El Gobierno de Progreso ampara el allanamiento de viviendas

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El Gobierno de Progreso ampara el allanamiento de viviendas

El Régimen es muy consciente de su debilidad social y política, de las dificultades irresolubles del sistema económico al que sirve –el capitalismo neoliberal-, así como de la crisis estructural y estratégica de su alianza internacional (la UE, por la que han apostado de forma subordinada y absoluta). Son perfectamente conocedores de que no tienen nada que ofrecer en positivo a la sociedad, salvo fuegos de artificio, e incluso de estos les quedan cada vez menos. El futuro que nos tienen programado pasa por una mayor precariedad social, más recortes en servicios públicos -cuando no directamente su desmantelamiento-, más involución autoritaria… en síntesis, más sufrimiento para la mayoría de la población con un único objetivo: mantener las condiciones de vida de una minoría parasitaria que incluye significativos sectores de las instituciones, a las que necesitan para reproducir su régimen de dominación y explotación; entre ellas se encuentran los aparatos policiales.

Los episodios de auténtico escándalo protagonizados por miembros de las fuerzas represivas han sido frecuentes y permanentes a lo largo de los más de cuarenta años de existencia del Régimen del 78; las torturas, las muertes en comisarías o en cuartelillos, los apalizamientos en las calles sin justificación alguna… Con ellos se podría escribir un volumen de miles de páginas, destacando la impunidad de la que gozaron y gozan sus autores.

En los últimos días esa escalada de “manos libres” para la acción policial, casualmente coincidiendo con el sexto aniversario de la promulgación de la tristemente conocida como Ley Mordaza, ha dado un paso cualitativo adelante con el asalto de al menos dos domicilios en Madrid, en los que presuntamente se estaban celebrando «fiestas ilegales».

Según la Constitución del 78, la que enmarca jurídicamente al Régimen actual, el domicilio es inviolable, pero la policía (como sobre cualquier norma) puede decidir otra cosa, porque para eso son «la máxima autoridad funcional»; y el no obedecer sus órdenes, aunque estas sean ilegales, convierte a quienes lo hacen en presuntos delincuentes realizando presuntas ilegalidades, quedando desprovistos de todo derecho.

La cuestión de las llamadas fiestas ilegales es obviamente un problema, potencialmente de salud pública, pero sobre todo para la vida cotidiana del vecindario. Pero la principal responsabilidad de que tales cosas ocurran está precisamente en las instituciones. Si se estimula el turismo de fiestas y borrachera, lo normal es que haya fiesta y borrachera. Aprovechar tal cuestión para introducir en la «nueva cultura represiva» que se pueda violar los más elementales derechos ciudadanos para controlar alguno de los efectos de ello se corresponde a la política del bombero-pirómano, tan enraizada en nuestra gobernanza.

Nos llama la atención una cuestión que consideramos de gran importancia; ¿por qué las fuerzas policiales no utilizan esa doctrina, la de reventar puertas sin amparo judicial, cuando se trata de narcopisos o de pisos al servicio de las mafias que controlan la prostitución? En ellos sí que se realizan actividades criminales, recogidas en el Código Penal, que además se desarrollan de forma flagrante. ¿Cuántas redadas contra el narcotráfico se han quedado en nada porque cuando llega la orden judicial los narcotraficantes ya están informados de lo que va a ocurrir? Ojo, no estamos demandando que la policía amplíe su campo de acción autónoma, simplemente queremos demostrar la tremenda manipulación que se está haciendo de las entradas ilegales en domicilios estos últimos días bajo la justificación de que se hacen en defensa de la salud pública.

El narcotráfico sí es un delito contra la salud pública que aparece recogido en el Código Penal; ahí están las víctimas de la heroína, que vuelve a ser una de las «reinas» del narcotráfico, droga que ha provocado miles de muertos a lo largo de varias generaciones en el Estado español. Pero el narcotráfico, como la prostitución, es un gran negocio en el que están implicados importantes sectores de las propias instituciones, además de entidades financieras… es decir, el Poder.

Algunos portavoces de asociaciones relacionadas con la judicatura o asociaciones en defensa de los derechos civiles se han llevado las manos a la cabeza por lo que consideran una utilización incorrecta de la ley y la normativa por parte de la policía. Por supuesto que apoyamos todas las denuncias y las movilizaciones que puedan surgir contra los abusos policiales, pero nos parece sumamente ingenua la posición de ignorar la perspectiva estratégica que marca este Régimen para la actuación policial, que es a lo que estamos asistiendo estos días. Esa línea de actuación es lo que necesitan ante el futuro, un futuro que ya está presente en muy buena medida: el incremento de la represión es una necesidad esencial para el bloque dominante español.

El fundador del partido comunista italiano, Antonio Gramsci, lo explicaba clara pero sencillamente cuando afirmaba que el Estado tenía dos grandes vías para mantener su dominación: la persuasión y la coerción.

La persuasión funciona mientras el Estado tiene cosas que ofrecer a la ciudadanía, pero a medida que estas desaparecen la persuasión deja de funcionar; y es entonces que se recurre a la coerción, es decir, a la represión hasta donde haga falta. Probablemente haya algún amago de edulcorar los allanamientos de los domicilios para hacerlos menos escandalosos, pero la doctrina ya se ha puesto en marcha por la fuerza de los hechos. Ni esto ha sido una anécdota ni la Ley Mordaza se va a derogar. Los avances autoritarios del Régimen no solo no se van a corregir, sino que se van a reforzar porque es una necesidad vital para ellos.

Pensar que este Régimen es reformable en un sentido favorable para los intereses del pueblo ya ha dejado de ser una ingenuidad y ha pasado a convertirse en una auténtica irresponsabilidad. Todo avance significativo pasa por la derrota del Régimen del 78; estar en otras opciones es simplemente engañar a la gente y falsear la realidad.

Izquierda Castellana, 1 de abril de 2021

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