Las instituciones españolas, que en su conjunto conforman el Régimen del 78 -incluyendo la Monarquía borbónica- y que teóricamente se encargan de gestionar todo lo que afecta a la sociedad en un sentido amplio, están realmente al servicio de la clase política y del gran capital, que se dan la mano de una forma vergonzante y corrupta.
La Transición política, que llevó consigo la Reforma del franquismo, puso a punto ese proceso. La “actividad política profesional” es hoy el bien más preciado para aquellos sectores de la sociedad que pretenden adquirir un estatus y nivel de vida que sería impensable a través de cualquier otra actividad laboral ordinaria. Cuando hablamos de la “clase política” no nos referimos únicamente a los que participan de la propia actividad institucional, sino también a todos aquellos que la amparan, entre los cuales destacan los medios de comunicación. Los grados de corrupción que se visualizan a ambos lados del espectro político, por decirlo de alguna manera, son una significativa pero pequeña muestra de cómo funciona en realidad el Régimen. Estos días se expresa con toda crudeza en los procesos judiciales que se llevan adelante en el Tribunal Supremo o en la Audiencia Nacional.
En el Estado español no hay democracia en su sentido estricto. Simplemente tenemos un Régimen que incluyó en los primeros años de la Transición algunas reformas, de las cuáles la más significativa fue precisamente abrir su gestión a sectores de la sociedad que hoy se encuadran bajo organizaciones políticas que supuestamente dicen defender los intereses de las clases populares. Eso, de forma general, es falso; solo se sirven a sí mismos y a sus amos del gran capital. Para ello hacen todo lo que haga falta, incluyendo disfrazarse de lo que toque para intentar obtener un apoyo social que cada vez se hace más menguante. Y no nos referimos a cada organización política en particular, sino al Sistema en general.
Los medios de comunicación han jugado un papel de idiotización de la sociedad en las últimas décadas que desgraciadamente ha dado sus frutos. No hay más que poner cualquier cadena de televisión para comprobarlo. Además de la publicidad como elemento principal de su programación, el resto de ésta es simplemente para imbéciles; es lo que realmente pretenden, que la sociedad sea intelectualmente cada vez más incompetente.
Lo último en donde la idiocia llega a extremos impresionantes es en el trato que se está dando al brote epidémico del hantavirus que afecta a los pasajeros de un crucero, y que según el Ejecutivo español atracará en Canarias. Las previsiones del “Gobierno más progresista de la historia” es que se coman en esta Comunidad Autónoma el marrón de atender el brote, de momento circunscrito a ese crucero, ya que, como en la pandemia de Covid-19, “el asunto no tiene ninguna importancia y es dificilísimo que haya contagios”. Ojalá sea así, aunque la literatura científica y los criterios epidemiológicos apuntan algo muy diferente. Parece ser que ya se ha identificado el virus como el “hantavirus de los Andes”, que tiene capacidad de transmitirse de persona a persona, y que han aparecido nuevos afectados por el brote. Lo normal y científicamente correcto sería que el crucero y sus pasajeros fueran sometidos a un proceso de cuarentena rigurosamente calculado y que nadie pudiera abandonar el barco en ese tiempo, además de realizarse estudios serológicos del grado de infectación entre los viajeros. El crucero es, por cierto, de superlujo, y sus pasajes están a precios inalcanzables para la mayoría de la población; varias decenas de miles de euros para embarcarse en esa aventura. Quizás sea precisamente eso lo que lleve a cometer “errores” tan graves y arriesgados para la población como los que parece que se van a producir, según el proyecto del Gobierno de Pedro Sánchez.
Como decíamos, la manipulación mediática e informativa en el Estado español alcanza cotas difícilmente imaginables hace un tiempo. Tales manipulaciones no ocurrían ni en la denominada segunda etapa del franquismo, a partir de 1960. Lo decimos desde unas posiciones claramente antifranquistas y antifascistas -nuestra historia es muy elocuente sobre ello-, porque la mentira sistemática no conduce nunca a la construcción de un proyecto de transformación social verdadero. Como decía el Che Guevara, y sigue siendo absolutamente cierto, “la verdad es siempre revolucionaria”.
Aunque pretenden ocultarlo, la sociedad española en su conjunto cada vez es más desigual y está más precarizada, pese a las informaciones que solo sirven para adular la posición del llamado “Gobierno de Progreso” y del Régimen del 78. Adjuntamos algunos datos sacados del riguroso IX Informe FOESSA de 2025, que señalan un significativo aumento de la precariedad laboral, la pobreza crónica y las desigualdades educativas y migratorias en el Estado español:
La exclusión severa en España ya ha atrapado a 4,3 millones de personas, un 52% por encima de 2007. El estudio revela que casi la mitad de la población ocupada (47,5%) se encuentra en situación de precariedad, y que uno de cada cinco habitantes (20,2%) vive por debajo del umbral de la pobreza. Los datos muestran además la persistencia de la desigualdad educativa y la vulnerabilidad de la población migrante, factores que condicionan el acceso al empleo y la integración social”.
La tasa de paro general es del 10,6%, pero asciende al 24,9% entre jóvenes menores de 25 años, y al 26,4% entre mujeres jóvenes.
El informe sitúa la tasa de riesgo de pobreza en el 20,2%, cuatro puntos por encima de la media europea (16,2%). La pobreza se concentra en familias con trabajo precario, hogares donde aumenta incluso en periodos de crecimiento económico. El acceso a la vivienda se ha convertido en una emergencia social: España cuenta con 3,8 millones de viviendas vacías, mientras los precios de alquiler y compra siguen en niveles récord. La exclusión residencial y la inestabilidad habitacional son hoy principales causas de vulnerabilidad social.
Las personas nacidas en el extranjero representan el 18,2% de la población residente en España, es decir, más de 8,8 millones de personas, y su número se ha multiplicado por cuatro desde el 2000. Los nacimientos de madre extranjera ya suponen el 30% del total.
El informe destaca su contribución decisiva al mercado laboral, especialmente en cuidados, agricultura y hostelería, pero también su mayor exposición a empleos precarios y discriminación estructural.
Un par de datos más, de mucha significación, y obtenidos de otros informes de la situación socioeconómica en el Estado español: la tasa de pobreza infantil supera el 34%, situándose como una de las más altas de la UE. Una de cada tres personas que vive de alquiler dedica más de la mitad de sus ingresos a pagar la renta.
La articulación del proyecto nacional español y de su entramado político y económico debe situarse en el siglo XIX. En esta época se consolidan los sectores privilegiados de la economía, sobre todo el financiero, aunque en una situación relativamente similar se puede situar al sector vinculado a los seguros y a las empresas relacionadas con la energía y las telecomunicaciones, también intensamente conectadas con el sector financiero.
Un ejemplo que puede parecer anecdótico, pero que no lo es, es el hecho de que las entidades financieras no tengan libro de reclamaciones. Al contrario que lo que sucede ante cualquier institución con actividad hacia el público, las reclamaciones contra estas empresas hay que hacerlas directamente al Banco de España, y éste se encarga de valorar si tienen sentido o no. Esta es una de las expresiones de los privilegios con que cuentan las entidades financieras en la actualidad en este país, y que abarcan todos los campos. Los beneficios combinados del Banco Santander, BBVA, CaixaBank, Sabadell, Unicaja y Bankinter (los seis principales) son de 10.815 millones de euros durante el primer trimestre del 2026; las principales aseguradoras, VidaCaixa y Mapfre, obtuvieron en el mismo período beneficios de 643 millones, mientras que Iberdrola, Repsol y Naturgy suman 3.324 millones. El año pasado las entidades financieras, aseguradoras y energéticas ya cosecharon unos beneficios récord (33.400; 7.316; y 12.405 millones de euros, respectivamente).
Se expresa en los indicadores de pobreza juvenil e infantil, en las dificultades cada vez mayores para acceder a la vivienda entre la clase trabajadora, en el deterioro de los sistemas sanitarios y educativos (y no solo en las Comunidades Autónomas que gestiona el PP, sino en el conjunto del Estado, con una gran responsabilidad del Gobierno central y sus ministerios). No es verdad que la sociedad española vaya “por el buen camino” en cuanto a justicia y equidad social. Por supuesto, en cuestión de derechos y libertades la cosa también ha empeorado significativamente. Ni tan siquiera en la cuestión de la violencia de género estamos mejor: los datos objetivos son significativamente más preocupantes que hace unos años, especialmente en cuanto a agresiones, y la percepción social sobre el problema y sobre las mujeres ha empeorado. Esto es fruto de una política profundamente hipócrita, que en la práctica abre la puerta a que ocurra lo contrario que se predica: ahí tenemos a Pedro Sánchez afirmando estar contra la guerra mientras regala miles de millones de euros al Gobierno de Zelensky para seguir financiándola, y que no hizo oposición alguna cuando la UE consideró a la Guardia Revolucionaria Iraní como una organización terrorista.
Necesitamos un cambio de verdad. Este pasa por la liquidación del Régimen del 78, de la Monarquía borbónica y por la instauración de un Régimen republicano. Ello es imprescindible para garantizar el futuro de nuestro Pueblo.
Por último, vamos a incorporar a este editorial una información que seguramente sea bastante desconocida. La composición del PIB tiene dos grandes apartados, el que se refiere a la masa salarial y el que depende de los beneficios de las empresas. En el Estado español, con ligeras variaciones de unos años a otros, hay aproximadamente una distribución pareja: el 50 % procede de los salarios y el otro 50% de los beneficios empresariales. Si esto fuera realmente cierto no sería una muy mala noticia, pero hay que considerar que desde el punto de vista contable, y tiene una grandísima importancia, en la masa salarial se incluye la llamada “cuña fiscal”. La cuña fiscal se refiere a todos los gastos asociados al pago de las nóminas, pero que no van directamente al trabajador/a: son, por tanto, los impuestos de toda naturaleza que paga el empresario en relación con los trabajadores que tiene, y que en el Estado español supone el 41,4%, solo por debajo de Bélgica, que tiene un 52,5%, Alemania un 49,3%, Francia un 47,2%, Austria (47,1%) e Italia (45,8%). Repetimos: la “cuña fiscal” es la diferencia entre los costes laborales para la empresa y el salario neto que recibe el trabajador/a. Obviamente, si retiramos la cuña fiscal de esa distribución del PIB, los beneficios del Capital pasan a ser muy mayoritarios.
Izquierda Castellana, a 6 de mayo de 2026