El TSJ ha suspendido cautelarmente el rescate a la ilegal Ciudad del Medio Ambiente de Soria orquestado por la Junta de Castilla y León mediante la aprobación de un parque empresarial. El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León suspende provisionalmente la ejecución del Decreto del ‘Parque Empresarial del Medio Ambiente’ de Soria a la espera del dictado de la sentencia en el procedimiento, que se estima pudiera producirse en este año.
Así lo ha anunciado esta tarde la propia Junta de Castilla y León a través de un “comunicado de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente” en el que, en su encabezado, no se adelanta el fallo adverso del alto tribunal regional.
En la nota, sí que se indica que “la suspensión cautelar no entra a valorar ni indiciariamente la prosperabilidad o fundamentación de fondo de la demanda formulada contra dicho Decreto por ASDEN, que queda a resultas de la decisión que se adopte en el procedimiento principal”.
La Sala de lo Contencioso-Administrativo con sede en Burgos, concluye así la pieza separada de medidas cautelares, considerando que, provisionalmente, y a fin de asegurar que la sentencia que se dictase en el procedimiento perdiese efectividad de ser estimatoria de la demanda, opta por suspender cautelarmente la ejecución del Decreto recurrido.
El procedimiento, instado por demanda formulada por la Asociación Soriana para la Defensa y el Estudio de la Naturaleza (ASDEN), prosigue así hasta la sentencia que dirimirá el fondo de la cuestión planteada. El auto, dictado con fecha 8 de febrero de 2016, expresamente argumenta que “la cautela y la prudencia” aconseja tomar esa decisión en aplicación del criterio jurídico del “periculum in mora” (que es considerar el peligro de efectividad de la ejecución de la sentencia que se dicte por el retardo en su emisión si fuese estimatoria), unido a que considera adecuado, a los intereses generales en juego, que la continuación de las actuaciones en la zona se verifique tras la valoración que haga el tribunal de la corrección de fondo del Decreto, algo que hará en la sentencia que ponga fin al proceso de fondo, que ahora sigue su curso, informa la Junta de Castilla y León.
El auto judicial señala expresamente, en uno de sus párrafos, que la anterior consideración hace innecesario entrar a valorar el requisito del “fumus boni iuris”, es decir, si hay apariencia o no de buen derecho en la entidad actora, dejando para la sentencia toda valoración sobre la adecuación a la norma del Decreto.
Para el colectivo ecologista, la aprobación del polígono industrial “es una decisión carente de todo fundamento jurídico que tiene el torticero objetivo de retrasar la asunción de responsabilidades, mantener ilusionado a un electorado incondicional, y sobre todo evitar el coste político de reconocer que se han dilapidado casi 100 millones de euros en plena crisis”.
“En el año 2010, cuando se empezó a urbanizar la Ciudad del Medioambiente (CMA) ahora denominado Parque Empresarial del Medioambiente (PEMA), ya era notable que no se necesitaba más suelo industrial en Soria, y así quedó reflejado en la Sentencia que anuló el Polígono Industrial Soria II (popularmente conocido como de los Marichalar). Existiendo ese antecedente judicial, la Junta de Castilla y León se empecinó en construir la Ciudad del Medioambiente y ejecutar la Ley “ad hoc” 6/2007 que posteriormente fue declarada contraria a la Carta Magna. Además en el año 2010 la crisis económica era una realidad y la Junta de Castilla y León empezaba a cerrar centros escolares y de salud rural, a reducir empleos públicos en la provincia, paralizar las ampliaciones de hospitales, etc.”, apuntó en su día Asden antes de insistir en que “tras la sentencia del Tribunal Constitucional, y para dar cumplimiento a la misma, lo lógico es que si realmente era necesario más suelo industrial se hubiera utilizado el mismo procedimiento administrativo que para otros polígonos industriales”.
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