La nueva restricción israelí amenaza con reducir aún más el acceso a alimentos y productos esenciales en una Franja de Gaza devastada por tres años de ofensiva militar. Las organizaciones humanitarias advierten de que la ayuda internacional no puede sustituir el abastecimiento comercial y alertan del riesgo de un nuevo deterioro de las condiciones de vida de más de dos millones de personas.
Israel ha anunciado la suspensión de la entrada de mercancías comerciales en la Franja de Gaza, una decisión que amenaza con profundizar la crisis humanitaria que atraviesa la población palestina y agravar las dificultades de abastecimiento ante la proximidad del invierno.
La medida fue comunicada por COGAT, el organismo militar israelí encargado de supervisar el acceso de suministros al territorio palestino. Sin embargo, las circunstancias de la decisión han generado versiones contradictorias. Mientras las autoridades israelíes sostienen que responde a una iniciativa de comerciantes gazatíes, representantes del sector del transporte aseguran que las restricciones han sido impuestas por Israel.
El bloqueo de las importaciones comerciales afecta directamente a una población cuya supervivencia depende de los suministros que consiguen atravesar los pasos fronterizos controlados por Israel. La destrucción de infraestructuras, la paralización de buena parte de la actividad económica y las enormes dificultades para acceder a productos básicos han convertido el abastecimiento exterior en una necesidad imprescindible.
Las organizaciones humanitarias advierten de que la suspensión de los suministros comerciales no solo reducirá la disponibilidad de alimentos y otros productos esenciales, sino que también puede provocar un aumento de los precios, dificultando todavía más su adquisición por parte de las familias palestinas.
Shaina Low, portavoz del Consejo Noruego para los Refugiados, recordó que la asistencia humanitaria resulta insuficiente para cubrir las necesidades de toda la población y subrayó la importancia de mantener operativos los mercados locales.
La situación alimentaria de Gaza continúa siendo extremadamente precaria. Aunque los organismos internacionales especializados en seguridad alimentaria habían registrado cierta mejoría respecto a la hambruna declarada en agosto de 2025, las condiciones seguían situándose en niveles de crisis.
Los informes advertían, además, de que cualquier interrupción, incluso limitada, en la entrada de suministros podía revertir rápidamente los avances alcanzados.
COGAT atribuyó la suspensión a una supuesta decisión de comerciantes palestinos, que habrían denunciado el cobro de tasas y las amenazas de Hamás sobre los transportes comerciales.
Sin embargo, Nahed Sheheiber, responsable del sindicato de camioneros privados de Gaza, rechazó esa explicación y responsabilizó directamente a las autoridades israelíes de impedir la entrada de mercancías.
Según Sheheiber, el Ministerio de Economía de Gaza había solicitado aportaciones de 10.000 shékels por camión, aproximadamente 3.226 dólares. Representantes del ministerio afirmaron que no se trataba de un impuesto obligatorio, sino de una contribución destinada al pago de salarios de empleados públicos.
La controversia sobre estas cantidades no modifica una cuestión fundamental: Israel mantiene el control sobre el acceso de mercancías al territorio y su decisión de restringirlo repercute directamente en las condiciones materiales de supervivencia de la población civil.
Tampoco se ha aclarado si las organizaciones humanitarias podrán incrementar sus envíos para compensar la desaparición de los suministros comerciales.
Según las cifras difundidas por las autoridades israelíes, Gaza necesitaría alrededor de 250 camiones diarios de mercancías. Esa cantidad se encuentra muy por debajo de los 600 camiones contemplados en el acuerdo de alto el fuego negociado por Estados Unidos hace aproximadamente un año.
La ofensiva militar israelí iniciada tras los ataques de Hamás del 7 de octubre de 2023 ha dejado más de 74.000 palestinos muertos, de acuerdo con los registros del Ministerio de Salud de Gaza, considerados generalmente fiables por organismos de Naciones Unidas y especialistas independientes.
Más de 1.400 de esas muertes se han producido desde la entrada en vigor del alto el fuego, según las mismas fuentes, lo que evidencia la persistencia de la violencia pese a los compromisos anunciados.
A las víctimas mortales se suman la destrucción de viviendas, centros sanitarios, redes de abastecimiento e infraestructuras indispensables para la vida cotidiana.
La suspensión del comercio llega en un contexto en el que gran parte de la población palestina carece de ingresos suficientes, vivienda adecuada y garantías de acceso a alimentos, agua potable y atención sanitaria.
La proximidad del invierno añade nuevas dificultades para quienes sobreviven en refugios improvisados o edificios dañados, sin protección suficiente frente al frío y las lluvias.
El derecho internacional humanitario obliga a proteger a la población civil y prohíbe utilizar el hambre como método de guerra. También establece obligaciones respecto al acceso de suministros indispensables para la supervivencia.
En Gaza, donde las restricciones sobre la entrada de mercancías condicionan desde hace años la vida económica y social, la nueva medida vuelve a situar el abastecimiento de productos esenciales bajo decisiones militares y políticas ajenas a las necesidades de la población.
Para más de dos millones de palestinos, la cuestión no es únicamente cuántos camiones consiguen entrar en Gaza, sino hasta cuándo su acceso a los medios indispensables para vivir seguirá dependiendo de restricciones impuestas desde el exterior.