El próximo viernes 31 de mayo, la empresa inmobiliaria Urbagestión pretende desahuciar a Maricarmen, de 84 años, del piso en el que vive desde 1956. Cuando su padre firmó el contrato de renta antigua de esta vivienda del madrileño barrio de Ibiza, a unos metros del Retiro, era un barrio normal. Ahora es uno de los barrios más caros de Madrid, por lo que la empresa inmobiliaria pide que Maricarmen asuma un incremento del 275% del alquiler y, de no hacerlo, la echará.
Entre 1950 y 1985, la legislación española establecía que los contratos de arrendamiento de vivienda tenían carácter vitalicio y podían ser heredados por el cónyuge y los descendientes que habitasen el domicilio. El decreto Boyer de 1985 acabó con esta medida de protección en los alquileres suscritos a partir de tal fecha, si bien se mantuvo el régimen indefinido para los contratos firmados con anterioridad, que desde entonces se conocieron como contratos «de renta antigua».
Cuando el padre de Maricarmen falleció, el contrato del piso del barrio de Ibiza se subrogó en su esposa, que continuó viviendo en el mismo domicilio junto a su hija hasta su fallecimiento en 2005. Maricarmen heredó el contrato, que mantenía las mismas condiciones –una renta que se actualizaba cada año en base al IPC, más otros gastos como el IBI– durante casi 20 años.
En 2018, la familia propietaria del bloque de pisos de Maricarmen vendió toda la finca a Renta Corporación, uno de los grandes holding inmobiliarios de España. La inmobiliaria ofreció a Maricarmen comprar el piso, pero al no poder permitírselo con su pensión, lo vendió a Urbagestión Desarrollo e Inversión SL, una empresa especializada en análisis y asesoramiento de inversiones inmobiliarias.
Aquí empezó la pesadilla de Maricarmen. Urbagestión trató de desahuciarla desde el principio: la llevaron a los tribunales argumentando que su contrato subrogado debía haberse extinguido en 2007. Los jueces le dieron la razón a la inquilina, pero los administradores de la empresa no cesaron, recurriendo una y otra vez hasta que el Tribunal Supremo les dio la razón el pasado mes de marzo.
El motivo es que la segunda subrogación del contrato (una vez fallecidos el primer titular y su cónyuge) sólo puede tener una duración de dos años, salvo en el caso de que el descendiente conviviente tuviese una discapacidad superior al 65%. Maricarmen, a sus 84 años y con movilidad reducida debido a operaciones de cadera, sufre una discapacidad de «tan sólo» el 50%.
Urbagestión exige ahora a Maricarmen un alquiler mensual de 1.650 euros –a «modo de favor», ya que el resto de apartamentos del inmueble se alquilan a unos 2.650– aun a sabiendas de que la pensión de la octogenaria es de sólo 1.450 euros. En caso contrario, le dan de plazo hasta el 31 de mayo para abandonar la vivienda en la que lleva residiendo desde hace 68 años.
Maricarmen ha anunciado su decisión de permanecer en casa cueste lo que cueste, por lo que se ha unido al Sindicato de Inquilinasy a su estrategia #NosQuedamos. El sindicato afirma que son ya cientos de inquilinas las que, cuando su casero les obliga a elegir entre una subida abusiva del precio o el abandono de la vivienda, se niegan a aceptar el chantaje y resisten en sus casas, pagando el mismo precio que venían abonando hasta entonces, o depositándolo ante el juzgado en el caso de que sea rechazado por el propietario.
La «enmienda Maricarmen»
Desde el Sindicato de Inquilinas alertan de que el de Maricarmen no es un caso aislado: las empresas inmobiliarias están comprando pisos alquilados antes de 1985 con el objetivo de hacer lo mismo que han intentado hacer con la octogenaria y obtener altas rentabilidades a corto plazo. Y no sólo en Madrid: hace pocas semanas salió a la luz el caso de María Muñoz, la gaditana de 87 años que podría ser desahuciada de la casa que habita desde 1967 y que los nuevos propietarios quieren convertir en pisos turísticos.
Por ello, desde el sindicato promueven lo que han denominado «enmienda Maricarmen»: una modificación de la Ley de Arrendamientos Urbanos para reforzar la protección de las inquilinas de renta antigua. Se trata de eliminar el límite de dos años que la Disposición transitoria segunda de la Ley de Arrendamientos Urbanos prevé para las descendientes del subrogado que no cumplen el requisito del 65% de discapacidad. Sería una reforma legislativa extremadamente simple y de tramitación sencilla: apenas 44 palabras que están poniendo en riesgo la tranquilidad de centenares de pensionistas durante sus últimos años de vida.
«Se trata de un colectivo pequeño y extremadamente vulnerable, en su inmensa mayoría mujeres mayores que cuidaron de sus padres y, a su muerte, heredaron sus contratos de alquiler», explican desde el sindicato. Con la nueva doctrina del Supremo, muchas de estas mujeres, que a menudo cobran pensiones minúsculas, se verían abocadas a la indigencia, pues no disponen de recursos económicos para hacer frente a un mercado del alquiler completamente desbocado.
