Desde el Régimen de la II Restauración borbónica, desde la pertenencia a esa alianza zombi, en el sentido más literal de muertos vivientes, no se puede defender eficazmente nuestra masa forestal, nuestros montes ni nuestros pastos. Ni, por supuesto, otras muchas cosas.
La primera cuestión es aclarar qué es lo que estamos abordando, saber cuál es el sujeto de la reflexión y la perspectiva con la que se aborda. Si no es así, caeremos en auténticas simplezas en el mejor de los casos, y en el peor, tal como está ocurriendo ahora, en servirle en bandeja a los gestores del Régimen un nuevo motivo para seguir impulsando su lucha cainita, tan acorde con las “tradiciones españolas” y que tan bien refleja Goya en su cuadro Duelo a Garrotazos, sobre el que hacíamos alguna consideración en un anterior editorial: “Como no somos capaces de controlar la quema del monte, pues démosle al garrote, que siempre habrá algún descerebrado o analfabeto que entrará al trapo”; así sucede ahora en el debate surgido entre el PP y el PSOE, o el PSOE y el PP, con sus correspondientes escuderos. Esa es la “cultura tradicional” del bloque dominante español y sus sucursales en los diversos territorios, “cultura” que en los últimos tiempos estimulan descaradamente. Más adelante en este editorial abordaremos su énfasis en la actualidad.
@rtvenoticias Palacios de Jamuz, un pueblo de León, engullido literalmente por las llamas. El fuego llegó a esta zona desde Zamora. Las imágenes las grabó la UME cuando llegó a la localidad. #PalaciosdeJamuz #Incendios #Fuego #León #UME #Noticias #noticiastiktok ♬ sonido original – RTVE Noticias
Lo primero que hemos de hacer es definir a qué nos referimos. Los incendios forestales se producen cada vez con más frecuencia en zonas de bajo monte, pasto o antiguas zonas de cultivo abandonadas forzadamente por la población autóctona al quedar sin laboreo alguno, y acumulan de forma exponencial producción vegetal que, al no ser aprovechada, se convierte en un depósito de combustible con capacidad de inflamación si las circunstancias son propicias.
El Estado español se encuentra entre los tres países de la UE con mayor superficie forestal, junto con Suecia y Finlandia. Por supuesto, los cuidados y las condiciones que tiene la masa forestal en estos países escandinavos nada tiene que ver con las condiciones de nuestra masa forestal. En la actualidad, la superficie forestal total en el Estado español supera los 28 millones de hectáreas, entre superficie arbolada y desarbolada. De ellas, unos 20 millones de hectáreas son de gestión privada y los otros 8 millones de gestión pública. La Comunidad de Castilla y León cuenta con la mayor superficie forestal del Estado, con 5,1 millones de hectáreas, lo que representa casi el 55% del conjunto de su territorio. Superficie forestal que, por las causas antes señaladas, se ha visto incrementada significativamente en las últimas décadas.
A pesar de esas circunstancias, desde el Gobierno central y desde las Comunidades Autónomas se han ido recortando de forma salvaje los presupuestos dedicados a la prevención de incendios forestales. Según informaba El País el 14 de agosto, la inversión pública en prevención de incendios se ha desplomado a la mitad en los últimos 13 años, pasando de 364,1 millones en 2009 a 175,8 en 2022. En 2009, la inversión en cuidado global del bosque ascendía a 1.742 millones de euros, y en 2022 tan solo a 1.295. Por supuesto, todas las actividades de mantenimiento de los bosques o la masa forestal se han hundido: aprovechamiento de la madera, reforestación, conservación de la biodiversidad… También el número y mantenimiento de cortafuegos, de gran utilidad para limitar la extensión de los incendios, se ha visto mermado. El coste de apagar los incendios es, según algunos cálculos, de 19.000 euros por hectárea; multiplíquense por las decenas de miles de hectáreas que se han quemado solo en Castilla y León y se obtendrá una cifra aproximada de gasto. Por supuesto, los beneficiarios de tal inversión no son precisamente los habitantes del medio rural, ni tampoco las personas que trabajan en la extinción de incendios, con contratos de extrema precariedad y condiciones laborales aún peores; hay otros agentes en esa cadena que obtienen beneficios de tales desastres.
El Gobierno central perdió el 20% de su flota de aviones cisterna y las ministras Robles y Rivera anunciaron la adquisición de 7 nuevos aparatos, pero la ausencia de presupuestos generales -aunque se cansen de repetir que tenerlos, o no, no tiene importancia- ha paralizado esa operación. Más delito tiene la retirada del servicio de los helicópteros Kamov, de fabricación rusa y con una capacidad de carga de 4.500 litros, sin otros aparatos que los puedan sustituir. Desde hace más de un año no están operativos por falta de piezas de repuesto o de técnicos de mantenimiento y control de las naves, debido a la posición del Gobierno español en el conflicto ucraniano.
Sin duda alguna las condiciones climáticas que estamos sufriendo este verano son un factor de riesgo para los incendios forestales. Es por ello que las políticas de prevención por parte de todas las instituciones y administraciones del Estado tendrían que ir de la mano y reforzadas. Pero aquí cada uno de los partidos está esperando a que ocurra alguna desgracia para salir en tromba, en una nueva sesión de garrotazos, contra el otro. Es lo único que saben hacer. No vamos a participar en ninguna movilización que insista en la línea de división instigada por esa filosofía de los dos grandes partidos del Régimen o sus adláteres. Ello supondría un auténtico suicidio social; no queremos pan para hoy y hambre para mañana, o para los próximos meses y años. Estamos centrados en una labor de información y concienciación, y cuando las circunstancias estén medianamente maduras, impulsaremos la mayor movilización posible en defensa de Castilla, de sus tierras y de sus gentes. No olvidemos que aquellos que suprimen paradas del AVE en territorio castellano, y por tanto inducen la profundización del proceso de despoblación, también son responsables de los incendios forestales.
Es oportuno recordar los escritos de Valle-Inclán sobre la ansiedad que se generaba entre los empleados de las oficinas ministeriales cuando se oteaba un cambio de Gobierno: muchos de los empleados públicos de la I Restauración sabían que se les acababa el chiringuito. En esta II Restauración, aunque sea con aires de modernidad, el problema de fondo sigue siendo el mismo. Los que ocupan los Ministerios no quieren abandonarlos ni aunque se les eche encima aceite hirviendo. Los cargos políticos, cada vez más numerosos, facilitan -sin preparación o titulación alguna, tal como se ha visto en estas últimas semanas- un alto nivel de vida a ese conjunto de personajes parasitarios que no encontrarían en ninguna otra actividad laboral.
¿A quiénes favorecen los montes quemados? Los beneficiados son en buena medida las empresas de energía eólica y fotovoltaica que verán abaratarse el alquiler del suelo que necesitan adquirir para sus instalaciones, como antes sucedía con los madereros, con quienes algunos incendiarios tenían conexión. A Castilla se le ataca desde muchos frentes distintos, desde la suspensión parcial o total de servicios públicos como el ferroviario, el desmantelamiento de la sanidad y educación, abandono de carreteras, pasando por los incendios forestales o la conversión de nuestra tierra en macroparques eólicos y fotovoltaicos, impidiendo su papel productivo vegetal o animal. Se han empezado a dar los pasos para confrontar con tal situación: por un lado, la reflexión sobre la colonización interior de Castilla como raíz de este conjunto de cuestiones, y por otra parte, el despertar de la sociedad, que se viene movilizando cada vez con una mayor fuerza contra la destrucción de sus servicios o contra la instalación de parques energéticos, macrogranjas, etc.
Izquierda Castellana, 17 de agosto de 2025