La actualidad política en el Estado español se centra estos días en la dimisión del Director Adjunto Operativo, José Ángel González (alias Jota), quien ocupaba la cúspide de la pirámide de la Policía Nacional, después de ser denunciado por una agresión sexual contra una subalterna del Cuerpo (cuya identidad, por cierto, ha sido revelada en los mismos chats policiales).
El personaje era bien conocido en Valladolid, donde demostró su aversión contra los movimientos sociales de la ciudad al frente de las UIP (antidisturbios) y como Comisario Provincial del CNP. En 2018 ascendió, de mano del infame Ministro del Interior, Marlaska, hasta el puesto de máximo jefe policial para “depurar el Cuerpo de la corrupción de la policía patriótica del PP”, cargo en el que se había mantenido hasta hace unos días gracias a su particular corruptela: la modificación subrepticia de la normativa interna para que conservase el puesto pese a haber cumplido la edad de jubilación. Se investiga ahora también a su círculo para conocer hasta qué punto se ocultó la agresión en el Ministerio y por parte de otros agentes; por lo pronto, un colaborador del DAO le ofreció dádivas a cambio de no interponer la denuncia. Mientras, proliferan entre los otros mandos policiales las manifestaciones de presunto estupor y sorpresa por el comportamiento de su ex-superior, que según algunas informaciones, era vox populi; la imagen corporativa -la del Cuerpo, la del Gobierno y la del Régimen- tiene que salir lo menos salpicada posible del último escándalo, por lo menos hasta que estalle el siguiente.
La violencia contra las mujeres, por cierto en notable aumento, es consecuencia de un modelo capitalista y patriarcal, pero su evolución está estrechamente ligada a la degradación y corrupción tan consustanciales a este Régimen. Hoy es el DAO de la Policía Nacional, pero no es una cuestión meramente particular. Tampoco es algo que afecte especialmente a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, o en concreto a la Policía Nacional (hace poco más de un par de meses, el jefe de antinarcóticos de Valladolid era detenido por quedarse parte de los alijos de droga decomisados). La corrosión es absolutamente generalizada, sistémica. Esta es la “nueva normalidad” de la que tanto hablaban, y que conlleva a su vez la progresiva descomposición moral de la sociedad en su conjunto.
Desde la Jefatura del Estado, ostentada por los corruptos borbones, hacia abajo y pasando por todas sus terminales, toda la institucionalidad del Régimen está podrida hasta el tuétano: en el Gobierno (incluyendo el entorno político y familiar del presidente) y en la oposición, tanto en el Estado como en las Autonomías; en el aparato de Justicia, del ex-fiscal General del Estado hasta la judicatura; en los Cuerpos de Seguridad del Estado y en el Ejército. No digamos ya en los medios de comunicación, en las empresas o en los sindicatos. Lo raro sería que de un lodazal semejante saliese un espécimen sano.
Simplemente urge liquidar al Régimen de la monarquía postfranquista. Acabar con él no será una tarea fácil, ni significará una solución mágica a la enorme cantidad de problemas sociales, económicos y políticos que se están acumulando, pero sin embargo es una condición sine qua non para cualquier transformación en positivo para nuestros Pueblos.
19 de febrero de 2026