Los bancos que financian la operación tienen en su poder la llave de un cada vez más complicado soterramiento ferroviario y el ex alcalde de Valladolid, Javier León de la Riva, esta “más cerca que nunca” de volver a los juzgados por la carta en la que se plegó a los intereses de las entidades financieras sin informes técnicos y jurídicos y, por supuesto, sin acuerdo plenario.
Estas son las dos principales conclusiones que se pueden extraer de la esperada reunión de tres horas mantenida por los integrantes del consejo de administración de la Sociedad Valladolid Alta Velocidad 2003 (Renfe, Adif, Junta y Ayuntamiento) esta mañana en Valladolid para tratar de buscar una salida a una endiablada situación financiera.
La Sociedad que debe ya 400 millones de euros (109 corresponden a intereses financieros), tiene sus cuentas bloqueadas desde el pasado 1 de enero, fecha en la que había que haber pagado 125 millones de euros. El próximo 31 de marzo, es la fecha del próximo vencimiento y el Ayuntamiento no dispone de dinero para hacer frente a la parte que le corresponde. El alcalde Óscar Puente, que ha asistido a la reunión junto al concejal de Urbanismo, Manuel Saravia y el de Hacienda, Antonio Gato, ha puesto sobre la mesa la carta de conformidad firmada por el ex alcalde para explicar que es ‘papel mojado’ ya que “incurre en nulidad de pleno derecho al haberse firmado prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido”, según los letrados municipales.
Puente ha anunciado que, como nunca descartó, está dispuesto a llevar a su antecesor a los tribunales en caso de que los bancos la quieran hacer valer y no acepten una alternativa financiera razonable para todos los socios. De la Riva está “más cerca que nunca”, ha dicho el alcalde, de tener que volver a los juzgados a dar explicaciones sobre esa carta de conformidad sin aval técnico de ningún tipo y que ahora condiciona una salida razonable a toda la operación ferroviaria.
Aunque el “atasco financiero” de la operación ferroviaria es clave, no lo son menos los pasos que de aquí al 31 de marzo se puedan dar para atisbar una luz al final del túnel o, por el contrario tener más cerca el entierro definitivo del proyecto de soterramiento tal y como se ha conocido hasta ahora.
El Ayuntamiento ha puesto alternativas sobre la mesa. Revisión del convenio suscrito entre las distintas administraciones, “indispensable para dar continuidad a la sociedad” y que Renfe aporte la diferencia entre lo que en realidad han costado los talleres y el valor de suelo a permutar. Sobre la primera propuesta poco o nada ha trascendido y Renfe se ha comprometido a estudiar la segunda.
Como cualquier movimiento que se haga puede ser utilizado por los bancos de la operación para apretar más las clavijas, el alcalde no ha hecho públicos los detalles “para no debilitar la capacidad de negociación” de la Sociedad con las entidades financieras en los contactos que se mantendrán de forma inmediata.
Por otra parte, en cuanto a los talleres, el alcalde anunció que los nuevos Talleres de Renfe contarán con licencia el próximo pleno, con lo que el Ayuntamiento no es un estorbo para que el traslado de la actividad, demandado por los sindicatos, se produzca en un corto espacio de tiempo.
No obstante, también aquí los bancos guardan la llave, ya que al estar bloqueada las cuentas de la Sociedad desde el 1 de enero, son ellos los que tendrían que autorizar que se sacaran los 15 millones que tiene para pagar no sólo las nóminas del personal de la sociedad Valladolid Alta Velocidad, sino el equipamiento de los talleres (10,5 millones), así como una ‘pequeña’ obra en el ramal 1.
“Mi impresión no es muy positiva. El escenario es muy complejo. ¿Cuándo ha estado cerca el soterramiento?” ha sentenciado críptico Óscar Puente al término de la reunión que concluirá definitivamente el próximo jueves, día 25, cuando ya se haya testado el pulso bancario y Renfe haya estudiado la alternativa que el Ayuntamiento ha puesto en el apartado talleres. Ese será un día clave para decidir si finalmente los socios de Valladolid Alta Velocidad deciden, con un proyecto modificado, hacer fuerza frente a los bancos que exigen el pago de la deuda (apoyando una moratoria total de dos años) o si por el contrario esa deuda acaba por asfixiar a la sociedad y, como consecuencia, se abandona el tan prometido como anhelado soterramiento.
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