El Sistema ejerce violencia en diversos ámbitos, directa o indirectamente, con el objetivo de mantener su dominación/explotación social.
Venimos denunciando en algunos de nuestros editoriales de los últimos meses cómo desde plataformas político/electorales que se presentan ante la opinión pública como progresistas se impulsan cada vez con menos disimulo posiciones irracionales sin la menor base científica, pero de gran utilidad para generar confusión ideológica y debilitar al movimiento popular. Desde luego, desde los medios de comunicación afines al Régimen no se cuestiona tal hecho, por la cuenta que les tiene. Un caso paradigmático es todo lo relacionado con el “pensamiento queer” y la mal llamada “Ley Trans”, así como con la denominada “autodeterminación de sexo”. En un ejercicio de uso racional e interesado del irracionalismo, por supuesto al servicio del capitalismo y del neofascismo, en el que se confunde consciente e intencionadamente lo objetivo con lo subjetivo y se intenta darle la vuelta a las leyes del materialismo dialéctico en una operación de imposible consecución, se generan daños a la construcción de un auténtico proyecto progresista, para cuya reparación hay que invertir un montón de energías y recursos.
En el caso concreto señalado, el objetivo de esa burda campaña de ataque -aunque bien orquestada mediática e incluso académicamente- es el movimiento feminista. La muy limitada respuesta en la calle a la brutal violación de una joven en Igualada (Cataluña) puede ser una consecuencia de esa situación.
En este editorial haremos un repaso sintético de las más significativas formas de violencia que ejerce el Sistema en los diferentes sectores sociales y ámbitos de la vida para reproducir su dominación: violencia de clase, de género, nacional, etaria, racial, contra la naturaleza y los animales… El Estado español, por desgracia, se encuentra a la cabeza de muchas de esas violencias.
La primera consideración es que la violencia en esos ámbitos se ejerce de forma ordinaria a través de estructuras organizadas y engrasadas para jugar tal papel. Por supuesto, hay respuestas violentas y represivas más allá de lo cotidiano. En cuanto alguno de esos sectores sociales intenta legítimamente cambiar su “estatus”, la violencia extraordinaria se pone en marcha. El caso de la represión policialy judicial con pleno soporte mediático sobre el pueblo de Cataluña en cuanto este, democrática y mayoritariamente, decidió proclamar la República en otoño de 2017, es un ejemplo paradigmático. Pero esos procesos de violencia extraordinaria del Estado contra la pueblos que luchan por su soberanía se ejerce cada día por todos los medios posibles: policiales, judiciales, mediáticos, económicos, etc.
La violencia de género es un instrumento esencial para mantener la dominación en ese ámbito. Esta supuso el asesinato de casi un millar de mujeres en los últimos 10 años. A ello hay que añadir además violaciones, malos tratos… La violencia de género ejercida por los varones, objetiva y subjetivamente interesados en el mantenimiento del sistema patriarcal, beneficia en lo inmediato a los hombres; sin embargo, su beneficiario estratégico principal es el Sistema capitalista. Sin patriarcado, este simplemente no podría sobrevivir.
La violencia de clase se expresa a través de múltiples manifestaciones, siendo los “accidentes laborales” una de las más dramáticas, especialmente aquellos con consecuencia de muerte o incapacidad grave. Los accidentes laborales tienen como causa principal las condiciones de explotación de los/as trabajadores/as, que supusieron la muerte de 7.000 personas en la última década. En el 2020, a pesar del significativo descenso de la actividad laboral, condicionada esta por las medidas tomadas en relación con la Covid-19, la tasa de incidencia de accidentes laborales con resultado de muerte aumentó.
En el Estado español todos los indicadores objetivos de sufrimiento social, expresión de la brutalidad de las formas de explotación y dominación, son significativamente superiores a los de la media de la UE. Esta cuestión se aprecia muy especialmente en lo relacionado en las muertes por accidentes laborales.
Un dato muy elocuente en lo referido a la precarización de la juventud es el incremento de los suicidios hasta unos niveles que lo convierten en la principal causa de muerte entre los 15 y los 29 años. Durante la pandemia, los suicidios se han incrementado en este sector de la población hasta un 250%; cada dos horas y media se produce uno, por lo que se registran 10 suicidios diarios. Ello viene acompañado del deterioro de la salud mental.
Por último, nos queremos referir a las muertes en comisarías y cuartelillos, o en general, debido a actuaciones policiales; así como a las torturas y malos tratos por parte de miembros de esas instituciones, aunque estas no resulten en fallecimiento. 72 detenidos murieron en comisarías de la Policía Nacional y Guardia Civil desde 2010 y desde 2015 hubo 32 muertes durante procedimientos policiales. En este campo de la violencia institucional aparece claramente un sesgo étnico/racial. Sobre ello han aparecido diversos informes de organismos internacionales en las últimas semanas, que apenas han tenido repercusión en los grandes medios de difusión. Es obvio que no les interesa contar la realidad de las cosas.
Es necesario abordar la cuestión de la violencia contra la naturaleza que lleva al deterioro ecológico y la violencia contra los animales, algo que haremos en próximos editoriales.
Para cada frente de trabajo y en la respuesta específica a cada una de las expresiones de las violencias del Sistema tiene que existir organización y respuesta concreta, pero es también esencial tener una perspectiva global y estratégica: sin acabar con el Sistema que genera todas estas expresiones de violencia no podremos acabar con cada una de ellas. En este sentido, hay que incorporar el concepto de “unidad popular” en base a tales contenidos.
Izquierda Castellana, 11 de noviembre de 2021