La suspensión por parte del Gobierno de Pedro Sánchez del proyectado funeral de Estado presidido por la señora Letizia Ortiz y el señor Felipe de Borbón, Reyes de España por la gracia de Franco, es reflejo de la situación de extrema delicadeza social y política que está atravesando el Régimen. Si la memoria no nos falla, es la primera vez que ocurre algo semejante, aunque hay que recordar el episodio en el que, durante la manifestación del 12 de marzo de 2004 con motivo de los atentados del 11-M y que estaba presidida por los más altos dignatarios institucionales, incluyendo el por aquel entonces Príncipe Felipe, éstos tuvieron que salir por piernas ante la beligerancia de la «masa social» y el aviso de los responsables de las Fuerzas del Orden Público de que no podían garantizar su seguridad.
Según la versión del Gobierno, a la gran mayoría de las familias de las víctimas de la tragedia ferroviaria les resultaba imposible asistir en la fecha prevista, por lo que han decidido aplazarlo sine die. Pero esa versión no es creíble. Desde hace días, algunos familiares de las víctimas habían informado de que no solo no participarían en ese “montaje institucional”, sino que convocarían simultáneamente una manifestación de rechazo, introduciendo lemas como “No son accidentes, los han asesinado”. Esto es lo que realmente hay: estamos viviendo un auténtico punto de inflexión en la percepción social de la realidad. Ya ha ocurrido en otras ocasiones, pero en esta ocasión el sanchismo no ha podido construir un “relato virtual” para escaparse de sus responsabilidades, ni para ellos ni para el Régimen en su conjunto.
No parece difícil percibir que estamos en un final de ciclo. La cuestión principal no es quién va a ganar las sucesivas elecciones autonómicas a las que asistiremos en los próximos meses, así como las próximas generales, si se llegan a convocar y realizar, porque cada vez con mayor frecuencia el actual Gobierno prescinde del Parlamento para llevar adelante su política, demostrando en la práctica que el actual Parlamento es perfectamente prescindible. La victoria de la derecha del Régimen parece más que asegurada. Para nosotros/as eso no es un tema de especial preocupación. Nunca hemos creído, en el caso del Estado español, que los problemas esenciales que afectan a la sociedad puedan resolverse desde las instituciones. Si no hay una correlación de fuerzas en la calle, en los barrios, en las fábricas, en los centros de enseñanza, etc. favorable a los intereses de las clases populares, simplemente nada o muy poco hay que hacer en el plano puramente institucional. La experiencia avala tal cuestión, los pocos cambios positivos se han conseguido en base a la lucha popular.
Los sucesivos gobiernos del PSOE, empezando por los de Felipe González, vienen actuando con una misma política. Su objetivo principal era y es el de imposibilitar o dificultar al máximo la creación y crecimiento de opciones políticas y sociales que apuesten por la ruptura con el Régimen monárquico postfranquista. Esto les ha llevado a la compra de todo tipo de organizaciones populares para ponerlas a su servicio, algo que afecta desde las asociaciones de vecinos/as, con una gran combatividad e influencia en los años 70 e incluso en los 80 (actualmente son excepcionales las que se mantienen en esa línea), hasta los sindicatos, que están completamente entregados al “Gobierno Progresista” y, por tanto, al Régimen (aunque, como en el caso de las asociaciones, haya excepciones de gran importancia y esperemos que de gran recorrido para la recuperación del movimiento popular. Es el caso, por ejemplo, del sindicato de maquinistas que ha convocado la huelga general en el ferrocarril para el 9, 10 y 11 de febrero, esperemos que no decaiga; o el sindicato de ferroviarios, que se ha sumado a esa convocatoria, así como otros sindicatos de ámbito territorial o sectorial que mantienen en alto las banderas de la lucha y la defensa de los intereses de la clase trabajadora). Cabe insistir en ello: el intento de liquidación de todas las iniciativas dirigidas a reconstruir un auténtico plan de organización del movimiento popular es una seña de identidad de los Gobiernos del PSOE desde 1982. El PSOE, como la socialdemocracia alemana en la República de Weimar, tiene como propósito principal impedir que cualquier proyecto auténticamente transformador avance; y si tienen que recurrir al crimen, como sucedió con el asesinato de Rosa Luxemburgo (por citar un caso simbólico), lo harán.
Durante las legislaturas en que gobernó Mariano Rajoy y el PP hubo un movimiento popular en ascenso que era rigurosamente crítico no sólo con el propio Gobierno, sino con el Régimen del 78. Un sector importante de la sociedad asimiló las consignas que identificaban en lo fundamental al PP con el PSOE y describían al Régimen como el auténtico muro que contenía el avance de las luchas sociales y políticas. Los llamados “Gobiernos de Progreso”, iniciados en 2018 a través de la moción de censura defendida por Ábalos (Pedro Sánchez no fue capaz de hacerlo), fueron la vía para tratar de garantizar la paz social, y especialmente la paz política, en el Estado español. Esto es un objetivo de primerísima importancia para la oligarquía española y para el bloque dominante de la Unión Europea. En este sentido, no son de extrañar los intensísimos y continuados apoyos que recibieron Pedro Sánchez y su equipo para mantenerse en el Gobierno. Pero todo tiene su fin, y los indicios actuales de ello son ya muy visibles.
La crisis ferroviaria pone en evidencia la realidad de los servicios y de las estructuras del Estado español, chocando con todo el relato fantástico que han estado intentando vender durante las últimas décadas, tanto este “Gobierno de Progreso” como los anteriores del PP y del PSOE. La situación real en el Estado español y la que se desprende de esos discursos triunfalistas del Régimen nada tienen que ver.
Si esta descripción parcial que acabamos de hacer refleja lo que ocurre en el Estado español, a nivel internacional las cosas son también francamente preocupantes, a la par que llenas de oportunidades, aunque pueda sonar extraño.
En los EEUU no nos enfrentamos a un simple cambio de Gobierno con una versión más dura del imperialismo yanqui. Nos enfrentamos a un proyecto bien elaborado, bien diseñado y llevado a la práctica con bastante inteligencia -y aún mayor maldad- para impulsar un IV Reich encabezado por la Administración de Trump con la estrechísima colaboración del sionismo (aparte de otros apoyos significativos, aunque inicialmente pudieran parecer poco relevantes, como el del Gobierno igualmente nazi-sionista de Milei en Argentina). Europa simplemente ha desaparecido del mapa político, y no va a reaparecer, que nadie se haga falsas ilusiones. Con más entusiasmo o con más resignación, Europa será un elemento de apoyo a la construcción de ese IV Reich; y tal como ocurrió durante la construcción del III, no tendrá una capacidad de resistencia medianamente significativa porque le falta voluntad, empezando por el caso de Francia. En cuanto a Canadá, cuyo Primer Ministro Mark Carney generó un gran entusiasmo por el discurso realizado en Davos, ya ha aclarado que no va a negociar nada con China por no ofender al verdadero amo. Los EEUU se harán de una u otra manera con Canadá, al menos con una parte de ese país federal, cuyo jefe de Estado sigue siendo por cierto el Rey de Inglaterra.
Entre las tácticas a las que recurre el nazi-sionismo en la actualidad, hay dos que son reseñables: la claridad de sus posiciones, de sus enunciados, a la que hasta ahora no nos tenían acostumbrados, porque mentían en todas y cada una de las cosas que comunicaban a la opinión pública (en el Estado español siguen anclados en esa vieja escuela); y junto al enunciado de sus propósitos con bastante nitidez, practican la metodología de generar una auténtica confusión sobre cuáles son los procesos para llevarlos adelante. Esta cuestión la estamos viendo en el caso de Venezuela y mucho más, si cabe, en el de Irán. Parece bastante obvio que habrá una nueva intervención nazi-sionista sobre el país persa, pero están mareando la perdiz porque saben que la incertidumbre es la peor de las situaciones con las que un pueblo en lucha tiene que confrontar. La dirigencia de la República Islámica tiene larga experiencia y parece que no se va a debilitar por ello. Por otro lado, las evidencias de que están preparando esa intervención son más que notorias. Seguramente se hará de nuevo por mar y aire, sin que parezca que vayan a atreverse a hacer una invasión militar terrestre, que les tendría mucho mayor coste, del mismo modo que tampoco se han atrevido en Venezuela.
La cuestión fundamental para el movimiento popular en Castilla no debería ser la preocupación por la caída de este Gobierno y su sustitución por uno conformado por el PP, o por el PP y Vox. La cuestión principal, a la que le llevamos dedicando todas nuestras energías desde hace años, es que se produzca un ascenso en la organización y la capacidad de movilización de las clases populares. La coyuntura lo hace factible, pero es algo que no va a llover del cielo; hay que trabajarlo con inteligencia y convencimiento, no hay otra alternativa. La lucha por la ruptura democrática, que al fin y al cabo es de lo que se trata, porque acabar con el Régimen monárquico y corrupto de los Borbones es el único camino para construir una alternativa favorable a los pueblos del Estado español, ha perdido en los últimos tiempos ciertos apoyos. Algunos de los movimientos que se situaban en el frente del rupturismo hasta hace tan solo una década han sido sensibles a los cantos de sirena del Régimen y han abandonado, al menos orgánicamente, esas posiciones. Es el caso de la izquierda abertzale, aunque estamos convencidos/as de que una gran parte de su base social sigue en esa posición.
No será tarea fácil, requerirá tiempo, entrega e inteligencia política, pero avanzaremos firmes en esa dirección hasta conseguir la victoria. Los tiempos lo permiten y lo exigen.
Izquierda Castellana, 27 de enero de 2026