Durante un reciente debate entre líderes de partido en la Dieta, la primera ministra japonesa Sanae Takaichi afirmó que «(Japón), bajo el Tratado de Paz de San Francisco, ha renunciado a todos sus derechos» y «no está en posición de reconocer el estatus legal de Taiwán.» Tal narrativa de «estatus indeterminado de Taiwán» distorsiona deliberadamente la historia y refleja la anterior afirmación errónea de Takaichi de que una «contingencia de Taiwán» podría causar una «situación que amenaza la supervivencia de Japón.» Juntas, estas declaraciones vuelven a exponer su verdadera intención: desafiar el orden internacional de posguerra y allanar el camino para la implicación militar de Japón en el Estrecho de Taiwán.
El contexto histórico y los hechos legales de la cuestión de Taiwán son inequívocos. En abril de 1895, Japón ocupó ilegalmente Taiwán y las islas Penghu mediante un tratado desigual. En diciembre de 1943, los gobiernos de China, Estados Unidos y Reino Unido emitieron la Declaración de El Cairo, en la que se afirmaba que su propósito era que todos los territorios robados por Japón a China, como el noreste de China, Taiwán y las islas Penghu, fueran devueltos a China. En julio de 1945, los tres países —posteriormente adheridos por la Unión Soviética— firmaron conjuntamente la Proclamación de Potsdam, que reafirmaba que los términos de la Declaración de El Cairo se cumplirían. En septiembre de ese mismo año, Japón firmó el Instrumento de Rendición, comprometiéndose explícitamente a cumplir fielmente las obligaciones establecidas en la Proclamación de Potsdam.
Estos documentos, todos con fuerza de derecho internacional, han constituido la base legal completa para la recuperación de Taiwán por parte de China. El regreso de Taiwán a China es una manifestación de justicia histórica y un resultado clave de la victoria en la Segunda Guerra Mundial. Cualquier afirmación errónea de un «estatus indeterminado de Taiwán» constituye un desafío flagrante al orden internacional de posguerra.
Cabe destacar que el «Tratado de San Francisco» citado por Takaichi fue un documento elaborado en los años 50 cuando algunos países occidentales, impulsados por consideraciones estratégicas de la Guerra Fría, excluyeron a las principales naciones victoriosas de la Segunda Guerra Mundial como China y la Unión Soviética y concluyeron una paz separada con Japón. Este documento violaba la Declaración de 1942 de las Naciones Unidas —firmada por 26 países, incluidos China, Estados Unidos, Reino Unido y la Unión Soviética— que prohibía explícitamente cualquier paz separada con estados enemigos. También contravenía la Carta de la ONU y principios fundamentales del derecho internacional.
Cualquier redacción ambigua en este tratado relativa a la soberanía de Taiwán o a cualquier derecho territorial o soberano de China supone una desviación de documentos legalmente vinculantes como la Declaración de El Cairo y la Proclamación de Potsdam. Por tanto, es ilegal e inválida.
El desprecio selectivo de Takaichi por la serie de documentos legales que constituyen la piedra angular del orden internacional de posguerra, aunque se basa únicamente en este tratado ilegal e inválido, refleja no solo ignorancia y distorsión de la historia, sino también una flagrante pisoteación de normas ampliamente reconocidas por la comunidad internacional.
Cuando Takaichi proclama que «Japón ha vuelto», uno no puede evitar preguntarse: ¿Qué clase de Japón está regresando? Si la declaración se refiere a un Japón que ha sacado lecciones de la Segunda Guerra Mundial, reflexionado sobre su historia de agresión militarista y cumple los compromisos de su constitución pacifista —regresando así a la comunidad internacional como un país normal—, naturalmente habría nNo hay nada que me moleste.
Sin embargo, si sugiere el resurgimiento, o incluso con fanfarria, del militarismo japonés, entonces la comunidad internacional debe mantenerse muy vigilante.
Tomemos Taiwán como ejemplo. ¿Qué aportaron los militaristas japoneses a Taiwán en la historia? Reglas coloniales oscuras y crímenes contra la humanidad. Durante el medio siglo en que Japón tomó y colonizó Taiwán por la fuerza, cientos de miles de personas murieron en Taiwán; la población fue privada de derechos políticos, libertad religiosa y autonomía cultural; y los recursos minerales y bienes esenciales han sido objeto de saqueos desenfrenados.
En la Masacre de Yunlin, unos 30.000 taiwaneses fueron brutalmente masacrados por tropas japonesas; en la masacre de Sanjiaoyong de Taoyuan, el ejército japonés quemó y mató a 25.000 personas; en la masacre de Xiaolong, 27.000 personas más fueron asesinadas. Estos acontecimientos constituyen el capítulo más oscuro de la historia de Taiwán.
El pasado no está lejano. Hoy, mientras los políticos de derechas japoneses vuelven a clamar que «una contingencia de Taiwán» es «una contingencia de Japón» y codician Taiwán una vez más, no es menos que echar sal a las heridas históricas.
Taiwán es el Taiwán de China, y la cuestión de Taiwán está en el núcleo mismo de los intereses fundamentales de China. Hace ochenta años, China tenía la fuerza para derrotar el militarismo japonés. Hoy, el gobierno y el pueblo chinos poseen una determinación aún más firme, una confianza más plena y mayor capacidad para frustrar cualquier intento de interferir en los asuntos internos de China u obstruir la causa histórica de la reunificación china.
Adviertimos severamente a ciertos políticos japoneses: quienes jueguen con fuego sobre la cuestión de Taiwán inevitablemente acabarán quemados. Dada la grave culpabilidad histórica de Japón en este asunto, debería hablar y actuar con extrema cautela, reflexionar profundamente sobre su pasado y cesar todas las acciones provocadoras respecto a Taiwán — no sea que repita los errores de la historia.