El Ayuntamiento de Valladolid, durante años, ha pagado casi al doble del precio de mercado la pintura y la mano de obra que se utiliza para señalizar los pasos de cebra, los cedas al paso o los carriles bus. Mientras que en ciudades como Bilbao, la señalización horizontal (y vertical) sale por 500.000 euros anuales, el Consistorio vallisoletano ha desembolsado, solo por la horizontal, más de 800.000 euros cada año.
La explicación de este desfase tiene nombre y apellidos y coinciden con los de un técnico municipal que, al menos desde el año 2000, informaba favorablemente para que se contratara con la empresa API Movilidad S.A., a pesar de los precios que ofertaba. No lo hizo de forma inocente. A cambio, recibió favores y regalos por parte de la empresa. “Jamones en Navidad, entradas para espectáculos taurinos, remitidos directamente a su despacho del edifico público situado junto a la Iglesia de San Benito, entradas y desplazamiento al palco de la empresa en el Santiago Bernabeu, en concreto a un partido de cuartos de final de la Champions League que enfrentó al Real Madrid con el Bayern de Munich, siempre en compañía del gerente de la empresa, invitación a comidas y viajes y estancia pagados a las ferias del sector celebradas en Amsterdam” son sólo algunas de las prebendas que se apuntan en el expediente disciplinario abierto al funcionario y que el pasado día 18 fue remitido a la Fiscalía por entender su instructora que existen indicios de delito.
Y es que el conchabeo entre el funcionario y la empresa también se sustanció en la cesión gratuita de un coche de alta gama alquilado por la empresa, al menos desde el año 2010, que el técnico municipal usaba como si fuera suyo o la contratación de su hijo en distintas ocasiones por empresas del mismo grupo que acababa haciéndose con los jugosos contratos que él se encargaba de informar favorablemente.
Más aún. La empresa, cada año, agotaba el crédito disponible del contrato, aunque para ello hiciera falta pintar dos veces el mismo paso de cebra, según se hace constar en la denuncia de un ex trabajador de la empresa que posteriormente ha sido confirmada por los técnicos del Ayuntamiento.
Este escándalo, que se suma a otros ya judicializados como el de la manipulación del PGOU (pendiente de fecha de juicio) o el del ex jefe de Mantenimiento Municipal (Caso Samaniego), que se encuentra en fase de instrucción, ha sido desvelado hoy por el alcalde de Valladolid, Óscar Puente, después de que el PP haya ofrecido una rueda de prensa para denunciar, no la actuación presuntamente ilegal de este funcionario durante los años en los que gobernó, sino la adjudicación que se hizo tras descubrir el pastel para garantizar que las calles asfaltadas durante el verano contaban con la señalización viaria necesaria como para impedir que se produjeran atropellos o accidentes.
Y es que el nuevo equipo de Gobierno, conocedor de las presuntas ilegalidades cometidas por el técnico municipal y en tanto en cuanto no se cerrase el expediente disciplinario abierto contra él, suspendió la adjudicación del contrato global de señalización con la empresa que agasajaba al técnico, aunque, a propuesta de los técnicos, acabó contratando por procedimiento de emergencia, trabajos puntuales con la misma empresa, atendiendo a la recomendación de informes de los técnicos municipales. “Adjudicar a esta empresa, a la misma, parece contradictorio. Pareciera que la estuviéramos favoreciendo, pero era lo más rápido para garantizar la seguridad”, afirma el alcalde.
Meses después el caso ha pasado por la Comisión de Vigilancia de la Contratación que, por delegación del alcalde socialista, preside el portavoz del PP, Jesús Enríquez. El expediente cuenta ahora con nuevos informes técnicos donde se pone de manifiesto que esos trabajos para garantizar la seguridad, no debieron contratarse por vía de emergencia, sino de urgencia. Un “error” que, por otra parte, se ha producido en otros expedientes y en otros contratos con relativa frecuencia, aseguran a últimoCero distintas fuentes municipales consultadas.
“Se trata de un contrato nulo. No había emergencia. Hubo un retraso injustificable en la actuación del Gobierno sobre la resolución del contrato principal que ha causado perjuicios al Ayuntamiento (8.160 euros), por la mala gestión del tripartito”, sostiene el PP.
Los populares aprovechan esta circunstancia que no dudan en calificar como “adjudicación ilegal” para “instar al Alcalde a que apruebe el expediente de revisión de oficio que exige la ley, para anular el contrato ilegal de señalización de las calles; A que pida el dictamen preceptivo del Consejo Consultivo de Castilla y León y que liquide el contrato una vez declarada la revisión de oficio e indemnice a la empresa en la cuantía que resulte exigible y que se depuren responsabilidades por la mala gestión realizada, y a que promueva la aprobación de instrucción de la Intervención que ayude a evitar estas irregularidades”.
La respuesta del alcalde a esta denuncia del PP ha sido la de poner sobre la mesa este nuevo caso de corrupción municipal que se ha producido durante el mandato de los populares.
Puente no ha tenido reparo en señalar “el afán del portavoz del PP, Jesús Enríquez, por enlazar esto con el caso Samaniego”. “Es como si quisiera encontrar una justificación. Si los concejales están amparados con los informes que firmaban los técnicos, nosotros también, parece que es el argumento”, ha indicado abiertamente el alcalde tras apuntar que “en este caso, sin responsabilizar al PP, como mínimo, no se enteró” de lo que durante años fue una práctica habitual en el funcionario expedientado (actualmente de baja).