Estos días asistimos al indignante trato mediático y judicial hacia un caso de especial gravedad: la trama de prostitución de menores en Murcia, que afectó, como mínimo, a 11 adolescentes de entre 15 y 17 años. Los responsables de estos delitos, proxenetas y puteros, se irán de rositas, entre otras cosas alegando la dilación indebida del juicio, que se está celebrando después de diez años desde que se desarticuló la trama. El acuerdo de conformidad entre los acusados y la Fiscalía, alcanzado sin que se hubiera escuchado siquiera a las víctimas, les permitirá evitar la cárcel y pagar unas ridículas indemnizaciones de entre 500 y 2.000 euros por delito cometido. Es “curioso” cuán habitual es que los juicios que implican a personas de elevado estatus social sufran importantes retrasos que, además de dañar a las víctimas impidiendo que se dicten sentencias en un tiempo razonable, se terminen saldando con una rebaja de las condenas, en caso de que estas finalmente se dicten. Un ejemplo reciente es la dilación -también de más de una década- y la “deficiente instrucción” en el Caso PGOU de Valladolid, que permitió a empresarios y políticos beneficiados de una trama de corrupción urbanística librarse de cualquier responsabilidad. Es evidente que estos retrasos son intencionados y suponen la existencia de complicidad con los encausados de cierto estatus por una parte significativa de la administración de Justicia. Mención aparte merece la ausencia de respuesta del movimiento en defensa de los derechos de las mujeres ante este escándalo, más allá de Murcia, lo que es un reflejo del actual estado del movimiento feminista (obviamente no es una cuestión casual, sino causal).
Se da la circunstancia de que en estos momentos el mencionado caso coincide con otro tema que nos permite hacer una reflexión comparativa sobre la desigualdad de trato mediático y judicial: nos referimos al asunto de las penas convalidadas/conmutadas a antiguos miembros de ETA que ya cumplieron parte de sus condenas en el extranjero, fundamentalmente en Francia. Las disposiciones incorporadas a la normativa y legislación española, y normalizadas desde hace muchos años en la UE, que dan lógica equidad a estos presos, escandalizan a quienes siguen anclados en la filosofía inquisitorial imperante en el Estado. Está claro que la derechona española, negligente e incapaz hasta el punto de no leerse o interpretar las propuestas de leyes orgánicas que se debaten en el Congreso, sigue moviéndose por el espíritu de Torquemada.
En definitiva, la escoria social que se dedica a impulsar la prostitución infanto-juvenil o que se lucra de maniobras especulativas y corruptas suele ser muy bien tratada por la administración de Justicia y por los medios de comunicación, especialmente en comparación con aquellas personas cuyos delitos están políticamente motivados en su oposición al Régimen de la Monarquía borbónica heredera del franquismo.
Izquierda Castellana, 9 de octubre de 2024