Al menos 3.000 personas están investigadas o procesadas en las distintas causas por corrupción abiertas en tribunales de toda España. Esta cifra incluye tanto a quienes son llamados a declarar por un juez en condición de “investigados” (la figura que sustituye a los imputados en la nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal) como a quienes resultan finalmente juzgados. Entre ellos hay políticos y empresarios de renombre y también numerosos funcionarios y trabajadores.
Algunas de las causas llevan años en proceso de instrucción, como es el caso de los EREpresuntamente irregulares de Andalucía, con más de 250 investigados (la juez acaba de archivar por prescripción la imputación a 12 empresarios); o el caso Astapa, centrada en el Ayuntamiento de Estepona, con más de 100 investigados y ocho años de instrucción (el fiscal acaba de podir más tiempo).
Para otros ya se ha dictado apertura de juicio oral y están a la espera de que se inicie el juicio. El pasado febrero se fijó fecha, el 4 de octubre de 2016, para que se inicie el de la primera pieza del caso Gürtel.
El año 2016 ha supuesto un hito en las causas por corrupción con el muy mediático juicio del caso Nóos, que comenzó el 11 de enero con la infanta Cristina e Iñaki Urdangarin sentados en el banquillo de los acusados ante la Audiencia Provincial de Baleares.
El juez instructor consideró a la hermana del rey Felipe VI cooperadora de dos delitos contra la Hacienda Pública supuestamente cometidos por su marido y la Audiencia decidió procesarla pese a que sólo lo pidió la acusación particular. En cambio, para Urdangarin la Fiscalía pide 19 años y medio de prisión.
Además de la Infanta y del ex duque consorte de Palma de Mallorca, en esta causa hay otros 15 acusados y algunos de ellos han ocupado cargos públicos. Éste es el caso del expresidente del Gobierno balear y exministro ‘popular’ de Medio Ambiente, Jaume Matas, –que podría ser condenado a 11 años de cárcel–, o el exvicealcalde de Valencia, Alfonso Grau, que por cuatro delitos se enfrenta a un máximo de 11 años de prisión.
Agencias