En el Informe Anual de la Coordinadora para la Prevención y Denuncia de la Tortura (CPDT) sobre la Tortura en España en 2014, Castilla y León aparece con 16 situaciones y 39 personas afectadas. Castilla y León es una de las cuatro Comunidades autónomas donde se registra un incremento respecto a 2013, debido a la represión policial de la protesta del barrio burgalés de Gamonal y del 2 F en Valladolid. El número total de situaciones recogidas en el Informe es de 195 en las que se produjeron agresiones, torturas y/o malos tratos a 962 personas.
El Informe de la CPDT, de la que forma parte la Subcomisión de Penitenciario del Consejo General de la Abogacía Española, que representa a nivel nacional, el letrado y coordinador de Valladolid, José Alberto Blanco, y OTEANDO (Observatorio para la Defensa de los Derechos y las Libertades), formado por un grupo de abogados y médicos vallisoletanos, ha sido presentado este fin de semana en Sevilla, a donde se desplazó el abogado Jaime Sáez, del citado observatorio.
En Castilla y León se han registrado 16 situaciones y 39 personas afectadas durante el año 2014. La mayoría relacionadas con la represión policial de las protestas que en enero de 2014 tuvieron lugar en Gamonal (Burgos) en contra de la construcción de un bulevar; obras a las que finalmente tuvo que renunciar el Ayuntamiento. También la brutal carga del 2 de febrero del año pasado en la calle San Lorenzo de Valladolid tiene que ver con el incremento de los casos en la Comunidad autónoma. En concreto de las 39 denuncias, 19 tienen su origen en Burgos y 13 en Valladolid. El resto proceden de las provincias de Ávila (3), Palencia (1) y Salamanca (2 situaciones y 3 afectados)
Se trata del undécimo año consecutivo que la CPDT presenta su informe anual sobre los casos de tortura, malos tratos y muertes bajo custodia conocidos en el Estado español. En este trabajo presentamos las denuncias que entran dentro de la definición de la Convención de la ONU: «Se entenderá por tortura todo acto por el cual se inflija intencionadamente a una persona dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, con el fin de obtener de ella o de un tercero información o una confesión, de castigarla por un acto que haya cometido o se sospeche que ha cometido, o de intimidar o coaccionar a esa persona o a otras, por cualquier razón basada en cualquier tipo de discriminación, cuando dichos dolores sean infligidos por un funcionario público u otra persona en el ejercicio de funciones públicas, a instancia suya o con su consentimiento» (Convención de las ONU contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes. Aprobada por el Plenario de la ONU el 10 de diciembre de 1984. Ratificada por el Estado español, entró en vigor en España en octubre de 1987).
«Estas agresiones se produjeron sobre personas bajo custodia de los funcionarios (comisarías, cuarteles, prisiones u otros centros de privación de libertad) y/o en el transcurso de intervenciones policiales (represión de manifestaciones, etc.). Estas cifras no coincidirán con el número de causas penales abiertas por tortura y/o malos tratos, dado que un mismo caso o situación puede dar lugar a una o a varias causas judiciales. Como en años anteriores, no se han tenido en cuenta todas las denuncias de torturas y/o malos tratos de las que se tuvo conocimiento durante el año 2014: algunas han sido excluidas del informe por petición expresa de las personas afectadas, otras porque la información recibida era insuficiente o no estaba totalmente contrastada. También hay que tener en cuenta que un importante número de casos de tortura y/o agresiones de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (FCSE) o Funcionarios de Instituciones Penitenciarias (FIIPP), no se denuncian nunca, ni ante los tribunales de justicia ni ante ninguna otra instancia, pública o privada, especialmente por parte de colectivos como el de las personas migrantes y/o presas, u otros de especial vulnerabilidad social como las personas sin hogar, etc.», informa la CPDT.
En los 11 informes presentados por la CPDT entre los años 2004 y 2014 se han conocido 2.931 situaciones en las que 7.582 personas se vieron afectadas. Los informes pueden verse en http://www.prevenciontortura.org .
Respecto a los últimos 4 años, la Coordinadora para la Prevención y Denuncia de la Tortura avanza que aquellos en los que ha habido más movilizaciones sociales (el 2011 y el 2012 en torno al 15M y el 2014 en torno a las movilizaciones de protesta y solidaridad por Gamonal y el desalojo de Can Vies, han supuesto los de mayor número de personas afectadas en toda la serie de datos recogida por los informes de la CPDT.
Distribución geográfica
«Como desarrollamos en el informe completo, la distribución territorial de las personas y entidades que configuramos la CPDT es desigual y esto implica que los datos recabados son superiores en aquellos territorios donde sí tenemos una implantación, en detrimento de aquellos otros territorios en los que no. Es por ello que insistimos tanto en recordar que las situaciones aquí presentadas son sólo una parte de la realidad, una parte limitada por varios aspectos que comentamos en el propio informe», dice la Coordinadora.
La distribución territorial de las situaciones y personas afectadas son: Andalucía: 29 y 221. Aragón: 6 y 6. Asturias: 4 y 5 .Cantabria: 0 y 0. Castilla La Mancha: 2 y 3 . Castilla y León: 16 y 39. Catalunya: 25 y 277. Ceuta: 2 y 35. Euskal Herria: 10 y 14 . Extremadura: 2 y 3 . Galiza: 12 y 21. Illes Balears: 7 y 8. Islas Canarias: 7 y 21. La Rioja: 1 y 2.Madrid: 35 y 144. Melilla: 17 y 121. Murcia:6 y 11. País Valencia: 14 y 31.
«Esta distribución territorial que hemos presentado puede resultar poco esclarecedora para conocer la incidencia real de la práctica de la tortura, al no tener en cuenta el número de habitantes de cada nación y, por lo tanto, la incidencia real de esta práctica en cada una de ellas según el número de casos por habitante. Estos otros análisis, así como el desglose por provincias de las situaciones y denuncias conocidas pueden consultarse en el informe completo. Además, dada la importancia de las denuncias recibidas desde la Frontera Sur (especialmente Ceuta y Melilla), en el informe se incorporan un análisis de la situación específica de esta área geográfica», señala la CPDT.
La distribución según las circunstancias de la persona agredida es la siguiente: Movilizaciones sociales: 53 situaciones y 450 personas afectadas. Migrantes : 47 y 355).
Personas presas: 36 y 64. Personas menores: 6 y 14. Otras situaciones: 52 y 83.
Despliegue policial en las calles de Gamonal contra los vecinos. Foto: Álvaro Alonso.
Detención incomunicada
La CPDT subraya que «por cuarto año consecutivo se produce una importante disminución en el número de denuncias por tortura en situaciones de detención Incomunicada. Sin embargo, pese a la disminución en número absoluto, siguen existiendo este tipo de denuncias por malos tratos y vejaciones en esta situación de detención incomunicada, lo que nos lleva, una vez más, a exigir su abolición. En este informe, además, incluimos un resumen del estudio Incomunicación y tortura, publicado precisamente en 2014. En segundo lugar observamos que se triplica el número de personas migrantes que sufren este tipo de agresiones respecto al informe del año anterior (la preocupación por este incremento nos lleva también a publicar un análisis sobre los vuelos de deportación). En tercer y último lugar, queremos señalar el importante incremento de las denuncias por agresiones en el transcurso o con motivo de movilizaciones sociales respecto al año anterior: en número totales, las 450 denuncias de 2014 suponen un incremento frente a las 251 del 2013 y una disminución frente a los 591 del 2012. Pero en el 2014 el incremento en el número de personas afectadas se produce al mismo tiempo que se reducen el número de situaciones conocidas: de las 66 situaciones y 251 personas afectadas de 2013, pasamos a los 53 casos y 450 personas de 2014. Esto nos lleva a pensar que la gente sigue denunciando las agresiones sufridas durante grandes movilizaciones, pero cada vez menos denuncia aquellas otras sufridas en otras protestas de menor calado«.
«El hecho», añade la CPDT, «de que una persona pueda pertenecer a dos categorías a la vez (menor/migrante, migrante/movilización social, etc.) supone que la suma de las personas afectadas en cada categoría supere el total de personas recogido en el informe. Los porcentajes se han obtenido sobre el total de personas afectadas, incluidas las duplicidades. 3 57 denuncias en 2010, 18 denuncias en 2011, 3 en 2012 y 3 en 2013»
Según funcionarios denunciados en 2014 , al Cuerpo Nacional. 89 situaciones y 315. A la Guardia Civil; 18 y 271. A Policías Locales: 29 y 44 . A Funcionarios de Prisiones: 34 y 57. A Personal de Centros de Menores: 1 y 2. Y al Ejército: 1 y 1. Además hay que sumar los funcionarios denunciados de las Policías Autónomicas: Ertzaintza , Foral Navarra , Mossos d’Esquadra, P. Autónoma Canaria y P. A. País Valencia.
Movilizaciones sociales y migrantes
Igual que en 2013 se confirma la situación vista al hablar de las movilizaciones sociales y las personas migrantes: la reducción de situaciones va acompañada de un incremento de las personas afectadas. La única excepción a estas dinámicas se da en el caso de las personas presas, puesto que el incremento del número de denuncias no se acompaña de un incremento de las denuncias contra los funcionarios de prisiones. Esto responde al importante incremento de las agresiones sufridas por las personas presas durante los traslados, cuando están bajo custodia de la Guardia Civil, siempre según la CPDT.
En el informe completo, se presentan otros cuadros con el reparto territorial de las denuncias según el cuerpo denunciado que permite visibilizar la incidencia real de las denuncias recibidas por las policías autonómicas en cada territorio, así como evaluar mejor la incidencia que tienen las denuncias según las competencias correspondientes que tiene cada policía.
Muertes bajo custodia del Estado
En el año 2014, la Coordinadora tuvo noticia del fallecimiento de 50 personas mientras se encontraban bajo custodia de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (FCSE) o del personal de algún otro espacio de custodia público, o por su actuación directa durante intervenciones policiales (por ejemplo, por efecto de sus disparos). A estos datos habría que añadir una persona a la que algunas fuentes dan por muerta, pero cuyo cuerpo no ha sido hallado, por lo que es considerada “desaparecida” (así consta en las estadísticas).
«Según los datos que nos constan en la Coordinadora para la Prevención y Denuncia de la Tortura (CPDT), desde el 1 de enero de 2001 hasta el 31 de diciembre de 2014, hemos tenido constancia directa de 586 fallecimientos en estas circunstancias y si bien somos conscientes de que muchas de ellas no merecen reproche penal e incluso que algunas de ellas responden a accidentes “inevitables”, creemos que otras responden a negligencias, a fallos en la salvaguarda del derecho a la salud y la integridad física de las personas bajo custodia o a las propias condiciones higiénico sanitarias de la misma, motivos que nos llevan a preguntarnos cuándo y cómo se pondrá fin a esta situación. En nuestro informe distinguimos dos grupos principales de muertes: las ocurridas en privación de libertad (24 personas) y las ocurridas en la vía pública (un total de 26 personas), incluyendo en este último apartado tanto las vallas de Ceuta y Melilla como el mar, cuando las muertes son el resultado de una intervención de las FCSE españolas», dice la CPDT.
Respecto al cuerpo custodio a la hora del fallecimiento, los datos del 2014 se desglosan de la siguiente forma: Funcionarios de Prisiones: 18 ; CNP: 6; Guardia Civil: 19 ; P. Local 3; Mossos d’Esquadra: 3. Funcionarios Centro menores: 1.
«Somos conscientes de que muchas de estas muertes no merecen reproche penal e incluso que algunas de ellas responden a accidentes “inevitables”, pero también creemos que otras responden a negligencias, a fallos en la salvaguarda del derecho a la salud y la integridad física de las personas bajo custodia o a las propias condiciones higiénico sanitarias de la misma, motivos que nos llevan a preguntarnos cuándo y cómo se pondrá fin a esta situación. Además el informe completo también incluye una reflexión sobre la incidencia que las reformas legales puede haber tenido sobre la denuncia de violaciones de Derechos Humanos, un resumen de las recomendaciones internacionales sobre esta materia publicadas en los últimos años y una crítica sobre la aplicación del Plan Nacional de Derechos Humanos en este ámbito concreto», concluye la Coordinadora para la Prevención y Denuncia de la Tortura.
La CPDT está compuesta por: ACAT (Acció dels Cristians per l’Abolició de la Tortura) / Alerta Solidaria / APDH Andalucía / Asociación para la Defensa de los Derechos de la Infancia / Asociación Apoyo / Asociación Concepción Arenal / Asociación Contra la Tortura / Asociación Libre de Abogados / Asociación Libre de Abogados de Zaragoza / Associação Contra a Exclusão pelo Desenvolvimento / Associaciò Memoria contra la Tortura / Associaciò Catalana per a la Defensa dels Drets Humans / Behatokia (Observatorio Vasco de Derechos Humanos – Euskal Herriko Giza / Eskubideen) / CAES (Centro de Asesoría y Estudios Sociales) / Campaña por el cierre de los CIE´s / Centro de Documentación Contra la Tortura / Comissiò de Defensa del Il.lustre Col.legi d’Advocats Barcelona / Comissió de Defensa del il.lustre Col·legi d’Advocats de Girona / Comisión de Derechos Humanos del Ilustre Colegio de Abogados de Balears / Comisión Legal Sol / Comité Anti-Sida de Lugo / Coordinadora Contra la Marginación de Cornellá / Coordinadora de Barrios /Coordinadora Estatal de Solidaridad con las Personas Presas / Esculca (Observatorio para a Defensa dos Direitos e Liberdades) / Eskubieak (Eskubideak Euskal Abokatuen Elkartea) / Etxerat! (Euskal Errepresaliatu Politikoen Elkartea) / Exil / Federación de Asociacions de Loita contra a Droga / Federación Enlace / Grupo de Acción Comunitaria (CAC) / Grupo 17 de Marzo (Sociedad Andaluza de Juristas para la Defensa de los Derechos Humanos) / Independientes / Iridia. Servicio de Atención y Denuncia ante situaciones de Violencia Institucional / Jaiki-Hadi / Justicia y Pau / Movemento polos Dereitos Civis / Observatori Sistema Penal y DD. HH. / Oteando (Observatorio para la defensa de los derechos y las libertades) / PreSOS Galiza /Rescat / Salhaketa Bizkaia / Salhaketa Gasteiz / SOS Racisme Catalunya / Subcomisión Penitenciaria del CGAE / Torturaren Aurkako Taldea / Xustiza e Sociedade de Galicia