El Régimen monárquico del 78, el de la Segunda Restauración Borbónica, es incapaz de ofrecer soluciones políticas y dialogadas al conflicto catalán, tal como ha ocurrido y sigue ocurriendo con otros conflictos sociales o políticos en el conjunto del Estado. El caso de la lucha de la ciudadanía de Murcia a favor del soterramiento del AVE a su paso por la ciudad (Gritos de «a tiro limpio» desde las pajareras del Pleno) convertido inmediatamente por el PP en un problema de orden público, con la consiguiente brutal actuación de las UIP (Unidades de Intervención Policial) es solo un ejemplo significativo, pero al que podríamos añadir una larga lista: Barrio de Gamonal (Burgos); lucha contra el narcotráfico en el barrio de Pajarillos (Valladolid); movilizaciones de la Coordinadora 25S en defensa de las libertades, etc. El Régimen viene optando desde hace años por reconducir también la cuestión catalana a un tema de orden público.
La postura del PP de oposición total al Estatut de Autonomía, aprobado por la mayoría del Parlament el 30 de septiembre de 2005, por las Cortes Generales españolas el 10 de mayo de 2006 y ratificado en Referéndum por el Pueblo de Cataluña el 18 de junio de 2006, les llevó a presentar un recurso de inconstitucionalidad ante el TC el 31 de julio de 2006; recurso firmado, por cierto, por la Sra. Soraya Saez de Santamaría, que ya apuntaba su catalanofobia, y por el Sr. Federico Trillo, que tan gratos recuerdos nos ha dejado de su paso por el Ministerio de Defensa y la Presidencia del Congreso de los Diputados.
El PP tiene una estrategia consistente en negar toda realidad social o política que sirva para empoderar a la sociedad y desarrollar un sistema de democracia real. Con ello se encuentran las diversas identidades nacionales existentes en el Estado español, porque obviamente una sociedad organizada profunda y democráticamente es una barrera a la razón esencial de la propia existencia del PP, como mafia organizada que son: la rapiña económica y el embrutecimiento de la sociedad.
El PP, como decíamos, no podía tolerar por muy democrático y escrupuloso que hubiera sido el proceso que condujo a la aprobación del Estatut de 2005 un cierto paso adelante en el autogobierno de Cataluña, y buscaron la vía del Tribunal Constitucional. Institución sin representación democrática alguna y cuya composición está especialmente condicionada por el PP, que además se negó durante años a su renovación, que la ley exigía, para precisamente contar con una mayoría favorable a sus tesis. Finalmente el TC, como era previsible, falló a favor del PP y en contra de la voluntad, no sólo del Pueblo de Cataluña, sino de la decisión de las Cortes Generales del Estado del 10 de mayo de 2006.
A partir de ese momento, era obvio que el conflicto estaba servido: Cataluña no podía dejar de defender sus derechos como Pueblo, democráticamente adquiridos.
La historia más reciente no la vamos a relatar, nos centraremos ya en la actual situación.
El Gobierno del PP viene haciendo todo lo posible -y lo imposible- para reconducir el problema político catalán al campo de la confrontación jurídico-policial-militar, partiendo de la base de que en ese escenario tienen todas las posibilidades de ganar.
La posición del President Puigdemont de convocar elecciones en Cataluña si el Gobierno Central se comprometía a retirar la aplicación del artículo 155 de la Constitución, poner en libertad a los presidentes de la ANC y de Omnium Cultural, además de paralizar las iniciativas punitivas de la Fiscalía, fue rechazada por el Gobierno español, por la misma razón de fondo: su incapacidad de moverse en el campo de la actuación político-democrática. Simplemente quieren el conflicto. Pero ya algunas voces de su bando empiezan a considerar que la aplicación del artículo 155, la aplicación del estado de excepción, no va a ser tarea fácil; que esas expectativas fantasiosas de que mediante la publicación de las medidas punitivas en el BOE la cuestión va a quedar zanjada, no son de fácil cumplimiento.
El escenario hacia el que caminamos y que anunciaba la Coordinadora 25S en la concentración del domingo 22 de octubre en la Puerta del Sol en Madrid es el de un conflicto en la calle, un conflicto de primera magnitud, de carácter histórico y cuyos resultados, si las cosas se hacen bien, pueden ser favorables al movimiento popular republicano, no solo en Cataluña, sino en el conjunto del Estado.
De la historia, de la de verdad, se puede aprender mucho, y parece que el movimiento soberanista republicano catalán la conoce bien y no está dispuesto a cometer errores similares a los de otros momentos de la historia de Cataluña, como por ejemplo la tolerancia con el incumplimiento de los acuerdos en el proceso de desarrollo del Compromiso de Caspe.
Hemos llegado a la hora de la verdad. El bloque dominante español conduce un problema político a una cuestión de confrontación en la calle, pensando que ese es el escenario más favorable para ellos. Pero ahora el Pueblo tomará con mucha más fuerza la palabra y la acción. Sentirá la responsabilidad que cae sobre sus hombros; no sólo el Pueblo de Cataluña, también el movimiento democrático en Castilla y seguro que los del conjunto de Pueblos del Estado percibirán que ha llegado la hora de la lucha por una auténtica democracia, por la República. Que es la hora de derrotar a éste Régimen podrido, liberticida y que conduce al conjunto de Pueblos del Estado, no sólo a Cataluña, a la total indigencia cultural, científica y moral.
Como en los últimos años del Régimen de la I Restauración Borbónica, están cavando su propia tumba. El futuro será República o no será.
Izquierda Castellana
Castilla a 27 de octubre de 2017