La Infanta Crisitina comenzará el año 2016 sentándose en el principal juicio previsto para este nuevo ejercicio y el más esperado de los últimos años, el del caso Nóos, que empezará próximo 11 de enero.
Hasta 18 acusados se sentarán en el banquillo y, entre ellos, la Infanta Cristina y su marido, Iñaki Urdangarin, como principales procesados en el marco de una vista oral que, de no producirse un pacto inicial con las acusaciones, prevé prolongarse hasta el 30 de junio.
Seis meses durante los cuales será objeto de juicio el presunto desvío de 6,2 millones de euros públicos de los que se habrían apoderado tanto Urdangarin como su exsocio Diego Torres, a través de una compleja maraña de empresas ficticias con el Instituto Nóos como epicentro de la trama. La Fiscalía Anticorrupción reclama más de cien años de cárcel para catorce de los acusados, 19 y medio de ellos para el marido de la Infanta y 16 y medio para Torres.
Por su parte, la hermana del Rey Felipe VI se enfrenta a una petición de ocho años de prisión como cooperadora necesaria de dos delitos fiscales, una solicitud que formula el sindicato Manos Limpias, única acusación del proceso que ejerce acciones penales contra Cristina de Borbón.
La entidad considera que el papel de la Infanta fue imprescindible para que su marido defraudase hasta 337.138 euros en las cuotas del IRPF correspondientes a los años 2007 y 2008 a través de la empresa de la que ambos son copropietarios, Aizoon, y que constituía una de las mercantiles pantalla que integraban el conglomerado empresarial urdido por Urdangarin y su exsocio.
EL ESTADO NO VE INDICIOS Por su parte, el Ministerio Público considera que no existen sobre ella indicios de haber cometido delito alguno, si bien sostiene que esta habría obtenido un beneficio o aprovechamiento ilícito de los fondos supuestamente defraudados por su marido.
De hecho, durante la primera sesión de la vista -que podría prolongarse hasta el 12 de enero-, en la denominada fase de cuestiones previas la defensa de la Infanta planteará que se le aplique la llamada doctrina Botín, que impide juzgar a alguien si únicamente le acusa quien ejerce la acción popular -en este caso Manos Limpias-, y no la Fiscalía o el perjudicado por el delito cometido -la Agencia Tributaria no acusa a la Infanta-. La hija de don Juan Carlos deberá por tanto sentarse en el banquillo al menos durante los primeros días.
Cabe recordar que durante la instrucción de la causa se llevó a cabo una intensa investigación que, a lo largo de ocho meses, conllevó el rastreo de todas las cuentas corrientes de la Infanta, de todos sus bienes muebles e inmuebles, fondos de inversión, activos financieros y depósitos, tanto a nivel nacional como internacional, con la solicitud de numerosos informes a la Agencia Tributaria, al Grupo de Delincuencia Económica de la Policía Nacional y a registros de la propiedad. Ello derivó en su citación como imputada el 8 de febrero de 2014.
La vista oral prevé generar además una masiva expectación mediática: hasta 590 periodistas, técnicos y gráficos así como 84 medios de comunicación de ámbito nacional e internacional ya se han acreditado para dar cobertura al macrojuicio. El juicio se celebrará en una sala del edificio de la Escuela Balear de Administración Pública (Ebap), ubicada en el Polígono Son Rossinyol de Palma y cedida por el Govern ante el gran número de partes personadas.
Asimismo, está previsto que declaren un total de 363 testigos, entre quienes se encuentran el exvicepresidente del Gobierno, Rodrigo Rato, el exalcalde y expresidente de la Comunidad de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón, su homólogo en la Generalitat Valenciana, Francisco Camps, y exaltos cargos de Zarzuela como Carlos García Revenga y Alberto Aza. También fue propuesta la comparecencia de Felipe VI por parte de Torres, si bien el tribunal encargado de juzgar la causa respondió que por Ley no está obligado a declarar.
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