La cifra supone un descenso del 6,1% respecto al año anterior y los sindicatos insisten en que con la excusa de la crisis las empresas han dejado de lado toda política preventiva.

La provincia de León León registra en lo que va de año casi 1.800 accidentes laborales, uno de ellos con resultado mortal y otros 15 graves, según han destacado fuentes de la Consejería de Economía y Empleo de la Junta de Castilla y León, de manera que en la provincia leonesa se rompe la tendencia al alza de la siniestralidad laboral que acumula durante dos años el conjunto de la Comunidad autónoma.

En los datos por provincias, entre los meses de enero y junio de este año se consignaron exactamente 1.792 siniestros de carácter laboral, lo que supone un descenso de 41 respecto al año anterior, o lo que es lo mismo un 6,1% menos. La inmensa mayoría de ellos fueron de carácter leve.

El último informe de la Junta en la materia refleja que 17 trabajadores perdieron la vida en accidente de trabajo en el conjunto de las nueve provincias de la Comunidad durante el primer semestre del año, uno más que en el mismo periodo del año anterior.

En concreto, seis trabajadores fallecieron en Soria, cuando un año antes no había perdido la vida ninguno en ese provincia; mientras que tres se los siniestros mortales se produjeron en Valladolid; dos en Burgos y Palencia, en ambos casos; y uno en León, Salamanca, Segovia y Zamora.

Las cifras globales recogidas por Ical, constatan que entre enero y junio de este año se contabilizaron en Castilla y León 12.120 accidentes laborales, lo que supone un aumento del 4,3 por ciento.

Por sectores

El análisis sectorial constata que en cifras totales, los siniestros laborales se elevaron en la industria (3.557), un nueve por ciento; en la agricultura (834), un siete por ciento; en la construcción (1.305), un 5,7 por ciento; y en los servicos (6.424), un 1,3 por ciento.

Los accidentes graves crecieron de manera «muy alarmante» en el sector agrario (63,64 por ciento), y los mortales, en industria y construcción con un 505 y 100 por ciento, respectivamente, según un análisis exhaustivo la Secretaría de Salud Laboral y Política Social de UGT en la Comunidad.

In itinere y enfermedades

Por lo que se refiera a los accidentes in itinere, el documento elaborado por el Ejecutivo autonómico, constata que se produjeron en el primer semestre del año en la Comunidad, 1.207, con una merma del 3,3 por ciento. Sin embargo, cuatro trabajadores perdieron la vida de camino a su desempeño, el doble que en 2016.

En cuanto las enfermedades profesionales, apenas se declararon 260 en los seis primeros meses del año, aunque éstas representan un crecimiento del 7,8 por ciento respecto a los mismos meses del año anterior.

Por provincias y en cifras globales, el número de accidentes laborales bajó en Valladolid (2.487), un 6,4 por ciento; en Zamora (660); un 6,1 por ciento; en León (1.792), un 2,4 por ciento; y en Ávila (560), un 1,4 por ciento. Por el contrario, se dispararon en Soria (627), un 21,2 por ciento; y aumentaron de forma intensa en Palencia (983), un 17,4 por ciento; en Salamanca (1.620), un 12,2 por ciento; en Segovia (964), un 11,7 por ciento; y en Burgos (2.427), un 10,8 por ciento.

Un abandono de la prevención

UGT y CCOO en la Comunidad coincidieron en que las empresas han abandonado toda política preventiva y exigieron medidas que reconduzcan la situación si no se quiere una escalada constante de la siniestralidad laboral durante los próximos años.

La Secretaría de Salud Laboral y Política Social de UGT en la Comunidad recordó que viene alertando desde hace tiempo que bajo el pretexto de la crisis, «son muchas las empresas que han dejado de lado sus políticas preventivas, reduciendo cuando no eliminando por completo, las inversiones en esta materia». Asimismo, denunciaron que «las enfermedades profesionales siguen silenciadas, atrapadas en ese entramado de intereses (INSS/MUTUA) conocido y consentido por el Ministerio de Empleo».

En la misma línea, la secretaria de secretaria de Salud Laboral y Juventud, Sehila Mateos, denunció que las empresas «siguen recortando en prevención» a lo que suma como factor esencial de impulso a la siniestralidad, la temporalidad, ya que «un trabajador hoy es un panadero y mañana un albañil» con lo que no recibe la formación adecuada sobre las medidas de seguridad en el puesto.

«Las empresas no invierten en prevención», dijo, para recalcar «el estrés que genera poner siempre el foco en elevar las producciones algo que «se valora más que la prevención». «Los datos son malos y si no ponemos fin a esto, se vigila más y se implican más las empresas, no seremos capaces de evitar la siniestralidad».

Los responsables laborales de UGT también constataron que la crisis económica y las medidas que la han acompañado, «ha transformado de manera radical el modelo de relaciones laborales». «La vía elegida para salir de la crisis es una espiral de austeridad y devaluación interna en la que la negociación colectiva pierde peso, las relaciones laborales tienden a la individualización, la precariedad define un mercado de trabajo en el que la contratación temporal y a tiempo parcial y la alta rotación entre empresas ganan espacio a marchas agigantadas y las altas tasas de paro y el miedo a perder el empleo convierten en papel mojado los derechos de trabajadores», sentencian.

En este contexto, lamentan que el legislador haya decretado la «unilateralidad empresarial» como forma de gestión de la prevención en las empresas españolas, lo que «ha supuesto un coste sobre la salud y seguridad de los trabajadores».

Más medios para la inspección

En este contexto, exigen más medios y recursos para una Inspección de Trabajo que es «esencial» para el control del cumplimento de las normas, y mayor dotación para las Unidades de Seguridad y Salud, «fundamentales» para el desarrollo de campañas de control y asistencia técnica.

Asimismo, desde la central sindical demandan también mayor control de la Administración para que aquellas empresas que han sido sancionadas con carácter grave por incumplir sus obligaciones preventivas, no puedan contratar con las administraciones públicas la realización de obras y servicios.

Además, reivindican que los aspectos relacionados con la política preventiva de las empresas, así como los recursos de los que disponen y el grado compromiso con la seguridad y salud de los trabajadores, «sean elementos esenciales de cualquier proceso de licitación y posterior concesión, pública».

Un delegado territorial

Además, UGT considera «imprescindible» contar con el delegado territorial en Castilla y León, que cubra el vacío de representación específica que en estos momentos hay en el 95 por ciento de las empresas de la Comunidad, garantizando el cumplimiento de las normas preventivas en las pymes y micropymes y por tanto, incrementando los niveles de seguridad en estas pequeñas unidades productivas.

Para finalizar, defienden que para romper este «círculo vicioso de empobrecimiento y recortes pasa por poner fin a las políticas de austeridad y dar paso a una progresiva transformación del modelo productivo de nuestro país que permita la democratización de las relaciones laborales, el ejercicio efectivo de derechos, la interiorización de la cultura preventiva en las empresas y la generación de un sistema preventivo dinámico que anticipe los nuevos riesgos laborales emergentes».