Es evidente que sin el consentimiento, autorización, o pedida del gobierno, Juan Carlos I, a la sazón rey emérito, no hubiera abandonado su querido país camino del lujo de Abu Dabi. Han transcurrido cien días desde la fuga para salir de los focos de sus más que seguras corruptelas, y desde entonces no hay semana que no aparezca algo nuevo relacionado con sus andanzas. Felipe VI sabe que la monarquía se ha metido en un agujero que los aplaudidores mediático-políticos del régimen no pueden sacarla pese a sus esfuerzos. Muerto el «juancarlismo» no parece que la idea de «el hijo no es lo mismo» cuaje con credibilidad en una sociedad que, entre pandemia y crisis económica, mira a la Casa Real y sus presupuestos generales con asco. La llamada justicia española, acostumbrada a exonerar y mirar para otro lado para evitar causas «reales», vive amparada en la impunidad del monarca, pero la justicia suiza no se enseña dispuesta a ejercer la misma complicidad. Cualquier condena que hubiese sería un mazazo para una institución que le debe al franquismo su regreso, y que ejercido de tapadera de un régimen que mientras cambiaba de gobiernos dejaba al poder intocable, tal y como pergeñó el dictador y sus secuaces.
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