Esta temporada de cosecha de olivos no fue un momento de alegría o de celebración de la cosecha como acostumbran los palestinos; el campo palestino se convirtió en un escenario de conflicto diario, impregnado del olor a gas lacrimógeno y del sonido de disparos, junto con los gritos de los agricultores que son expulsados de sus tierras como resultado de los ataques de las bandas de colonos bajo la protección del ejército israelí.
Los eventos ocurridos en las aldeas palestinas en las últimas semanas indican una escalada sin precedentes en los ataques de los colonos; las violaciones ya no son incidentes aislados o esporádicos, sino una política de campo sistemática destinada a controlar las tierras agrícolas palestinas y desplazar a sus propietarios.
Mientras los agricultores se preparaban para cosechar los frutos de su trabajo anual, se encontraron enfrentando un ataque no solo contra la tierra, sino también contra su existencia y su identidad, haciendo de esta temporada de olivos una prueba evidente de la resistencia palestina y de su derecho a permanecer en su tierra, en un contexto de continuo incumplimiento de las leyes humanitarias e internacionales.
Características de los ataques durante octubre de 2025
Desde principios de octubre hasta principios de noviembre de 2025, la organización Al-Baidar para la defensa de los derechos de los beduinos y las aldeas afectadas documentó 390 agresiones contra palestinos en Cisjordania, de las cuales 224 afectaron directamente a los agricultores palestinos durante la temporada de cosecha de olivos. Esto representa un aumento alarmante en la magnitud y el alcance de las violaciones israelíes contra los agricultores palestinos en diversas provincias de Cisjordania, especialmente en Jerusalén, Salfit, Hebrón, Nablus, Ramala, Belén y Qalqilia.
Los datos de campo muestran que estos ataques se acompañaron de una política sistemática destinada a socavar la temporada de la cosecha de olivos y transformar una ocasión nacional y tradicional en un escenario de confrontación diaria, mediante múltiples mecanismos que van desde la represión directa hasta la violencia organizada de los colonos.
Los equipos de monitoreo de la organización registraron 26 casos en los que se impidió a los agricultores acceder a sus tierras, después de que los colonos, bajo la protección del ejército de ocupación, bloquearan los caminos agrícolas y levantaran barreras de tierra para impedir la recolección de los olivos.
Asimismo, la organización documentó 82 incidentes de agresiones físicas y disparos en vivo contra ciudadanos en varios lugares mientras intentaban recoger su cosecha, lo que resultó en lesiones entre los agricultores y los voluntarios de apoyo. Los ataques no se limitaron a la violencia física, sino que incluyeron hostigamientos y amenazas verbales repetidas por parte de los colonos, en un intento de aterrorizar a la población y disuadirla de entrar en sus tierras.
En otra manifestación de fuerza, grupos de colonos armados se concentraron en las áreas de cultivo, especialmente alrededor de los asentamientos cercanos a Nablus y Ramala, dirigiendo amenazas directas a los habitantes y advirtiéndoles sobre las consecuencias de continuar la cosecha de olivos. Estas amenazas se acompañaron de 17 casos de expulsión de agricultores de sus tierras y 32 operaciones sistemáticas de robo de cosechas después de impedir el acceso a sus propietarios, reflejando una clara complicidad entre los colonos y las fuerzas de ocupación.
Los equipos de medios y derechos humanos tampoco estuvieron exentos de la violencia; se registraron agresiones repetidas contra periodistas y voluntarios extranjeros, incluyendo el ataque a la periodista Ranin Sawafteh y sus colegas mientras cubrían la temporada de olivos en la localidad de Beita, al sur de Nablus, así como ataques a otros voluntarios internacionales en el mismo sitio y en otros lugares de Cisjordania. La organización también documentó incursiones a gran escala de colonos en varias áreas de Cisjordania, como Beita, Burin, Raba, Ein Diuk, Sa’ir, Khirbet Abu Falah, Turmus’ayya, Beit Dajan y Tal Ma’in, que resultaron en heridas entre agricultores, periodistas y socorristas, todo bajo la completa protección del ejército israelí, que solo se limitó a observar la escena sin intervenir.
Además, la organización registró 36 casos de tala masiva de olivos, que afectaron a más de 1.710 árboles en varias aldeas, especialmente en la zona de Marj Si’a, entre las aldeas de Al-Mughayer y Abu Falah, al este de Ramala, donde los colonos destruyeron los cultivos con el objetivo de expandir los asentamientos cercanos.
En un informe exhaustivo, la organización Al-Baidar señaló que las aldeas situadas en la zona oriental del gobernadorato de Ramala, como Al-Mughayer, Turmus’ayya, Kafr Malik, Deir Jarir, Silwad, Ein Yabrud y Taybeh, experimentan agresiones casi diarias que incluyen robo de cosechas, quema de árboles y ataques contra los habitantes, en un contexto de complicidad explícita y protección constante por parte de las fuerzas de ocupación. Estas aldeas representan un microcosmos de la política de asentamientos expansivos destinada a controlar las tierras agrícolas y vaciarlas de su población original.
Indicadores de campo y dimensiones humanitarias
Los informes de la organización Al-Baidar y los datos de la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU (OCHA) muestran que octubre de 2025 registró la tasa más alta de agresiones de colonos israelíes desde que se inició la documentación en 2006, con un promedio de ocho ataques diarios en diversas áreas de Cisjordania. Este notable aumento en el volumen y alcance de los ataques no puede explicarse como actos individuales o incidentes fortuitos, sino que refleja una política de campo deliberadamente planificada destinada a remodelar la geografía agrícola palestina al servicio del proyecto de asentamientos.
El seguimiento de los patrones de violaciones y su distribución geográfica evidencia que el objetivo principal es desalojar las áreas agrícolas circundantes a los asentamientos mediante la imposición de un clima permanente de violencia y amenazas, impidiendo el acceso de los agricultores a sus tierras. Estas prácticas también buscan dañar la economía agrícola palestina, cuya columna vertebral es el olivo, que constituye la principal fuente de sustento para más de 80.000 familias. Paralelamente, los ataques contribuyen a crear un entorno de expulsión para la población originaria, transformando sus territorios en vacíos geográficos que facilitan la expansión de los asentamientos, lo que la organización Al-Baidar califica como un desplazamiento gradual bajo cobertura de seguridad oficial.
En términos económicos, la organización Al-Baidar estima que las pérdidas directas sufridas por los agricultores durante la actual temporada de olivos superan los 4 millones de dólares, incluyendo robo de cosechas, tala de árboles, y los costos de replantación y reparación de los daños ocasionados por los ataques. Sin embargo, el costo psicológico no es menor que el económico; los agricultores describen esta temporada como la “temporada del miedo”, dado que acudir a los campos se ha convertido en una aventura diaria llena de peligros que pueden culminar en lesiones o incluso la muerte a manos de colonos armados o soldados de ocupación.
En este sentido, los ataques ya no constituyen simplemente agresiones sobre los árboles, sino una agresión sistemática contra el ser humano palestino y su vínculo histórico con la tierra, que representa simultáneamente su sustento y su identidad.
Violación de los convenios internacionales
Los ataques israelíes repetidos contra los agricultores palestinos durante la temporada de cosecha de olivos constituyen una clara violación de los principios del derecho internacional humanitario y del derecho internacional de los derechos humanos. Estas prácticas no ocurren en un vacío, sino dentro del contexto de una ocupación prolongada, lo que las hace sujetas a las disposiciones de la Cuarta Convención de Ginebra de 1949 y a las normas de responsabilidad internacional de los Estados.
El artículo 53 de la Cuarta Convención de Ginebra prohíbe la destrucción o despojo de bienes de la población protegida, salvo que exista una necesidad militar urgente que lo justifique. Según este artículo, la tala de olivos y el arrasamiento de tierras agrícolas sin justificación de seguridad constituyen una violación directa de las obligaciones de Israel como potencia ocupante en relación con la protección de la propiedad civil. Asimismo, prácticas como el robo o la quema de cosechas, o impedir que los agricultores accedan a ellas, constituyen formas de castigo colectivo y saqueo prohibidas según el artículo 33 de la misma Convención, que prohíbe sancionar colectivamente a personas por actos que no cometieron o apropiarse de sus bienes como medio de presión o represalia.
Desde la perspectiva del derecho internacional de los derechos humanos, estos ataques afectan directamente el derecho a un nivel de vida adecuado y el derecho a la alimentación, tal como lo establece el artículo 11 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Privar a los agricultores del acceso a sus tierras, robar sus cosechas o destruir sus medios de sustento vulnera la esencia de este derecho, que obliga a los Estados a garantizar acceso a la alimentación y medios de subsistencia con dignidad y seguridad. Además, las agresiones físicas y los disparos dirigidos a agricultores, periodistas y voluntarios internacionales violan el derecho a la integridad física y a la seguridad personal consagrados en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, obligaciones que permanecen vigentes incluso en situaciones de emergencia u ocupación.
En el ámbito penal internacional, la repetición de tala de árboles y destrucción sistemática de bienes, sin necesidad militar, constituye crímenes de guerra según lo define el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional (artículo 8). Israel, como potencia ocupante, asume una doble responsabilidad legal: por las acciones directas de sus fuerzas y ejército, y por la complicidad o negligencia frente a las milicias de colonos que ejecutan los ataques bajo su protección.
Organizaciones internacionales de derechos humanos, como Human Rights Watch y Amnistía Internacional, han confirmado que estas prácticas constituyen un patrón sistemático de violaciones que requieren investigaciones internacionales independientes y rendición de cuentas de los responsables de su planificación y ejecución.
Además, el hecho de que periodistas y activistas de derechos humanos sean atacados durante la cosecha de olivos constituye una flagrante violación de los estándares básicos del derecho internacional humanitario y de la libertad de prensa. La organización Al-Bidar ha documentado una serie de agresiones a periodistas locales e internacionales, destacando el ataque a la periodista Ranin Sawafteh y sus colegas mientras cubrían los eventos en la localidad de Beita, así como ataques a voluntarios internacionales en la misma zona. Estos incidentes no son meros abusos aislados, sino un patrón repetido de políticas israelíes destinadas a silenciar a los testigos y ocultar la verdad de lo que ocurre en el terreno.
Desde el punto de vista legal, estas prácticas constituyen una violación del artículo 79 del Protocolo Adicional I de 1977 a los Convenios de Ginebra, que establece la necesidad de respetar y proteger a los periodistas en zonas de conflicto armado como civiles, salvo que participen directamente en las hostilidades. Asimismo, los ataques contravienen el artículo 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que garantiza el derecho a la libertad de opinión y expresión, incluido el derecho a buscar, recibir y difundir información sin interferencias ni temor a represalias.
La repetición de ataques a periodistas y voluntarios refleja un intento sistemático de silenciar a los testigos y bloquear la documentación de las violaciones, lo que indica una intención de encubrir posibles crímenes contra civiles y agricultores palestinos. Israel, como potencia ocupante, tiene la responsabilidad legal y ética de proteger a los periodistas y garantizar su trabajo, sin exponerlos al peligro ni permitir agresiones mientras desempeñan su labor profesional y humanitaria.
Recomendaciones
Esta investigación concluye con una serie de recomendaciones que constituyen un paso esencial para proteger a los agricultores palestinos y garantizar la rendición de cuentas por las violaciones crecientes durante la temporada de cosecha de olivos. El terreno no necesita solo declaraciones de condena, sino acción práctica e internacional que rompa el ciclo de impunidad.
Primero, la gravedad de la situación exige proporcionar protección internacional urgente a agricultores y periodistas mediante el despliegue de equipos de monitoreo permanentes, no temporales, en las zonas más conflictivas como Nablus, Ramala y Hebrón. La presencia de observadores internacionales en el terreno no solo actúa como elemento disuasorio frente a los colonos, sino que también garantiza la documentación de pruebas y evita la manipulación de los hechos.
Segundo, los documentos sobre violaciones no deben quedar archivados. Los cientos de archivos recopilados por la organización Al-Baidar representan una base de datos sólida sobre la que se pueden sustentar casos ante la Corte Penal Internacional en el marco del seguimiento de Palestina. Transformar la documentación en una herramienta legal efectiva es el paso más importante hacia la justicia, especialmente dada la ausencia de rendición de cuentas a nivel local.
Tercero, la comunidad internacional debe ejercer presión política directa sobre Israel para poner fin a la política de “zonas militarmente cerradas”, que priva a los palestinos del acceso a sus tierras durante las temporadas de cosecha. Esta política no responde a necesidades de seguridad, sino que es un medio para controlar la tierra y se utiliza como cobertura legal para la expansión gradual de los asentamientos.
Cuarto, dado el daño a las tierras agrícolas, es esencial financiar proyectos de rehabilitación de tierras y compensar a los agricultores por sus pérdidas materiales y morales. Replantar los árboles no es solo un acto agrícola, sino un acto de resistencia económica que preserva la presencia palestina en áreas rurales amenazadas.
Quinto, la continuidad de la documentación de campo requiere apoyo institucional y técnico a las organizaciones de la sociedad civil locales, especialmente a Al-Baidar, para ampliar sus bases de datos digitales y desarrollar herramientas de monitoreo y verificación. Fortalecer estas organizaciones equivale a fortalecer la propia verdad y su preservación.
Finalmente, ningún esfuerzo legal puede completarse sin activar el papel de los medios internacionales para cubrir los ataques en tiempo real, no solo después de que ocurran. La realidad palestina necesita cobertura que rompa su silencio y muestre al mundo que la temporada de olivos ya no es solo un momento de prosperidad, sino un escenario abierto de violaciones que requiere testigos y documentación activa.
Conclusión
La temporada de cosecha de olivos de este año ha revelado el rostro real de las políticas de asentamiento en los territorios palestinos. Los ataques ya no se limitan al robo de cosechas o la tala de árboles, sino que constituyen una guerra sistemática contra la existencia misma del pueblo palestino, con el objetivo de vaciar las aldeas de sus habitantes originales y crear un entorno hostil que facilite la expansión de los asentamientos.
Estas prácticas requieren una respuesta inmediata de la comunidad internacional y de las organizaciones de derechos humanos para clasificarlas como violaciones graves del derecho internacional humanitario y de los derechos humanos, constituyendo formas de limpieza étnica y guerra contra la población civil. El silencio ante estas violaciones equivale a la complicidad con políticas que ponen en riesgo la vida de los palestinos y sus medios de subsistencia.
Por ello, la organización Al-Baidar para la defensa de los derechos de los beduinos y las aldeas afectadas hace un llamado a todos los defensores de la libertad en el mundo y a los organismos de derechos humanos a actuar de manera inmediata y seria, presionando a Israel para poner fin a la política de violencia y desplazamiento, garantizar protección internacional a agricultores y periodistas, y llevar ante tribunales internacionales a los responsables de estos crímenes. La resistencia palestina en su tierra no es solo un derecho, sino un símbolo global de justicia y dignidad humana, y es deber del mundo apoyarla.
Rasem Bisharat* para Kaosenlared
*Doctor en Estudios de Asia Occidental y Comisionado de Relaciones Exteriores de la organización Al-Baidar para la defensa de los derechos de los beduinos y las aldeas afectadas.