«Las identificaciones y las multas no son novedad para las personas más implicadas en las luchas sociales, pero no se puede negar la llegada de una nueva ola represiva y es nuestra responsabilidad denunciar y condenar la violenta y desmedida actuación policial cuyo único fin es crear un clima de miedo entre las personas que ejercen su derecho de manifestación».
Esta es sólo una parte de la denuncia pública que ayer distintos colectivos sociales de la ciudad trasladaron esta mañana en rueda de prensa a escasos medios de comunicación (sólo la SER y últimoCero acudieron a la convocatoria) para exigir la «retirada inmediata de todos los cargos tanto a los detenidos como imputados e identificados» en las jornadas de movilización general celebradas los pasados 1 y 9 de mayo y que se saldaron con 3 personas detenidas, casi una decena de imputados y un buen grupo de identificados.
A los detenidos se les acusa de un delito de agresión a policías, desórdenes públicos y atentado a la autoridad. A los imputados, se les ‘adjudican’ delitos de atentados. «La Policía fábrica culpables para criminalizar las protestas», sostienen los portavoces de los colectivos que piden una «investigación de las unidades policiales que actuaron en las ‘injustificadas’ cargas policiales registradas contra manifestantes los días 1 y 9 de mayo».
Los colectivos, que señalan a la Subdelegación del Gobierno como «responsable de las nefastas actuaciones policiales», exigen explicaciones a José Antonio Rodríguez Bermejo, a quien consideran instigador «de señalar y perseguir a organizaciones que ejercen su legítimo derecho de protesta al identificar y amedrentar en cada convocatoria a las personas que participan con el objetivo de criminalizarlas de cara a la opinión pública».
Los hechos a los que se refieren los 27 colectivos que respaldan esta denuncia pública son diametralmente opuestos a los que se relatan en los partes policiales que han dado lugar a las detenciones e imputaciones de participantes en las protestas y que han sido recogidos «sin contrastar» por la inmensa mayoría de medios de comunicación de la ciudad, que siempre dan por buena «la versión policial» en lo que consideran un «ejercicio de irresponsabilidad profesional» periodística.
En el caso del 1 de Mayo, en la manifestación convocada por CNT, cuando estaba a punto de finalizar «tres policías irrumpieron en ella entre golpes y empujones para coger a dos chicas, creando un revuelo que fue aprovechado por éstos y sus compañeros para cargar contra los manifestantes (…) Varios agentes persiguieron y detuvieron de forma violenta e injustificada a un manifestante que ya abandonaba la concentración». El detenido relata un espeluznante «trato vejatorio, con continuas amenazas y actitud violenta por parte de la policía durante todo el tiempo que estuvo retenido». «¡No sé si matarte o mutilarle, cerdo!«, fue alguna de las lindezas que tuvo que soportar el detenido por parte de los agentes que le detuvieron, según su propia versión de lo sucedido.
El 9 de mayo se registraron otras dos detenciones, 5 imputaciones y un rosario de identificaciones en el escarche convocado por la Asamblea de Estudiantes en la sede de la Consejería de Educación. Los participantes consiguieron acceder casi hasta el despacho del consejero, que no se encontraba allí, pero al salir «varios antidisturbios rodearon al grupo y comenzaron a pedir identificaciones a la vez que creaban un clima de tensión y nerviosismo». «A los pocos minutos comenzaron a cargar de forma brutal e injustificada con el objetivo de llevarse a un compañero», relatan. Las imágenes de lo que allí sucedió fueron publicadas por últimoCero ese mismo día, sin que en ellas pueda apreciarse ninguna agresión a los agentes que protagonizaron la carga.
«No descartamos pedir una entrevista con el subdelegado del Gobierno , pero lo que sí que tenemos claro es que, a pesar de toda esta campaña represiva organizada por el Estado, continuaremos en las calles denunciando sin miedo cada una de las medidas injustas que adopte el Gobierno. Animamos a todas las personas a ejercer su derecho de manifestación y a hacer frente a cualquier recorte de derechos o privatización«, advirtieron ayer los colectivos sociales