El Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, ha sido condenado por el Tribunal Supremo en base a al artículo 417.1 del Código Penal, que establece lo siguiente: “La autoridad o funcionario público que revelare secretos o informaciones de los que tenga conocimiento por razón de su oficio o cargo y que no deban ser divulgados, incurrirá en la pena de multa de doce a dieciocho meses e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de uno a tres años”.
El Fiscal General asumió que la nota enviada a la prensa sobre el asunto era de su autoría, y la persona que la transcribió a ordenador reconoció en el juicio que se la había dictado en persona el hasta ahora Fiscal General del Estado. No se entiende a qué viene tanto aspaviento en relación con este fallo, que tiene el suficiente rigor como para ser dictado, aunque diversos personajes vinculados con la judicatura, pero sobre todo con la política, la cuestionen.
El Gobierno y sus apoyos políticos y mediáticos no se esperaban esta sentencia. Estaban convencidos de que la cosa iba a terminar sin mayores complicaciones para el Fiscal y para el Gobierno que lo nombró. Pedro Sánchez se cansó de insistir en la inocencia del Fiscal General del Estado y de forma inevitable, con tal actitud, se ve ahora tremendamente repercutido por esa sentencia condenatoria.
Ha pasado mucho desde que su Ministro de Transportes, el “más que elegante y educado” Óscar Puente dijera de él que era “el puto amo”. Parece que ya no es el puto amo, al menos entre determinados sectores y ambientes, en los cuales ya no le rinden pleitesía. Para ello hay una razón de fondo: hasta ahora Pedro Sánchez era la mayor garantía para el bloque dominante español y europeo para mantener la paz social en el Estado. Si surgía algún movimiento que la pusiera en cuestión, él mismo o cualquiera de los miembros de su Gobierno o adláteres hacían de bomberos para apagar cualquier potencial fuego. Esto también se ha acabado. Pedro Sánchez y su Gobierno ya son incapaces de satisfacer con garantías tales objetivos. Probablemente ningún Gobierno tenga esa capacidad en estos momentos, pero desde luego éste no.
La sentencia parece que ha pillado al traspiés a la mayoría de los portavoces de los grupos que conforman el Gobierno o lo apoyan desde fuera. Incluso hay quien ha hablado de Golpe de Estado institucional. ¿Golpe contra quién y a favor de qué? Se nos escapa el fondo de esa afirmación. Como decíamos en nuestro último editorial, el Régimen en que vivimos, el de la II Restauración Borbónica, no es un Régimen democrático ni con estricta división de poderes, pero esto es así desde el momento de su instauración. La sentencia sobre el Fiscal General del Estado no cambia un ápice esta realidad, y en todo caso le da cierta credibilidad al Tribunal Supremo por atreverse a condenar a un “santón” del Gobierno y del Régimen actual.
Otra cuestión que ha enervado al público adherido al Gobierno es el trato dado a la prensa, que no ha ofrecido credibilidad al Tribunal. Consideran que con ello perjudican a la “libertad de información” en el país. Desgraciadamente los medios de comunicación nada tienen que ver ni con el rigor informativo ni con la profesionalidad; son títeres en manos de cada una de las fracciones que integran el poder.
Sería bueno que el personal falsamente ofendido por esta sentencia empezara a reflexionar sobre su incapacidad para aprehender la realidad. En algunos casos será algo patológico, que requerirá tratamiento médico, pero en la mayoría de ellos es simplemente una actitud aprendida durante muchos años de chulería sin coste alguno. Ese tiempo se ha acabado, más les valdría intentar situarse en la realidad y abandonar la política de falsas trincheras.