Se trata de una operación ordenada por Pedraz que investiga cómo el partido pagó con facturas falsas las maniobras para desacreditar las investigaciones que le salpican. Los agentes también registran las viviendas y despachos de Cerdán, Zarrías y Dolset
Menos de 48 horas después de que la revelación al completo del sumario del ‘caso Plus Ultra’ que ha ahondado la conmoción en el PSOE por la imputación del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, el partido que gobierna el país con Pedro Sánchez al frente sufrió este miércoles la sacudida de un nuevo escándalo. Una nueva investigación judicial que imprime un salto de envergadura, por su gravedad y extensión, a lo que hasta ahora era el encausamiento de la llamada ‘fontanera’ de Ferraz, Leire Díaz, por tejer una supuesta red con colaboradores de distintos pelaje para tratar de boicotear las pesquisas que acorralan al actual jefe del Ejecutivo y a los socialistas. Tras un «requerimiento de información» por el que la Guardia Civil estuvo 12 horas en Ferraz para llevarse material sensible, el PSOE se enfrenta, según los autos dictados por el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, a una ‘trama de cloacas’ dirigida por Santos Cerdán, su exdirigente ya perseguido por la justicia por corrupción, coordinada por Díez y con la gerente, Ana María Fuentes Pacheco, imputada.
Fue otro día muy largo para la formación política que lidera Sánchez. Pasadas las ocho de la mañana la Unidad Central Operativa (UCO) se personó en el cuartel general del PSOE en Madrid para reclamar información -con las trazas de un registro- sobre la supuesta financiación irregular de las citadas ‘cloacas’ socialistas a través de un entramado de facturas falsas radicado en esas mismas oficinas. O dicho de otra forma: los agentes rastreaban pruebas de la maquinaria para dotar de fondos a los ‘peones’ del partido que trataban de desacreditar investigaciones policiales incómodas para la organización socialista. En el marco de esta pieza secreta del ‘caso SEPI’, Pedraz ha imputado a la gerente Fuentes, a la que sitúa como pieza central de esta maniobra para encubrir pagos con «facturas mendaces». Según informaron fuentes de la investigación y confirmó el posterior auto judicial, ese operativo de flujo irregular de fondos del PSOE al grupo habría sido puesto en marcha en la primavera de 2024, después de que en abril de ese año Sánchez se retirara cinco días para reflexionar sobre su futuro tras la imputación de su mujer, Begoña Gómez, por parte del juez Juan Carlos Peinado.
De acuerdo con la documentación ya en poder de la UCO, fue Cerdán, el entonces secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán -hoy encausado en el tronco central del ‘caso Koldo’ en la Audiencia-, quien habría ordenado a la gerencia nacional crear un ‘entramado B’ para financiar la red de Díez, en la que también participaban el empresario Javier Pérez Dolset, imputado igualmente en el ‘caso fontanera’; Gaspar Zarrías, exvicepresidente de la Junta de Andalucía e implicado en su día en el ‘caso de los ERE’; y el abogado Ismael Oliver. A todos ellos les atribuye delitos de organización criminal, «plurales delitos» de cohecho, revelación de secretos, inducción al falso testimonio, acusación falsa, falsedad en documento mercantil, prevaricación, tráfico de influencias y delito contra las instituciones del Estado.
Los documentos y comunicaciones incautados por la Guardia Civil certifican que el PSOE recurrió a una trama de facturas «falsas» por «trabajos ficticios» sobre supuestas investigaciones, incluido el presunto libro que iba a publicar la ‘fontanera’ sobre las cloacas del Estado, para nutrir de fondos a esta red. El objetivo habría sido malograr investigaciones que ya por entonces sacudían al entorno del PSOE -las incoadas a la mujer y el hermano del presidente y el ‘caso Koldo-Ábalos’- y desprestigiar a miembros de la UCO y de la Fiscalía Anticorrupción. Pedraz también rastrea en un segundo nivel al abogado Jacobo Teijelo, actual letrado de Cerdán, y al capitán de la Guardia Civil Juan Sánchez Yepes (ya imputado en uno de los casos de hidrocarburos) por delitos parejos.
La presencia de Sánchez Yepes conecta con una de las vertientes más sensibles de la causa: la presunta obtención o utilización de información reservada para alimentar maniobras contra fiscales o mandos policiales o vinculados a procedimientos que afectaban al PSOE o al Gobierno. El magistrado considera además que de los hechos investigados aparece descrita la «indiciaria responsabilidad» de Ana María Fuentes al menos como «cómplice de los delitos investigados» y, en todo caso, como autora de un «posible delito de falsedad en documento mercantil por la emisión de facturas mendaces».
Exposición a elevadas penas
Los registros y requerimientos de información han sido ordenados en el marco de una pieza separada secreta vinculada al ‘caso SEPI’, en el que están imputados Díez -en su segunda causa además del caso de la ‘fontanera’-, el empresario guipuzcoano Antxon Alonso -amigo de Cerdán- y Vicente Fernández, expresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI). El magistrado considera que la actividad presuntamente delictiva investigada es grave tanto por las penas que pudieran imponerse «como por el elevado importe de las transacciones económicas» -cuantificadas en 178.000 euros- objeto de investigación». Precisamente por ese motivo, entiende proporcionados los requerimientos acordados, que no se limitan a Ferraz y alcanzan también a otros investigados, colaboradores, personas jurídicas, entidades públicas y privadas incluidas en los tres autos dictados en la pieza secreta.
Los documentos incautados por la Guardia Civil certifican que el PSOE recurrió a una trama de facturas «falsas» por «trabajos ficticios» para financiar a la trama
Se trata, por tanto, de una causa paralela a la investigación del juez de la Audiencia Ismael Moreno, que desde el otoño instruye una investigación secreta sobre las finanzas del PSOE derivada de los pagos a José Luis Ábalos y Koldo García. Y aunque también involucra a la SEPI, este operativo es igualmente independiente del caso que afecta a Zapatero, cuyo vértice es el rescate por la SEPI de Plus Ultra por 53 millones en marzo de 202.
Pagos
Además de entrar en Ferraz para las diligencias de investigación, los agentes se personaron en domicilios y despachos profesionales; entre otros, los del histórico dirigente andaluz Gaspar Zarrías -quien admitió ante un juez en otra causa paralela que pagó hasta 16.000 euros a Díez por sus trabajos-, el de Cerdán o el de Pérez Dolset.
La entrada a la sede del PSOE, coordinada por Anticorrupción, supone un salto cualitativo sobre una trama que la Guardia Civil denomina ‘Hirurok’ —«los tres» en euskera— y a la que atribuye maniobras para orientar contratos, ayudas y adjudicaciones públicas entre 2021 y 2023. Hasta ahora, los investigadores sostenían que el grupo se valió de su capacidad de influencia sobre cargos públicos y de su acceso a organismos estatales o empresas participadas para obtener decisiones favorables y convertirlas después en comisiones privadas. Ahora, sin embargo, la UCO investiga si existió un procedimiento para desviar fondos a la red de Díez mediante facturas falsas y al margen de los controles ordinarios.
La causa no se refiere a la investigación de Moreno sobre los pagos en metálico del PSOE, aunque el nuevo operativo también afecte a la sede federal socialista, sino a la presunta red de contratación pública articulada inicialmente en torno a Díez, Alonso y Fernández y a su posible derivada para financiar maniobras contra procedimientos judiciales. La UCO, hasta ahora, situaba en el centro de las pesquisas a entidades vinculadas o dependientes de la SEPI, como Sepides, Mercasa, Enusa o Cofivacasa, además de sociedades privadas que habrían participado en operaciones bajo sospecha.