Se trata del primer fallo del máximo tribunal de las Naciones Unidas que declara a un Estado responsable de cometer este crimen
La justicia ha hecho historia. La Corte Internacional de Justicia (CIJ) ha dictado este jueves que Myanmar “cometió genocidio el grupo rohinyá” durante las “operaciones de limpieza” ordenadas por el Estado birmano contra esta comunidad entre los años 2016 y 2017 en el estado de Rakáin, en el oeste del país asiático. El veredicto, aprobado por nueve votos a favor y seis en contra, se leyó en el Palacio de la Paz de La Haya y es definitivo, sin posibilidad de recurso. Es la primera vez que el máximo tribunal de las Naciones Unidas declara a un Estado responsable de cometer genocidio, en una sentencia que puede influir otros casos pendientes de ser juzgados en la CIJ, como el de Sudáfrica contra Israel por las atrocidades cometidas en Gaza.
El máximo tribunal de la ONU determinó que, tras examinar el conjunto de las pruebas, “la única conclusión razonable” que permite explicar las acciones de Myanmar es que existía una “intención de destruir” a una gran parte de la población rohinyá del norte del Estado de Rakáin. Esta conclusión es fundamental para establecer jurídicamente la existencia de genocidio, ya que la Convención contra el Genocidio exige demostrar no solo la comisión de determinados actos, sino también la “intención” de destruir, total o parcialmente, a un grupo nacional, étnico, racial o religioso.
Esta minoría musulmana lleva décadas sometida a discriminación y restricciones de derechos, incluida la falta de reconocimiento de su ciudadanía por las autoridades birmanas, muchas de estas fueron reconocidas por la CIJ durante la lectura de le sentencia. Gambia presentó la demanda ante la CIJ en el 2019, con el respaldo de la Organización de Cooperación Islámica, y otros once países intervinieron después en el procedimiento.
Los jueces ordenaron a Myanmar, que está gobernado por una junta militar desde un golpe de Estado en el 2021, facilitar el regreso “seguro, voluntario y digno” de los rohinyás que se vieron obligados a desplazarse, tanto dentro del país como en el extranjero, y garantizar la reunificación de las familias separadas, entre otras medidas para reparar los daños causados a la minoría musulmana.
Myanmar debe “cumplir sin demora la sentencia del tribunal y poner fin a la opresión contra los rohinyás”, afirma Maria Elena Vignoli, asesora sénior en materia de justicia internacional de Human Rights Watch. La experta añade que los “gobiernos interesados” en proteger a los rohinyás deben “presionar a la junta militar para que cumpla con la sentencia”. Además, “la sentencia sienta un precedente importante para las víctimas de genocidio y otros crímenes graves en todo el mundo, en su propia búsqueda de justicia”, apunta Vignoli.
“La cuestión fundamental es que la persecución sistemática del pueblo rohinyá no terminó en el 2017. Los rohinyá que permanecen en Rakáin siguen sufriendo violencia selectiva, además de las consecuencias del conflicto más amplio”, asegura Paul Brockmann, director de operaciones de Médicos Sin Fronteras para Bangladesh, Malasia y Myanmar.