Un juzgado investiga a una maestra de infantil y a dos directivas del colegio concertado Alborada, situado en Alcalá de Henares (Madrid), por el presunto maltrato de la docente a los bebés que estaban a su cargo el curso pasado, y por la falta de reacción durante meses de las responsables escolares, pese a las advertencias que recibieron de otras trabajadoras del centro. Entre las agresiones que se atribuyen a la educadora, Elena F., figuran golpes en la cabeza y la boca a los niños, que tenían entre pocos meses y un año, zarandeos muy bruscos, burlas mientras lloraban y, especialmente, que supuestamente les llenaba la boca de comida y “les tapaba la nariz, forzándoles de forma muy agresiva” a tragar. Una práctica que, según las testigos, en ocasiones los hacía vomitar y los ponía al borde del atragantamiento. En el mismo colegio, vinculado al Opus Dei y que pertenece a la Red Educativa Arenales, un cuidador de comedor fue detenido en mayo de 2025 acusado de abusos sexuales a niños del segundo ciclo de Infantil, de 3 a 6 años.
La denuncia de maltrato contra la maestra se apoya en un audio y un vídeo grabados a escondidas por otras docentes e incorporados a la investigación, que ha podido escuchar y visionar EL PAÍS y que apuntalan los testimonios. El procedimiento judicial, iniciado después de que la policía observara indicios de criminalidad, se ha abierto por supuestos delitos de torturas, contra la integridad moral y tratos degradantes. Elena F. ha declinado ofrecer su punto de vista para este artículo, y su abogada se ha limitado a afirmar que los hechos que se le atribuyen “no son ciertos”. Este periódico ha pedido también su versión de los hechos a las otras dos investigadas, pero no ha obtenido respuesta.
El director del colegio, David Arranz, afirma, por su parte, que en cuanto “el centro supo que podía haber unos presuntos malos tratos” por parte de la educadora, “se procedió a su inmediato despido para proteger a los menores”. No es eso, sin embargo, lo que figura en la denuncia original que dio pie a la investigación. Según la misma, la primera educadora que alertó de la situación a las responsables del área de infantil del colegio lo hizo en febrero y acompañó su aviso del audio. En la grabación se escucha un golpe seco seguido del llanto agudo de un niño y de la que parece ser la voz de la principal investigada repitiendo en tono burlón el “mamá, mamá” que pronuncia el crío. Esa advertencia de que algo grave estaba ocurriendo en el aula de 0 años del Alborada no solo no tuvo consecuencias para la supuesta maltratadora, sino que la docente que lo denunció fue despedida a final de curso con el argumento del descenso de alumnado por la caída de la natalidad. La denunciada siguió trabajando y manteniendo presuntamente el mismo tipo de prácticas hasta el verano, y su cese fue presentado como una finalización de contrato.
Para entonces, ya se había presentado contra ella una segunda denuncia interna, acompañada por un vídeo corto, de menos de un minuto, donde se la ve, de espaldas, golpear en la frente y agarrar bruscamente de la cabeza a un bebé que llora mientras le está dando de comer. En ese momento había otras dos educadoras en el aula, que le pidieron que parase, según la denuncia.
Como consecuencia del comportamiento de Elena F., según figura en la denuncia, los bebés de su clase lloraban mucho más que el resto. Los padres de una alumna de su clase advirtieron que la niña había empezado a manifestar en casa “terror a la cuchara”, y críos de otros grupos mostraban pánico a salir al patio si la educadora estaba en él, agarrándose a las piernas de sus tutoras o tratando de escapar gateando por alguna puerta de la zona de recreo.
A medida que las recriminaciones de sus compañeras por el trato que dispensaba a los bebés se acumulaban, Elena F. empezó a encerrarse cada vez más en clase con sus alumnos, sostiene la denuncia, dejando de darles de comer en la zona común, como hacían las demás educadoras, e incluso de salir al patio con los niños, siendo la única que pasaba ocho horas de la jornada escolar con ellos en el aula.
Algo nunca visto
La investigación comenzó en agosto, cuando dos educadoras denunciaron en una comisaría de la Policía Nacional de Torrejón de Ardoz, en Madrid, a Elena F. por tratar a los bebés con una violencia que, aseguraron, no habían visto en los años que llevaban trabajando como docentes. La denuncia también señala que, pese a las advertencias, la directora de Infantil y la coordinadora del primer ciclo de la etapa no tomaron medidas internas, ni hasta donde sabían, lo pusieron en conocimiento de las autoridades porque nadie las había llamado a declarar.
La principal denunciada había trabajado previamente como responsable de una escuela infantil en Pioz (Guadalajara), que cerró. Y se incorporó en septiembre de 2025 al Alborada, perteneciente a la Red Educativa Arenales, que tiene 43 centros. De ellos, 28 están en España y el resto repartidos en una decena de países, incluidos Estados Unidos, Chile, Alemania, Italia y Angola.
El primer centro de la red fue el de Alcalá de Henares que, según la información disponible en su web, tiene 1.704 alumnos, 369 de ellos en Infantil. Aunque parte de sus trabajadoras suelen referirse a él como un colegio “del Opus”, el Alborada no pertenece a la institución fundada por José María Escrivá de Balaguer, aunque tiene vínculos con ella. El Plan de Convivencia del colegio del curso 2022-2023 indica, por ejemplo: “A petición del colegio Alborada, la prelatura del Opus Dei ayuda a dar continuidad a la identidad cristiana del colegio, presente en su fin fundacional, y nombra a los sacerdotes que desarrollan allí su trabajo a título personal, sin representar institucionalmente a la prelatura”. La página del colegio también contiene pasajes con enseñanzas de Escrivá de Balaguer, e incluye una noticia interna sobre la nutrida asistencia de familias del centro a una jornada religiosa celebrada en el Santuario de Torreciudad (Huesca), en septiembre de 2025, presidida, según destaca el artículo, por el “vicario del Opus Dei en España”.
Un juzgado de Torrejón de Ardoz abrió la causa a la vista de las evidencias reunidas por la policía que, además de las denuncias originales y los documentos aportados por las testigos, incluyen declaraciones de otros empleados del colegio, así como de padres de alumnos. El procedimiento se ha abierto con la calificación inicial de posibles delitos de torturas, contra la integridad moral y tratos degradantes y con las tres investigadas señaladas. Fuentes jurídicas señalan que a esta altura del procedimiento es pronto para saber qué responsabilidades específicas pueden atribuírsele eventualmente a cada una. Las de Elena F. serían, en su caso, las de autora, mientras que las directivas podrían ser consideradas cómplices, cooperadoras necesarias, encubridoras… También cabe, lógicamente, que terminen siendo absueltas. Después de dar esos primeros pasos, la instructora de Torrejón se ha inhibido en favor de los juzgados de Alcalá de Henares, donde supuestamente se cometieron los hechos, para que acaben de investigarlos.