Como era de esperar, el Pleno del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) decidió por mayoría informar favorablemente la continuidad de la central de Garoña, abriendo así la puerta a la prolongación del parque nuclear español hasta los 60 años y a una posible querella de Nuclenor en el caso de que el Gobierno decidiera no autorizar el funcionamiento, denuncia Ecologistas en Acción.
El Pleno del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) ha decidido hoy emitir un informe favorable condicionado a la continuidad de la central de Santa María de Garoña (Burgos). Se trata de una decisión esperada pero de una profunda gravedad por varios motivos, según la organización ecologista:
- En primer lugar, la central está en muy malas condiciones de seguridad, como muestran los propios informes elaborados por los técnicos del propio CSN, que imponen un gran número de reparaciones.
- El funcionamiento de la central supone un riesgo inaceptable al estar en la cabecera del río Ebro, por lo que un escape radiactivo sería catastrófico aguas abajo del ría.
- La radiactividad no conoce fronteras y los vientos dominantes empujarían la contaminación hacia el norte. Podría afectar al País Vasco, a Cantabria y quizá a Asturias.
- Resulta materialmente imposible que los miembros del pleno hayan podido conocer y comprender en profundidad el contenido de los más de 160 informes que se han sometido a su consideración en una semana. No basta la opinión favorable de la dirección general, sino que los consejeros han de tener su propio criterio.
- Una autorización no debería ser condicionada. Si la central no está en condiciones, no se debe autorizar su puesta en marcha. El CSN puede señalar las reparaciones necesarias y proceder a una nueva inspección para, en su caso, informar favorablemente.
- El informe favorable emitido por el CSN, aunque sea condicionado, abre la posibilidad de que Nuclenor reclame en los tribunales, en el caso de que el Ministerio no le otorgara el permiso de funcionamiento.
- Un informe favorable sienta dos precedentes graves: posibilita la obtención de permisos de explotación de 17 años, más de los 10 habituales, y otorga por primera vez permiso de funcionamiento hasta los 60 años, lo que puede ser aprovechado por el resto del parque nuclear.
Según Ecologistas en Acción, «el CSN se ha plegado a los designios del poder político y ha aceptado sus imposiciones con Garoña, que se ha convertido en una central clave en el debate sobre el futuro nuclear de España, a pesar de que el presidente de Iberdrola manifestó su deseo de no reabrirla».
Para Francisco Castejón, portavoz de Ecologistas en Acción, «esta central debería estar en proceso de desmantelamiento. Se han enterrado miles de horas de trabajo de los técnicos del CSN y de los propios recursos de Nuclenor para mantener un pulso sin sentido. Garoña es muy peligrosa y no debería reabrirse nunca. Por el camino ha quedado francamente dañado el CSN, que ha visto como su reputación y su independencia quedaban hechas pedazos».
PSOE
El Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista ha definido como “previsible y mala noticia” el informe favorable del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) a la apertura de la Central Nuclear de Garoña. Luis Tudanca ha recordado que ya había advertido de que este informe no significará que se llegue a abrir la central, “sino que es un traje a medida que el gobierno del PP ha querido hacer a las grandes eléctricas para por un lado romper la barrera de la vida útil del parque nuclear español” y alargarlo hasta los 60 años. Y por otro lado, Tudanca cree que a las eléctricas no les interesa Garoña sino mantener “el activo financiero en su cuenta de resultados sin abrir la central burgalesa”.
“Y el gobierno del PP que va a autorizar la apertura de Garoña sin que la central nuclear haya hecho las inversiones en seguridad que el propio Consejo de Seguridad Nuclear le había exigido desde 2014, inversiones por un valor de 200 millones de euros”, afirma el líder regional del PSOE.
En cuanto al empleo, el secretario regional socialista ha desmontado también “el engaño del PP” puesto que actualmente solo quedan 130 trabajadores, todo el empleo perdido en la central nuclear se ha producido bajo gobierno del PP”. Un engaño a los trabajadores y a los vecinos de las merindades y Miranda de Ebro puesto que el PP “también se cargó el Plan de reindustrialización alternativo”.
A juicio del también secretario autonómico, “no es un asunto ideológico, el mismo PP que ha hecho un traje a medida a las eléctricas, se ha cargado el carbón autóctono y las renovables, que generaban mucho más empleo que en el mejor de los años de la central nuclear de Garoña”.
Finalmente para desmontar “el mantra” que mantiene el Partido Popular de Castilla y León desde hace años: “No es una posición ideológica, es una posición que tiene que ver con el futuro sostenible de nuestro país, con el empleo, con la seguridad nuclear y de los ciudadanos y tiene que ver con el sistema energético que permita a las familias poder pagar las facturas de energía a final de mes, una energía más barata y más limpia”.
IU
Izquierda Unida – Equo, a través de distintas iniciativas parlamentarias, insta al Gobierno del Partido Popular a “tomar las medidas necesarias para decretar el cierre y desmantelamiento definitivo de la central nuclear de Santa María de Garoña”, la más antigua de España, que opera desde 1970 hasta su parada parcial en 2012 y con un viejo reactor fabricado por General Electric, similar a la de la accidenta central japonesa de Fukushima. Paralelamente, Alberto Garzón ha registrado una Proposición No de Ley, también con las firmas de sus diputados/as Ricardo Sixto y Eva García Sempere, en el mismo sentido.
IU-Equo señala que “la polémica decisión adoptada hoy por el CSN sienta un precedente histórico en el Estado español, primero porque se avala que una planta nuclear opere más allá de los 40 años de vida y, segundo, porque desliga la autorización para operar de la obligación de revisión integral de la seguridad de toda la instalación, que se ha de realizar cada 10 años y que ahora se extiende a los 14 años”.
Las iniciativas registrada por Sarrión y Garzón reclaman al Gobierno de Mariano Rajoy que, a partir de que dé el visto bueno definitivo a la decisión de hoy del CSN, “asuma la responsabilidad política y penal que pueda derivarse de cualquier decisión relacionada con la reapertura de la central nuclear de Santa María de Garoña”. La proposición no de ley plantea también que el Congreso de los Diputados inste al Ejecutivo del PP a “elaborar un estricto calendario para iniciar el cierre y desmantelamiento progresivo del resto de centrales nucleares que permita la implantación de energías renovables que sustituyan la energía nuclear”. Además, busca que el Gobierno central coordine “con las administraciones territoriales planes de dinamización de las comarcas afectadas por el cierre de centrales nucleares, cofinanciados por los Presupuestos Generales del Estado y las empresas propietarias de las centrales nucleares”.
Alberto Garzón tacha de “inaceptable” la maniobra orquestada por las empresas propietarias de las centrales nucleares para “alargar la vida productiva de sus instalaciones”. De igual forma, el máximo responsable de IU constata que el Consejo de Seguridad Nuclear “organismo que tiene como fin primordial velar por la seguridad nuclear y la protección radiológica de las personas y del medio ambiente, se haya puesto del lado de los intereses mercantiles de las empresas y esté dispuesto a facilitar que centrales obsoletas, como la de Garoña y las próximas a agotar los 40 años autorizados, como Almaraz, sigan funcionando para producir energía eléctrica y aumentar así los beneficios de las grandes compañías del sector”.
Izquierda Unida denuncia también, y así lo plasma en su completa iniciativa, que la actual composición del CSN “no refleja la conformación del Parlamento y de la sociedad española a día de hoy, porque está controlado por el PP, con apoyos puntuales del PSOE, y se muestra en cada decisión al servicio de los intereses económicos de las empresas propietarias”. Su objetivo es facilitar que, además de Garoña, las centrales nucleares activas (Almaraz I y II, Ascó I y II, Cofrentes, Trillo y Vandellos II) puedan seguir activas más allá de los 40 años de vida útil permitida hasta ahora. Hay que recordar que las centrales se construyeron pensando en una vida útil de 25 años, que ya fue prorrogada en su momento a 40 y ahora se pretende extender a los 60 años.
Tanto Alberto Garzón como José Sarrión coinciden en advertir de que “añadido a las importantes deficiencias que tiene Garoña está que el cementerio nuclear temporal con que cuenta toda central ya está saturado, al estar dimensionado para 40 años de vida útil. Ello obligaría a construir otro cementerio nuclear en la propia central”.
“Por todo ello, esta central carece de viabilidad alguna por mucho que lo pretendan el CSN y el Gobierno del PP. Lleva años cerrada y no se ha conocido problema alguno en el suministro eléctrico en la zona que abastece, por lo que la necesidad técnica de su suministro es totalmente irreal, salvo la del negocio para sus propietarios a costa de la seguridad de los habitantes de la zona, de las provincias limítrofes y del claro riesgo para el medio ambiente”, denuncian los parlamentarios de IU en un día «tristemente histórico como el de hoy para la defensa de los derechos de la ciudadanía frente al peligro nuclear».