, es el uso de la mentira descarada y sistemática. El Ministro del Interior y el propio Presidente del Gobierno declararon durante sus fugaces visitas a Ceuta, equiparándose al tiempo de duración del eclipse, que la situación ya estaba normalizada. Es difícil casar esa afirmación con la realidad que se está viviendo allí estos días, y que se puede comprobar a través de algunos medios de comunicación, especialmente el Faro de Ceuta, el periódico de referencia de la ciudad.
Si hacemos un análisis y una descripción medianamente rigurosa de lo que son los términos normalidad y anormalidad, la situación en Ceuta es de absoluta anormalidad. Se entiende que la normalidad en Ceuta correspondería con la vuelta a una vida más o menos similar a la que había antes de la avalancha del 30 de julio, pero eso está muy lejos de ser así.
El propio Delegado del Gobierno en Ceuta reconoce en una entrevista realizada al señalado periódico que no hay ni de lejos una situación de normalidad:
En las calles ceutíes hay miles de niños/as y jóvenes a los que no se les ha buscado una mínima solución que garantice su integridad física y moral, empezando por la alimentación, la higiene y la protección de su dignidad. Aunque no se conoce la cifra exacta, se sabe que muchas niñas y adolescentes han sido violadas o agredidas sexualmente. Por lo que comentan las afectadas, las agresiones sexuales no las han cometido personas vinculadas a esa ola humana que entró en Ceuta, sino los habitantes tradicionales de esa ciudad. Llama la atención que ninguna organización de las que dicen defender los derechos de las mujeres y luchar contra la violencia de género, al menos hasta donde sabemos, se haya pronunciado sobre esos gravísimos problemas, exclusivamente denunciados por las clases populares de los barrios de Ceuta.
El carácter de clase siempre imprime la realidad, aunque haya muchos que quieran ignorar tal evidencia científica. En el caso de Ceuta no podía ser menos. Los barrios del extrarradio son los que se están implicando en mayor medida y de una forma más intensa en intentar resolver los problemas que afectan a los miles de niños/as y jóvenes que se han quedado en Ceuta. El Gobierno hablaba aproximadamente de un millar de personas sin ningún tipo de protección, pero cualquier otra fuente eleva esa cifra a varios miles, entre 5.000 y 8.000. Ese es el principal problema que unas instituciones serias tendrían que afrontar, sobre todo si están dirigidas por personas que se consideran progresistas.
La cuestión de dar cobijo y servicios mínimos, incluyendo proporcionar comida e higiene a 5.000 personas, no es tarea difícil si hay voluntad de hacerlo. Hay multitud de empresas que alquilan carpas y colchonetas que se pueden habilitar para que la gente duerma con un mínimo de confort, como sucede con las personas evacuadas durante los incendios forestales, así como también hay otras empresas que alquilan retretes y duchas portátiles. La cuestión no es la inexistencia de tales recursos, sino la voluntad de utilizarlos. Habrá quien piense que facilitar esas “comodidades” a las personas que se ha quedado en Ceuta es preparar el camino para que alarguen su permanencia. En nuestra opinión esto es una estupidez, además de totalmente opuesto a la defensa de los derechos humanos de la que hacen gala multitud de ONGs y el propio Gobierno en otras coyunturas, parece que en esta ocasión se han olvidado por completo de esa filosofía.
A nosotros/as no nos compete plantear una solución a medio-largo plazo para la población que ingresó a Ceuta el 30 de julio. Lo que no podemos hacer es cerrar los ojos ante un evidente problema humanitario o no hacer nada para resolverlo en lo inmediato; es algo indigno para cualquier sociedad que se considere perteneciente al género humano. Es el pueblo trabajador organizado el único que está respondiendo adecuadamente a las necesidades de los niños/as y jóvenes marroquíes y subsaharianos desplazados en Ceuta. Según la Asociación Marroquí de Derechos Humanos, 141 personas han fallecido durante el último proceso de entrada en Ceuta.
Sería bueno recordar que en Marruecos hay 2,9 millones de jóvenes entre 15 y 29 años que no estudian ni trabajan. Eso obviamente es una bomba de relojería que ha generado el capitalismo marroquí con la colaboración del internacional, del español entre otros. Desde hace bastantes años los capitalistas españoles han entendido que en Marruecos se produce más barato y con menos exigencias, especialmente en los sectores agrícola y textil, por lo que los beneficios son mucho más amplios.
Como decíamos en nuestro anterior editorial, la perspectiva estratégica para resolver el problema de Ceuta, Melilla y Gibraltar pasa por un movimiento a tres bandas que implique la transferencia de soberanía de Ceuta y Melilla a Marruecos y de Gibraltar al Estado español.
La manifestación celebrada en Ceuta el domingo 9 de agosto, con una asistencia de entre 5.000 y 15.000 personas según la fuente, estuvo muy por debajo de las expectativas creadas. Habrá que reflexionar sobre el porqué de tal pinchazo, pero imaginamos que excepto los sectores de mayor nivel socioeconómico en Ceuta, el resto no se habrá visto aludido por esa convocatoria, teniendo en cuenta el trato real que se le está dando a la gente.
Por último, no deja de ser curioso cómo los medios de comunicación al servicio del Gobierno, especialmente El País, La Vanguardia y Televisión Española, están haciendo una promoción acelerada del eclipse solar del próximo miércoles 12 de agosto. Creen que cualquier cosa les sirve para cambiar de pantalla, pero esa técnica cada vez les da menos resultados.
Izquierda Castellana, 10 de agosto de 2026