Los asesinatos de las y los defensores de derechos humanos en Colombia han ido aumentando a más de 120, “es una paradoja que se realice en momentos en que se está consolidando los acuerdos de paz”, entre el Gobierno de Colombia y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – Ejército del Pueblo (FARC-EP), así lo indicó este lunes la abogada Colectivo José Alvear Restrepo, Jomary Ortegón.
Durante el programa Mientras Tanto y por si Acaso transmitido por La Radio del Sur, la abogada de los DDHH señaló que los crímenes evidencian que en el país suramericano los defensores no son asesinados por razones del conflicto armado, “sino por la existencia de practicas históricas que tiene que ver con la estigmatización de su labor, la falta de garantías y la posibilidad real de desmontar el paramilitarismo”.
La abogada Colectivo José Alvear Restrepo mencionó que los líderes políticos y sociales de la nación colombiana los han estado asesinando, igualmente se ha incrementado la persecución y homicidios contra quienes defienden el ambiente, el agua y territorios.
Aseguró que han insistido en la investigación de las muertes, sin embargo, los resultados hasta “ahora son casi nulos, solo seis casos han avanzado”.
“El paramilitarismo es una estrategia creada por el Estado colombiano en la década del 60, a pesar de las desmovilización paramilitar en el gobierno derechista de Álvaro Uribe, sabemos que no se desmontaron las estructuras económicas, políticas que daban sustentos a las estructuras armadas y un porcentaje de la misma se mantuvieron y es lo que da origen a los grupos que hoy se mantienen”, dijo.
En ese sentido, Ortegón agregó que los acuerdos de paz incluye varias medidas para avanzar en el desmonte del factor, el cual “es uno de los principales que pone en riesgo a las y los defensores de DDHH de Colombia”.
Ortegón manifestó que es grave la situación de los defensores de DDHH en América Latina, “en Brasil, Honduras, Guatemala y Perú, sus fiscalias no tienen la voluntad de querer investigar” para dar a conocer con el trasfondo de los casos de asesinatos.
“En el país se ha insistido en que desarrolle una unidad especial de la Fiscalía para investigar agresiones contra defensores”, sostuvo. De igual modo, añadió que los miles de casos de asesinatos de sindicalistas y defensores han sido desviados con otros temas.
“Es necesario que en Colombia existan protocolos que orienten a los fiscales y a la policía judiciales para que al momento de empezar a investigar tengan como primer hipótesis la labor del defensor de DDHH, de la paz, del ambiente entre otros. Esto ayudaría mucho a la investigación para que no se desvíen los casos como ha ocurrido”, manifestó.
El pasado 24 de noviembre el Gobierno colombiano y las Farc-EP firmaron un nuevo acuerdo que pone fin al conflicto bélico que ha dejado más de 260.000 muertos, decenas de miles de desaparecidos y más de seis millones de desplazados en más de 50 años de guerra.