El exministro de Transportes José Luis Ábalos seguirá en la cárcel. El Tribunal Supremo le ha impuesto una condena de 24 años de prisión por haberse corrompido durante su época como miembro del primer gobierno de Pedro Sánchez, por lo que le hace penalmente responsable de los delitos de organización criminal, cohechos, malversación y tráfico de influencias. La sentencia especifica que de esa pena serán de cumplimiento efectivo 16 años. Esta sentencia ya es firme, y por tanto no recurrible, quedando al exsocialista la única baza de acudir al Tribunal Constitucional por vulneración de algún derecho.
El tribunal, que ha dictado la sentencia por unanimidad, confirma íntegramente la petición de pena de la Fiscalía Anticorrupción. El Supremo también ha condenado a su exasesor, Koldo García, a 19 años de cárcel, por los mismos delitos que a Ábalos.
Ambos ya se encontraban en prisión preventiva desde noviembre. Precisamente, el juez que instruyó la causa, Leopoldo Puente, consideró que existía un elevado riesgo de fuga por las altas posibilidades de que fueran condenados, dados los indicios que pesaban contra ellos.
Una de las pruebas más sólidas fue el reconocimiento de haber pagado mordidas a cambio de contratos del empresario Víctor de Aldama. En su caso, el Supremo le ha impuesto una pena de cuatro años y medio. Hasta la fiscalía apoyó que se le rebajara la pena para evitar ingresar en la cárcel al aplicarle una atenuante muy cualificada por el reconocimiento de los hechos.
A pesar de la pena, el tribunal ha acordado su suspensión bajo la condición de no delinquir, presentar un informe semestral de actividades y hacer un año de trabajos en beneficio de la comunidad.
La sentencia concluye que los tres acusados formaron una organización criminal con reparto de funciones que cometió graves delitos de corrupción. Considera probados los delitos en la adjudicación del suministro de trece millones de mascarillas a Puertos del Estado y Adif a una empresa vinculada a Aldama y la remuneración mensual de 10.000 euros para ‘gastos fijos’ de Ábalos.
También da por probada la contratación de dos conocidas del exministro en empresas públicas, el pago del piso a una de ellas, Jéssica Rodríguez, el contrato de arrendamiento con opción a compra entre Aldama y Ábalos de un piso en Madrid, y el arrendamiento de viviendas en Marbella y La Línea de la Concepción, también con opción de compra, por gestiones relacionadas con la emisión de una nota de prensa sobre rescate de Air Europa y para la concesión de una licencia de hidrocarburos.
Asimismo, destaca el grave deterioro de la confianza ciudadana en el sistema político que provoca la corrupción, que socava la arquitectura democrática del Estado.
El juicio finalizó el pasado 6 de mayo tras un mes de sesiones. Ábalos y García negaron en todo momento que hubiesen cobrado comisiones a cambio de facilitar contratos a Aldama. Este, sin embargo, reconoció que les pagaban 10.000 euros al mes para sus gastos, que pagó durante dos años el piso a la amante de Ábalos, Jéssica Rodríguez, y una casa en Cádiz.
El Supremo condena al exministro Ábalos a 24 años de cárcel por corrupción