Los 14 imputados en el mayor escándalo de presunta corrupción urbanística de Valladolid por haber manipulado conscientemente el Plan General de Ordenación Urbana de Valladolid (PGOU) a favor de determinados promotores, están más cerca del banquillo de los acusados.
Tras años de instrucción, el juez de Instrucción 1, José María Crespo en un auto fechado el pasado 22 de enero ha decretado ya apertura de juicio oral, aunque sin concretar fecha, para que sea la Audiencia Provincial la que juzgue al que fuera concejal de Urbanismo del PP, José Antonio García de Coca, la cúpula de urbanismo municipal, así como los empresarios que se beneficiaron de la presunta actuación ilegal de los mismos.
En este caso, la Fiscalía de Valladolid solicita inicialmente una pena de cuatro años de prisión y más de 40 de inhabilitación para el ex concejal de Urbanismo, José Antonio García de Coca, al considerarle autor de cuatro delitos de prevaricación, otro de falsedad y uno más contra el patrimonio.
García de Coca, no estará solo en el banquillo. Junto a él se sentarán otras 13 personas, entre ellos, la cúpula municipal de Urbanismo: el arquitecto Luis Álvarez Aller y el ex jefe del área de Urbanismo, Modesto Mezquita, para quienes el Fiscal también solicita idéntica pena de prisión. Para otro de los acusados, el ex jefe del servicio de Planeamiento, José Luis Cerezo Bada, también se solicitan cuatro años de prisión, aunque en este caso como responsable de un delito de falsedad y dos más de prevaricación.
La Fiscalía entiende que los acusados actuaron “en provecho de determinadas personas y empresarios, aprovechando el control que ejercían en el ámbito de la concejalía y el Área de Urbanismo”, procedieron a “manipular determinados artículos de la normativa y planos, para posibilitar a aquellos la obtención de un mayor rendimiento económico en sus actividades inmobiliarias”.
El escrito de la Fiscalía, también incluye peticiones de dos años y medio de prisión a los empresarios Gonzalo Jolín, relacionado con una operación inmobiliaria en la Avenida Madrid; Ramón Herrero Merino, administrador de Área Especial, S.L, junto con María Pilar López Mazariegos y Francisco Capellán Barbado, relacionados con la construcción del hotel de cinco estrellas Marqués de la Ensenada en los terrenos de la antigua fábrica de harinas La Perla, a quienes se señala como inductores en un delito de falsedad y otro de tráfico de influencias.
Para José Ángel Astorga y Antonio Roberto Pastrana, socios de Parkosa, solicita dos años de prisión para cada uno por sendos delitos de tráfico de influencias, mientras que para los hermanos José Luis y Eduardo Javier González Torres y José Luis Mayordomo (expresidente del Baloncesto Valladolid), socios los tres de Grupo Capitol, les imputa un delito de tráfico de influencias y se expone cada uno a ocho meses de prisión.
El sacerdote Lino Collazos del Castillo, relacionado con la operación del aparcamiento de Cáritas, también esta acusado, en este caso de un delito de falsedad y otro de tráfico de influencias.
La Fiscalía solicita en su escrito provisional de calificación que en el juicio de este caso comparezcan en calidad de testigos varios ex concejales del PP en el Ayuntamiento de Valladolid, además del ex alcalde, Javier León, quien llegó a estar imputado en este caso.
Además del ex alcalde, pieza clave de este caso al haber presidido las juntas de gobierno local en las que se adoptaron distintos acuerdos relacionados en esta causa, se pide la comparecencia como testigos de los ex concejales Tomás Punzano, Maria Luisa Ramírez, José Carlos Muñoz Mateo y Manuel Sánchez, así como el secretario general del Ayuntamiento, Valentín Merino.
Además de una extensa prueba documental, la Fiscalía solicita que antes del juicio se designe un perito con el fin de que sea el encargado de cuantificar los beneficios que se pretendían obtener en determinadas operaciones urbanísticas que forman parte de esta causa con el fin de poder determinar las cuantías de las multas a imponer por los delitos de tráfico de influencias señalados.
Las penas solicitadas en el escrito de calificación provisional de la Fiscalía son inferiores a las solicitadas por la Federación de Asociaciones de Vecinos Antonio Machado, que ejerce la acusación particular en este caso. Para los principales acusados se solicitan 6 años de cárcel por los cuatro que pide el Ministerio Público.
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