Una petición de información de eldiario.es permite conocer los detalles de las 40.000 sanciones impuestas con la Ley Mordaza desde julio de 2015 hasta enero de 2016.
El Gobierno ha tramitado en ese periodo 6.217 sanciones por faltar el respeto a las fuerzas de seguridad, el segundo motivo de sanción tras el consumo de drogas.
La pena económica asociada a insultar o hablar mal a un agente de Policía ha sido de 145 euros de media.
Manifestantes en la protesta Rodea el Congreso de 2012. EFE
Desde la entrada en vigor de la Ley de Seguridad Ciudadana, más conocida como Ley Mordaza, se han tramitado 6.217 sanciones por «faltar el respeto a los miembros de las fuerzas de seguridad». Esto supone una media de 29,4 sanciones al día entre el 1 de julio de 2015, cuando entró en vigor la ley, y el 28 de enero de 2016, según datos obtenidos por eldiario.es a través de una petición de información al Ministerio de Interior.
Desde entonces, las faltas de respeto se han convertido en el segundo motivo de sanción impuesta por la aplicación de la Ley Mordaza, solo por debajo del consumo o tenencia de drogas en lugares públicos, que acumula 18.000 sanciones desde julio.
Los datos proporcionados a eldiario.es son los de expedientes sancionadores tramitados por la Administración General del Estado a través del Ministerio de Interior. Estos datos no incluyen las denuncias de las fuerzas de seguridad que todavía no han sido elevadas o fueron desestimadas por el órgano sancionador. Tampoco incluyen las de las policías autonómicas independientes, como la Ertzaintza y los Mossos d’Esquadra. Por tanto, los datos de Cataluña y País Vasco están infrarrepresentados.
Sanciones tramitadas en virtud de la Ley de Seguridad Ciudadana
El artículo 37.4 de la Ley Orgánica 4/2015, de protección de la seguridad ciudadana establece como infracción leve «las faltas de respeto y consideración cuyo destinatario sea un miembro de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en el ejercicio de sus funciones», con multas de entre 100 y 600 euros. Las multas impuestas por este motivo desde la llegada de la Ley Mordaza promedian 145 euros por sanción, según los datos analizados por eldiario.es.
«Ahora el Gobierno es juez y parte sobre una serie de infracciones que antes estaban en manos de jueces independientes», explica Joaquin Bosch, portavoz de Jueces por la Democracia. El artículo 52 de la ley establece que la «denuncia» del agente constituirá «base probatoria suficiente» para adoptar la resolución que proceda. «En el ámbito judicial la palabra del agente no es suficiente, hay que probarlo», critica Bosch.
Gracias a estas sanciones, el Gobierno podría recaudar más de 900.000 euros con las sanciones impuestas por «faltar el respeto» a las fuerzas de seguridad. Un cálculo que no tiene en cuenta los posibles pagos voluntarios de los ciudadanos, que solo abonarían el 50% si lo hacen antes de los 15 días de conocer la sanción, o las denuncias presentadas que todavía no han sido elevadas.