El proyecto Data Center Zamora demandará, además, 2,46 veces más gas natural que toda la provincia
Las cifras son mastodónticas. Las comparaciones, preocupantes. Las repuestas, hasta el momento, pocas. La Junta de Castilla y León publicó (en el Boletín Oficial de Castilla y León del pasado 16 de septiembre) el inicio del procedimiento de aprobación del centro de datos que se instalará en Monfarracinos (Zamora), que será declarado de utilidad pública e interés social.
Desde los primeros pasos de la tramitación, las dudas sobre esta infraestructura han opacado a las certezas, y beben, principalmente, de los enormes consumos que precisará para su funcionamiento. Esas grandes cantidades, además de la, a su entender, «poca transparencia» con la que se está desarrollando el proceso de autorización, han llevado al PSOE a registrar una batería de preguntas en las Cortes de Castilla y León y a Ecologistas Zamora a alertar sobre los posibles riesgos para la salud de las personas residentes en las poblaciones cercanas.
EL NORTE se ha puesto en contacto con la Junta de Castilla y León para tratar de dar luz a algunas de las cuestiones planteadas, pero no ha recibido respuesta.
Gas natural y electricidad
El ‘Data Center Hiperescalar IA Zamora’ (promovido por FRV-X Renewable SLU -grupo privado saudí Abdul Latif Jameel- y Edison Next Spain SLU -grupo público francés EDF-), contempla el levantamiento de cinco edificios de datos con una demanda máxima declarada de 300 MW, 24 motores de gas de combustible dual y 24 chimeneas de 30 metros de altura. El complejo incluye asimismo generadores diésel de emergencia, almacenamiento electroquímico de energía a gran escala, depósitos de combustibles, infraestructuras eléctricas de alta tensión y una instalación fotovoltaica asociada.
Según la información incluida en la Solicitud de Autorización Ambiental Integrada, tendrá un consumo de 141.529.596 m³ de gas natural. Para entender la magnitud: toda la provincia de Zamora –con datos del Boletín de Estadística Energética de Castilla y León– consumió en 2025 672.591 MWh (lo que equivale a 57.486.410 m³), es decir, el ‘data center’ demandará 2,46 veces más que todo el gas natural que precisó la provincia el año pasado.
Si el parangón se hace con el consumo de Castilla y León (1.532.396.581 m³), la conclusión es que la infraestructura que se levantará en Monfarracinos necesitará el 9,24% del gas natural gastado en la comunidad el año pasado.
Otra comparación interesante es la que tiene que ver con la energía eléctrica que demandará el centro de datos. Ésta ascenderá a 2.255 GWh al año, de la que el 70,56% saldrá de autoconsumo (generación fotovoltaica y baterías). El último año, el consumo eléctrico de Castilla y León fue de 12.168.992 MWh/año (12.168,99 GWh), ergo, precisará el 18,53% de la energía consumida a escala autonómica.
En contrapeso con Zamora, el gasto del centro de datos será 3,22 veces el de toda la provincia: 2.255 (centro de datos) Vs. 699,86 (Zamora).
307.175 toneladas de CO2 al año
La controversia acerca de los beneficios (o los perjuicios) de la instalación de este gran centro de datos ha llegado a las calles de Monfarracinos y de las localidades cercanas. En conversación con este medio, una de las vecinas contrarias (el alcalde no ha respondido a las preguntas de EL NORTE) reconoce que hay diversidad de opiniones dentro del pueblo. Los que mantienen una postura crítica, asegura, están muy preocupados y han pedido una reunión con el Ayuntamiento, pero no han recibido respuesta.
Afirma que su intención es informar a todo el mundo de las consecuencias de esta infraestructura, algo que han hecho con mensajes de WhatsApp y con carteles: «Los pegamos el lunes por la mañana y por la tarde ya no estaban, alguien los quitó», subraya. Para ella, «esta es una manera de desertizar el territorio. Además, aquí no tenemos agua, y el centro de datos precisará un consumo enorme».
La incertidumbre también viene por las posibles afecciones a la salud. Alertan de ello desde Ecologistas Zamora, organización en la que afirman que las 307.175 toneladas de emisiones anuales de CO2 anuales que se estiman en la Solicitud de Autorización Ambiental Integrada implican «un riesgo innegable sobre la salud de las poblaciones cercanas».
Las simulaciones técnicas de la propia empresa, agregan, «demuestran un régimen de marcha ininterrumpido (8.760 horas/año) donde la combustión de gas aportará de forma directa 664 GWh/año de electricidad al centro de datos. Debido a la magnitud del caudal de contaminantes emitidos a la atmósfera (NOx, CO y partículas), la empresa ha clasificado las 24 chimeneas de 30 metros de altura en el Grupo A del catálogo CAPCA, el nivel reservado por la legislación estatal a las actividades industriales con mayor potencial de contaminación atmosférica».
Reseñan también que «falta un análisis sobre los riesgos de accidentes graves bajo la Directiva Seveso III (RD 840/2015), al autorizar en una misma parcela la quema continuada de gas junto a un gasoducto de alta presión, almacenamiento de gasóleo, planta fotovoltaica y un sistema de baterías de litio de 4.817 MWh».
Empleo y retorno
También el PSOE ha entrado en contienda, registrando una batería de preguntas en el Parlamento autonómico para «conocer realmente el impacto que pueda tener el funcionamiento del complejo sobre los municipios próximos, especialmente en aspectos como la calidad del aire, las emisiones, el ruido, el descanso nocturno, el consumo y gestión del agua y la seguridad industrial».
También cuestionan sobre «qué empresas promueven o participan en cada una de las instalaciones que integran el proyecto, qué relación empresarial o contractual existe entre ellas y quién asumirá la responsabilidad efectiva de su construcción, explotación, cumplimiento ambiental y seguridad industrial».
Para Iñaki Gómez, procurador socialista, está claro que «Zamora necesita nuevas inversiones, industria, empleo y proyectos capaces de generar oportunidades, pero una iniciativa de estas dimensiones debe desarrollarse con transparencia, garantías y participación de los municipios y vecinos afectados».
El debate, añade, «no puede limitarse a la llegada de una gran instalación tecnológica, sino que debe analizarse qué retorno tendrá para Zamora». Por ello, exigen saber «qué empleo directo e indirecto se estima que generará y qué retorno económico tendrá para la provincia, además de qué medidas se adoptarán para garantizar que un proyecto de estas dimensiones genere también un retorno industrial, laboral y económico significativo».