El nuevo presidente, Anura Kumara Dissanayake, ha enganchado a los votantes gracias a una ambiciosa campaña contra los corruptos y de defensa de una regeneración democrática
Después del cierre de los colegios electorales se impuso un toque de queda nocturno de ocho horas. Miles de policías fueron desplegados para reforzar la seguridad por todo el país. Incluso se prohibió la venta de alcohol. En Sri Lanka, sacudida por su peor crisis económica, por la violencia y por dos años de tormentas políticas, todos querían un cierre de elecciones sin sobresaltos. Había mucho en juego en esta turística nación insular anclada al sur del subcontinente indio.
Las medidas de seguridad, y sobre todo las ganas de un pueblo cabreado por dejar atrás el historial de dinastías gobernantes corruptas, deudas impagables y obediencia a árbitros financieros extranjeros que obligan a apretarse cada vez más el cinturón al ciudadano, lograron que el sábado se celebraran las elecciones más pacíficas en la historia de Sri Lanka. Así lo definió la comisión electoral, explicando que alrededor del 76% de los 17,1 millones de votantes elegibles habían acudido a las urnas para escoger al nuevo presidente del país entre un récord de 38 candidatos que se presentaban.
El nuevo presidente será Anura Kumara Dissanayake (55 años), un político de corte marxista, líder de una coalición socialdemócrata, que ha enganchado a los votantes gracias a una ambiciosa campaña contra los corruptos y de defensa de una regeneración democrática.
En un conteo más ajustado de lo previsto, Dissanayake se llevó el 42,36% del escrutinio. No alcanzó la mayoría necesaria (por encima del 50%) en la primera vuelta, por lo que lo que se tuvo que celebrar una segunda fase en la que se enfrentaban los dos candidatos más votados. En este asalto final se tienen en cuentan todos votos emitidos por los electores, que en las papeletas tuvieron que escoger por orden preferencial tres opciones. El domingo por la noche (hora local), la comisión electoral anunció la victoria de Dissanayake.
Una de las grandes promesas del ganador ha sido renegociar las condiciones del paquete de rescate de 2.900 millones de dólares del Fondo Monetario Internacional (FMI). Este llegó tras la quiebra económica de 2022, cuando el Gobierno del entonces líder Ranil Wickremesinghe, quien acababa de asumir el cargo, dijo que no podía pagar la enorme deuda externa. Desde la organización financiera internacional apretaron y obligaron al Ejecutivo a seguir unas duras e impopulares políticas de austeridad, como el aumento de impuestos, que dejaron a millones de familias sin poder apenas llegar a fin de mes.
Wickremesinghe (75 años), aunque ha presumido de haber logrado cierta estabilidad en Sri Lanka -la inflación ha bajado y el Banco Mundial prevé que la economía crecerá un 2,2% este 2024, tras dos años consecutivos de crecimiento negativo-, no ha logrado convencer a muchos votantes que creen que su país ha acabado gobernado por el FMI.
El presidente saliente, que también había ocupado hasta seis veces la silla de primer ministro representando al partido de centroderecha UNP, cogió las riendas después de las protestas masivas que empujaron a la caída del poderoso clan de los Rajapaksa. El Parlamento designó a Wickremesinghe la tarea de sacar a Siri Lanka del colapso económico y de acabar con los disturbios unos pocos días después de que el ex presidente Gotabaya Rajapaksa huyera del país cuando los manifestantes asaltaran el palacio presidencial.
Los Rajapaksa, terratenientes del sur budista que llegaron a tener en el apogeo de su poder a seis miembros de la familia ocupando la presidencia y la oficina del primer ministro, así como una decena de ministerios, perdieron el control tras 20 años, cuando una gran hambruna asomaba en esta nación en bancarrota donde muchos de sus 22 millones de habitantes apenas podían permitirse una comida al día.
Ni los toques de queda decretados, ni la fuerza de los militares, lograron frenar unas protestas masivas que expulsaron a la que era una de las dinastías políticas más poderosas del sur de Asia, que se enriqueció con las comisiones de millonarios contratos firmados con China para construir infraestructura. Esto dejó una enorme deuda externa, que ya era muy alta después de que el país recurriera a los préstamos del exterior para salir adelante tras el fin de la guerra civil en 2009. Con los Rajapaksa al mando también se amplió la represión contra la disidencia y la libertad de expresión.
En medio de la escasez de productos básicos y cortes de electricidad, con una inflación que rondaba el 60%, Wickremesinghe, que ha sido acusado de proteger a la familia Rajapaksa, recurrió en 2023 al FMI, aceptando unas estrictas condiciones (eliminar varios subsidios y subir impuestos) a cambio de un préstamo de emergencia.
Wickremesinghe ha perdido ahora unas elecciones -ha sido el tercer candidato más votado- que eran vistas como un referéndum sobre las reformas económicas impulsadas por el FMI y aplicadas por su Gobierno. El testigo lo va a coger ahora Dissanayaka, quien desde 2014 ha estado al frente del Janatha Vimukthi Peramuna, un partido comunista marxista-leninista que nació de un movimiento revolucionario que lideró dos fallidos y sangrientos intentos de golpes de Estado en las décadas de 1970 y 1980. «Nuestro país necesita una nueva cultura política», dijo Dissanayaka el sábado tras emitir su voto.