La Delegación del Gobierno en la Comunidad de Madrid ha decidido este jueves prohibir todas las manifestaciones que le habían sido comunicadas para el domingo 7 y el lunes 8 de marzo con motivo del Día Internacional de la Mujer. El delegado, José Manuel Franco, ha justificado la prohibición en “motivos de salud pública”, después de “estudiar detalladamente” cada una de las peticiones. “Si sumamos todos los asistentes previstos por los convocantes, podríamos tener fácilmente a más de 60.000 personas moviéndose por las diferentes calles de Madrid”, ha ampliado el delegado en rueda de prensa, en la que ha explicado que se ha tomado la decisión sobre la base de que la incidencia acumulada en la región es de 261 personas por cada 100.000 habitantes y todavía en nivel cuatro de riesgo extremo.
A las puertas de la Delegación del Gobierno se han acercado Coral Latorre, secretaria general del sindicato de estudiantes, y Ana García, portavoz estatal de la organización Libres y combativas. “Nos parece una decisión totalitaria, absolutamente antidemocrática que criminaliza el movimiento feminista”, ha criticado la primera. “Nos van a hablar de prohibirlo precisamente en Madrid que está todo abierto, todos los bares y las terrazas llenas, el metro abarrotado, cuando no han invertido ni un solo euro en la sanidad pública y están los centros de salud colapsados”. Por su parte, Ana García ha animado a manifestarse el 8 de marzo con todas las medidas de seguridad. “Precisamente somos las mujeres las que hemos padecido más que nadie las consecuencias de esta pandemia, los despidos, la precariedad, la enfermedad, las colas del hambre que se nutren de mujeres”, ha dicho.
“Es la comunidad autónoma con peores cifras tras Ceuta y Melilla, y también la peor en datos de de hospitalización, superior al 14% y en datos de ocupación de UCI, superior al 40%”, ha subrayado Franco. “La situación de las UCIS en Madrid es peor que la más alta que se tuvo durante la segunda ola de la pandemia en el mes de octubre”. Además, ha explicado que había convocadas 104 manifestaciones, en su mayoría de asociaciones y sindicatos bajo el paraguas de la plataforma 8-M, a las que se les ha ofrecido alternativas para celebrar “sus justas aspiraciones y reivindicaciones”. También ha recalcado que la decisión responde alos informes de la policía y organizaciones médicas.
“Yo confío muchísimo en las responsabilidad de los madrileños”, ha respondido a la pregunta de qué medidas tomará la Delegación ante la posibilidad de que se produzcan movilizaciones. “Ese escenario no lo contemplo una vez que se prohíben las concentraciones”.
Hasta ahora, la postura de la Delegación había sido permitir pequeñas concentraciones de menos de 500 asistentes y en las que se respetaran las medidas anticovid. Así lo avanzó Franco el 24 de febrero, cuando dijo que, siguiendo el criterio del Ministerio de Sanidad, “rotundamente” no habría una gran protesta feminista en la capital, como la de años anteriores. Y explicó que la delegación había recibido algunas peticiones de organizaciones feministas de concentraciones pequeñas que “mantienen los parámetros exigibles” y que se comprometían a respetar la distancia de seguridad. Un portavoz de su equipo aclaró dos días después que hasta esa fecha habían sido comunicadas 45 peticiones, la mayoría en Madrid capital.
El Ministerio de Sanidad recomendó que no se celebraran manifestaciones el 8-M ante la situación epidemiológica. La ministra Carolina Darias sentenció: “Puesto que todavía estamos en situación de riesgo extremo, no ha lugar”. La ministra añadió que, para “seguir con la cultura de cuidado y prevención”, la situación actual no permite los actos del Día de la Mujer en la calle. Ahora, la Delegación hace suya esta postura y prohíbe toda concentración.
La manifestación del 8-M de 2020 ha sido objeto a lo largo del año de la pandemia de una gran polémica. Celebrada apenas una semana antes del confinamiento, cuando los riesgos de contagio del coronavirus aún no eran evidentes, desató una tormenta política y también judicial. El delegado del Gobierno fue investigado por una juez por no prohibir la manifestación del 8-M ante un posible riesgo de propagación del coronavirus. La causa fue archivada por la Audiencia Provincial de Madrid.