La Plataforma Ciuadadana en Defensa de las Libertades solicitará al Ayuntamiento la derogación a la máxima brevedad de la Ordenanza de Protección de la Convivencia Ciudadana y Prevención de Conductas Antisociales, más conocida como Ordenanza Antivandálica. La citada ordenanza fue impulsada por el anterior exalcalde León de la Riva, y varios de sus artículos fueron anulados en los tribunales.
En el último Pleno del Ayuntamiento se comentó la revisión de la Ordenanza Antivandálica y la apertura de un proceso participativo sobre la misma, con el horizonte de disponer de un nuevo articulado antes de finalizar el año. Sin embargo, la Plataforma Ciudadana en Defensa de las Libertades, activada a raíz de esos comentarios y que impulsó en su día la oposición a los planes represivos del exalcalde, se posiciona contraria a su revisión y reforma y apuesta directamente por su derogación.
Las organizaciones asistentes a las reunión celebrada en la tarde-noche de ayer lunes se pronunciaron a favor de la retirada inmediata de la Ordenanza, tal como se había planteado en el ‘Jueves Republicano’ del pasado día 4 de febrero.
También se acordó ayer la solicitud de una entrevista para la primera quincena de marzo con el alcalde, Óscar Puente, en compañía de concejales del PSOE, Valladolid Toma la Palabra y SI se Puede Valladolid, para exponer las razones de la petición.
La Plataforma Ciuadadana en Defensa de las Libertades estima que la Ordeananza Antivandálica debe pasar a la historia en el Pleno del próximo mes de junio.
Antecedentes
A finales de 2011, la citada Plataforma difundió un comunicado en el que informaban de la presentación de alegaciones durante el periodo de exposición pública y anunciaban acciones informativas en la calle sobre «la utilización intencionada de los conceptos de civismo y vandalismo con la única finalidad de justificar la represión y el recorte de nuestras libertades».
La Plataforma reprobó que el Ayuntamiento, amparándose en su mayoría electoral, pretendiera » criminalizar y perseguir todas aquellas actividades que no encajen en su modelo de ciudad», y apostó por el diálogo y la tolerancia, así como por la libertad individual, defendiendo que «no existe ningún derecho a ocultar y censurar lo que a algunos ciudadanos les desagrade o moleste en función de sus valores morales».
Hoy, como ayer, la Plataforma considera que «de la ordenanza se derivan restricciones ideológicas, y limitaciones que afectan a los derechos fundamentales de las personas, la libertad de reunión, la libertad a elección de la propia imagen, la libertad de manifestación…».
«La única actuación antisocial contra la sociedad y los derechos fundamentales que son expresión de la democracia, es la de la propia Ordenanza, de tal manera que no es exagerado calificar de antisociales a los dirigentes políticos que la aprueben», concluía el comunicado dirigido a los vecinos y al Ayuntamiento, al que pedía que «se dedique a problemas que realmente preocupan a la ciudadanía».