Washington no oculta el objetivo detrás de la iniciativa: no solo abastecerse de litio, cobre, petróleo y gas argentinos, sino también «ampliar las oportunidades para sus empresas» y desplazar a las compañías chinas que operan en el país.
Los Gobiernos de Javier Milei y Donald Trump lanzaron este miércoles 23 de septiembre el «Corredor Andes-Atlántico», un acuerdo de infraestructura que busca conectar las zonas mineras del noroeste argentino y los yacimientos patagónicos de Vaca Muerta con los puertos del Atlántico.
El anuncio se realizó en un foro sobre cadenas de suministro, energía e infraestructura en el consulado argentino de Nueva York, en el marco de la participación de Milei en la Asamblea General de la ONU, y estuvo a cargo del canciller Pablo Quirno y el subsecretario de Estado norteamericano, Christopher Landau, quienes firmaron un memorando bautizado «U.S.-Argentina Build the Future Framework».
«Se abre así un nuevo canal clave gracias a la ambición de los instrumentos conjuntos: el Acuerdo de Comercio e Inversión Recíproca (ARTI) y en el Acuerdo Marco de Minerales Críticos, y Pax Silica, integrando a la Argentina a las cadenas de suministro de inteligencia artificial, semiconductores y minerales críticos«, señaló en redes sociales el canciller argentino.
El documento contempla herramientas de financiamiento estadounidense por hasta 7.000 millones de dólares para proyectos de energía, minería, transporte e infraestructura digital. Según el Departamento de Estado, la iniciativa «profundiza la integración económica» entre ambos países y constituye la primera asociación de un corredor global de infraestructura e inversión en el hemisferio occidental dentro de la Asociación para la Infraestructura e Inversión Global del G7, el mismo esquema que financia corredores en Lobito (África) y Luzón (Filipinas).
Washington no oculta el objetivo detrás de la iniciativa: no solo abastecerse de litio, cobre, petróleo y gas argentinos, sino también «ampliar las oportunidades para sus empresas» como proveedoras de tecnología, equipos y servicios en las obras, además de desplazar a las compañías chinas que operan en el país.
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El capítulo más concreto es el energético, con una propuesta de financiamiento del Export-Import Bank de Estados Unidos (EXIM) por hasta 6.000 millones de dólares para el proyecto de gas natural licuado Argentina LNG que lidera YPF junto a la italiana Eni y la emiratí XRG en Vaca Muerta, aún no aprobada por el directorio del organismo. El resto de las obras mencionadas —ductos, líneas de alta tensión, proyectos ferroviarios, puertos y fibra óptica— carece por ahora de financiamiento específico asignado.
«Pax Silica» o recursos al servicio de EE.UU.
El acuerdo se enmarca además en Pax Silica, una alianza estratégica impulsada por Washington a la que Argentina se incorporó meses atrás, orientada a ordenar una cadena global de valor en torno a la inteligencia artificial, los semiconductores, los minerales críticos, la energía y la infraestructura tecnológica.
Según explicó el propio Quirno, la adhesión busca reducir la dependencia de terceros países —en particular de China— en sectores considerados estratégicos para la próxima etapa de la economía digital, y ubica a la Argentina como proveedora de litio, cobre, uranio y potencial gasífero antes que como jugadora en los eslabones de mayor valor agregado de esa cadena.
Para sectores opositores, la entrada a Pax Silica agudiza el saqueo de los recursos naturales, transformando al país en una economía de enclave en función de intereses extranjeros.
El diputado nacional Juan Marino señaló que la iniciativa «es Estados Unidos subordinando a toda una serie de estados y gobiernos para que le garanticen a las empresas, a los monopolios tecnológicos estadounidenses, para que puedan seguir desarrollándose en la carrera en contra de China».
Voces críticas contra el «Corredor Andes-Atlántico»
La periodista argentina Alejandra Loucau cuestionó el alcance del acuerdo firmado este miércoles: «La Cancillería argentina está lanzando el Corredor Andes-Atlántico: un proyecto de infraestructura controlado por EEUU que pretende incluir desde el transporte hasta la explotación de recursos y puertos del país. EEUU planea invertir y que inviertan las empresas que a EEUU se le antoje«.
Y advirtió sobre sus consecuencias: «¿Qué significa? La exclusión de las inversiones chinas de una gran parte de nuestra economía». En el caso de los puertos, señaló, Washington «comenzaría a ejercer un control financiero, normativo, tecnológico y de exclusión estratégica», una lógica que —agregó— se replicaría sobre los recursos naturales mencionados en el entendimiento, como los minerales críticos y Vaca Muerta.
En el mismo sentido se pronunció el exdiputado y exsecretario de Malvinas, Guillermo Carmona: «Mientras distrae con sobreactuaciones «soberanistas» por Malvinas, Milei entrega los activos estratégicos del resto de la Argentina: los sectores Transporte, Energía, Minería y Digital son puestos en manos de EEUU bajo el Corredor Andes-Atlántico«. El exfuncionario afirmó que se trata de la «versión del siglo XXI» de los ferrocarriles británicos, un modelo colonial que conectaba los centros de producción primaria con los puertos, para facilitar la exportación hacia Gran Bretaña.
Por su parte, la diputada nacional Myriam Bregman señaló: «¿Qué les exige Estados Unidos? Que primero se apruebe una ley que dictamine que estas obras constituyen “infraestructura crítica” y que deben ser protegidas por las Fuerzas Armadas«. Al mismo tiempo, enfatizó que «no estamos ante un «logro» de la gestión Milei, es una decisión geopolítica de Estados Unidos«.
El horizonte fijado por el propio acuerdo, 2027 para el grueso de las obras, coincide con el año en que vence el mandato de Milei y en el que buscará la reelección.
RIGI y Súper RIGI: el marco fiscal que sostiene al Corredor
El Corredor Andes-Atlántico se monta sobre la arquitectura de beneficios que el Gobierno de Javier Milei viene ofreciendo a grandes capitales desde 2024, cuando la Ley Bases creó el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), con ventajas tributarias, aduaneras y cambiarias para proyectos en minería, energía, petróleo y gas, entre otros sectores. Ese esquema fue ampliado este año con el llamado «Súper RIGI», orientado especialmente a minería, procesamiento de recursos críticos y data centers vinculados a inteligencia artificial.
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Sobre este régimen, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) advirtió que el Súper RIGI «propone garantizar por hasta cuarenta años el acceso privilegiado a recursos críticos por parte de grandes corporaciones tecnológicas, sin exigir compromisos equivalentes en materia de transferencia tecnológica, proveedores nacionales, empleo o agregado de valor», y remarcó que tampoco incorpora estándares ambientales acordes al elevado consumo de agua y energía que demandan estos proyectos.
En la misma línea, el economista Pablo Ferrari cuestionó el impacto real del régimen para el país: «Puede traer muchos beneficios para estas grandes inversiones. No queda claro los beneficios que puede traer para Argentina», señaló, y advirtió que se trata de actividades «súper capital intensivas», con mínima generación de empleo. «Uno cede recursos, cede impuestos, ingresos para el Estado, para que pueda distribuir, a cambio de prácticamente nada, ni siquiera creación de puestos de trabajo», sostuvo.
Desde el Centro de Economía Política Argentina (CEPA) también se alertó sobre el costo fiscal de largo plazo, al señar que una vez que las inversiones entren en producción, la magnitud de los beneficios tributarios implicaría una renuncia recaudatoria significativa para el Estado.
El propio texto del Súper RIGI, con media sanción de Diputados y trabado por falta de firmas en el Senado, amplía la discrecionalidad del Poder Ejecutivo y profundiza el esquema de excepciones a favor de las grandes corporaciones inaugurado por el RIGI original.
Autor: teleSUR: JB
«Corredor Andes-Atlántico»: EE.UU. avanza sobre los recursos estratégicos de Argentina – teleSUR