Un informe de la Oficina del Defensor Público de Israel advirtió sobre una violencia policial más severa, un hacinamiento severo en las prisiones y la implementación de más medidas previamente reservadas para lo que Israel define como ‘presos de seguridad’
Los presos en las cárceles israelíes sufrieron violencias y violaciones de derechos sin precedentes en medio de una crisis carcelaria cada vez más profunda en 2025, según un informe anual publicado el miércoles por la Oficina del Defensor Público de Israel.
Según el informe, en 2025 se presentaron 297 denuncias de violencia policial ante el departamento del Ministerio de Justicia para investigar a los agentes de policía, advirtiendo que la crisis alcanzó un «nuevo y alarmante pico», lo que llevó a una «violación sin precedentes de los derechos básicos de los presos bajo custodia estatal, sin una solución real a la vista.»
El informe ofrece varios ejemplos en los que las denuncias por violencia policial llevaron a la retirada de casos penales. En un incidente citado en el informe, las imágenes mostraban a un acusado siendo derribado mientras agentes de policía lo golpeaban y maldecía. Cuando quedó claro que la policía se había abstenido de transferir su denuncia al departamento como requerió, la Oficina del Defensor Público lo hizo y la fiscalía retiró la acusación.
En otro incidente reportado, un hombre fue detenido tras grabar a un agente de policía registrando su casa. En la comisaría, lo llevaron a una habitación lateral y le golpearon. Quedó sangrando y con moratones y necesitó atención médica. Un abogado de la Oficina del Defensor Público que llegó para proporcionarle asesoría notó su estado y presentó una apelación ante el tribunal solicitando su liberación inmediata. La policía aceptó la liberación y el tribunal ordenó que el asunto se trasladara al departamento para investigar a los agentes debido a la gravedad de la violencia.
El informe también aborda el empeoramiento de las condiciones de encarcelamiento para presos y detenidos. Según la Oficina del Defensor Público, a finales de 2025 había más de 23.000 personas en prisión o detención en Israel, superando con creces el estándar legal, que permite un máximo de 16.300 personas encarceladas.
El informe también señala que aproximadamente el 61 por ciento de los presos están retenidos en espacios habitacionales superpoblados que no cumplen con las disposiciones legales y una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de junio de 2017. Esa sentencia, que no se ha implementado hasta hoy, ordenó al Estado ampliar la superficie habitable de los presos de tres metros cuadrados (unos 32 pies cuadrados) a 4,5 metros cuadrados por persona en un plazo de 18 meses.
También se observa que aproximadamente 4.400 presos duermen en colchones en el suelo, sin camas. Los defensores públicos que visitaron centros de reclusos decenas de veces encontraron condiciones sanitarias deficientes, falta de equipo básico y graves daños a la salud física y mental de los presos.
El informe señala que «deben tomarse medidas inmediatas para reducir el número de personas encarceladas», como adoptar alternativas al encarcelamiento, promover sentencias comunitarias, reducir el uso de penas cortas, minimizar los arrestos innecesarios y aumentar las liberaciones anticipadas en casos apropiados. La Oficina del Defensor Público insta a la Knéset a impulsar legislación para fortalecer los derechos de los investigados y, en un principio, a consagrar el derecho a asistencia legal durante el interrogatorio de menores y personas con discapacidad.
Una de las razones del aumento en el número de personas encarceladas, según el informe, es una disminución significativa en los últimos años en la tasa de presos liberados en libertad condicional.
En 1990, el 63 por ciento de los presos cuyos casos fueron resueltos ese año por la junta de libertad condicional fueron puestos en libertad condicional. Pero en los últimos años, solo alrededor del 30 por ciento de las decisiones sobre solicitudes de liberación anticipada resultaron en libertad condicional. Un análisis de los datos muestra que, aunque la mayoría de las condenas en Israel son de hasta dos años, es precisamente en este grupo donde la tasa de aceptación de solicitudes de libertad condicional es la más baja.
El informe también advirtió sobre el uso creciente por parte de las autoridades policiales de medidas desarrolladas para la seguridad nacional en la aplicación de la ley tanto criminal como civil ordinaria. Esto incluye la implementación de herramientas más extremas reservadas para lo que Israel define como «prisioneros de seguridad» —que casi siempre son prisioneros palestinos de Cisjordania y Gaza sospechosos por Israel de crímenes nacionalistas— en otros procedimientos penales.
Además, el informe aborda la importancia de los procesos de tratamiento y rehabilitación. Según la Oficina del Defensor Público, solo el 40 por ciento de todos los presos participaron en estos procesos, a pesar de que afectan enormemente las posibilidades de obtener la libertad condicional y reducen la reincidencia. Aproximadamente el 75 por ciento de los presos que recibieron tratamiento y procesos de rehabilitación en prisión fueron puestos en libertad condicional.
La Oficina del Defensor Público también pidió promover actividades para agilizar el proceso penal y reducir la carga sobre el sistema judicial, al tiempo que se salvaguardan los derechos de sospechosos y acusados.
En este contexto, el ministro de Justicia Yariv Levin amplió el martes el mandato de la Defensora Pública Nacional Anat Meisad Knaan por otros cinco años. Ha desempeñado este cargo durante los últimos cinco años.