El negocio, un chalet famoso en el municipio, lo regentaban cuatro hermanas que captaban chicas por anuncios y las hacinaban en un sótano
Las innumerables quejas de los vecinos por el constante trasiego de gente a horas intempestivas hacia ese chalet adosado de la urbanización Los Rosales de Móstoles no fueron suficientes para clausurar la que se anunciaba desde hace 12 años como La casa de la diversión o La mansión del placer. Detrás de esos nombres se ocultaba un boyante y perverso negocio de prostitución en esta ciudad del suroeste de Madrid de casi 215.000 habitantes, regentado por cuatro hermanas españolas, que explotaban a una veintena de mujeres latinoamericanas de entre 20 y 30 años, que renovaban cada 21 días y a las que mantenían hacinadas en el sótano de la vivienda. Tras nueve meses de investigación y de tomas de declaraciones a víctimas convertidas en testigos protegidos, la Policía Nacional ha conseguido desmantelar a la organización criminal, deteniendo a 16 personas, y clausurar por fin ese antro.
«Los proxenetas saben que la policía necesita una orden judicial para poder entrar en cualquier domicilio, por eso montan sus ilícitos negocios en pisos y casas y adoctrinan a las mujeres para que mantengan silencio en caso de que sean interrogadas», explica uno de los investigadores de la Brigada Provincial de Extranjería de Madrid que ha desarrollado la investigación y el operativo.
«Si eres seria, responsible, tienes ganas de trabajar, con buena presencia y saber estar, educada, limpia y tienes entre 18 y 40 años. Si quieres altos ingresos. Vente con nosotras a La casa de la diversión de Móstoles», se anunciaban. «No importa la experiencia. Clientela fija y selecta. Publicidad diaria. Oferta compatible con trabajo y estudios. Plaza de 21 días», remataba.
De esa manera contactaban con chicas, «iban rotando de 20 en 20, para ofrecer variedad a los clientes, la mayoría de origen latino», y las captaban para el negocio. Se aprovechaban de su vulnerabilidad económica y vital y les ofrecían alojamiento, hacinadas en un sótano «con cucarachas y donde debían de esconder drogas debajo de los colchones» —describen fuentes de la investigación—. Durante los 21 días que las mantenían semicautivas, podían llegar a hacer ocho servicios diarios, incluyendo desplazamientos a domicilios, que realizaban con tres hombres, parejas de tres de las madames, a su vez hijas de una mujer que había ejercido tradicionalmente la prostitución.
La red criminal desmantelada incluía testaferros y negocios, como peluquerías e inmuebles, que usaban para blanquear las grandes cantidades dinero que habían logrado atesorar a lo largo de los años y que les permitían vivir de manera «muy cómoda y holgada», apuntan fuentes del caso. «Cobraban tanto con tarjeta, como con bizum y en efectivo, unos 100 euros por servicio, de los que la víctima se quedaba el 50% y el resto para la casa», explican las mismas fuentes. Según los testimonios coincidentes de las testigos protegidas, tenían que estar disponibles 24 horas y también hacían «extras», como «mantener sexo entre ellas mientras la señora de la limpieza miraba», por los que llegaban a pagar los clientes 300 euros, que iban directamente para «la casa».
La investigación y posterior operación se inició el pasado mes de octubre, tras el parto de una de las jóvenes en un hospital, cuando dio positivo en drogas y explicó que “no solo la obligaban a mantener relaciones sexuales con los clientes, sino que también la incitaban al consumo de estupefacientes para hacerlo, así como a venderlos”.
En febrero, la policía realizó una entrada y registro en la vivienda, pero meses después volvía a funcionar. Los investigadores pusieron el foco en las víctimas tras recibir una segunda denuncia en comisaría coincidente con lo relatado por la mujer hospitalizada. Así, acumularon testimonios de distintas chicas que relataban de manera independiente pero unívoca lo que verdaderamente ocurría en esa vivienda, ahora clausurada. La red criminal estaba estructurada en varios niveles especializados entre las hermanas, los maridos, los testaferros y trabajadores, muchos de ellos vinculados a la misma familia.
Normas perversas
Además, el entramado imponía normas perversas: las mujeres debían pagar gastos, como 20 euros semanales por limpieza, y otros costes impuestos verbalmente. Una vez dentro, se les exigían prácticas sexuales adicionales y humillantes, mantener la luz encendida y consumir u ofrecer sustancias estupefacientes a los clientes para aumentar el beneficio económico.
Las cuatro presuntas cabecillas decidían qué mujeres trabajaban cada plaza, imponiendo condiciones coercitivas y engañando a las víctimas. Tenían una mano derecha y otras tres mujeres que ejercían la prostitución, que vigilaban el funcionamiento del lugar y suministraban sustancias a clientes y víctimas con adicciones, siempre con la aprobación de las líderes.
La organización incluía además a dos hombres encargados de la seguridad y la publicidad. A los 16 detenidos, que ya han pasado a disposición judicial, se los investiga por delitos de organización criminal, delitos relativos a la prostitución, salud pública y blanqueo de capitales. En el registro al chalé, en el que fue liberada una de las víctimas, los agentes intervinieron cuatro teléfonos móviles, más de 800 euros en efectivo y drogas como cocaína y cristal.