El trabajo de Juan Carlos Rois en Tortuga analiza el gasto militar español de 2025 y sostiene que las cifras oficiales muestran solo una parte del dinero realmente destinado al ámbito militar. Según su investigación, el gasto militar efectivo habría superado los 66.000 millones de euros, muy por encima de lo que aparece en el presupuesto del Ministerio de Defensa o de lo que contabilizan organismos internacionales como el SIPRI.
El informe explica que una gran parte del gasto militar está dispersa y “oculta” en diferentes partidas del Estado: ministerios distintos al de Defensa, programas especiales de armamento, investigación tecnológica, organismos militares, industria armamentística, deuda pública asociada a defensa, operaciones exteriores, Guardia Civil, OTAN, pensiones militares y financiación de créditos extraordinarios. Por eso, Rois afirma que limitarse al presupuesto oficial de Defensa ofrece una imagen distorsionada del verdadero esfuerzo militar del Estado.
Uno de los ejes centrales del trabajo es precisamente cuestionar los criterios de contabilización del SIPRI y de los gobiernos europeos. El autor sostiene que estos organismos utilizan metodologías restrictivas que dejan fuera numerosos gastos vinculados directamente a la estructura militar y de seguridad. En consecuencia, España aparecería públicamente como un país que gasta menos en defensa de lo que realmente destina.
El estudio también muestra cómo el gasto militar ha aumentado de forma sostenida durante los últimos años y cómo se acelera especialmente a partir de los compromisos adquiridos con la OTAN y del nuevo contexto geopolítico internacional. Según el análisis, no se trata solo de un aumento coyuntural, sino de una tendencia estructural hacia el rearme y la consolidación de un modelo económico cada vez más vinculado a la industria militar y a la seguridad.
Otro aspecto importante del trabajo es el análisis de la llamada “militarización social”. Rois plantea que el militarismo no se limita al ejército, sino que atraviesa múltiples dimensiones de la vida política y económica: la investigación universitaria financiada por defensa, la colaboración público-privada con empresas armamentísticas, el discurso del miedo y de la seguridad permanente, y el aumento de tecnologías de vigilancia y control social.
El informe insiste además en el coste social de estas políticas. El autor compara el volumen de recursos destinados al ámbito militar con las necesidades existentes en sanidad, educación, vivienda, cuidados, dependencia o transición ecológica. Desde esta perspectiva, el gasto militar no sería solo una cuestión presupuestaria, sino una decisión política sobre qué prioridades sociales se financian y cuáles quedan relegadas.
El trabajo está acompañado por numerosos gráficos, tablas y comparaciones históricas que permiten visualizar cómo se distribuye el gasto y cómo evoluciona año tras año. También detalla las partidas concretas que habitualmente quedan fuera del debate público cuando se habla del presupuesto militar español.
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