Stop Desahucios cumple tres años en León donde ha actuado en 245 casos, logrando que sólo uno de los afectados no tenga solución habitacional / Las ejecuciones por alquiler crecen un tercio.
Un colectivo cuya presencia, lamentablemente, sigue siendo necesaria en la actualidad en una provincia donde el año anterior se registraron un total 509 ejecuciones, siendo especialmente relevante el incremento, hasta en un tercio, de las ejecuciones por alquiler en la provincia de León.
De ahí la necesidad de crear un parque de viviendas social en León que, con el 18% del total, es la séptima provincia española con más vivienda vacía. “En total 60.000 viviendas que podían ser cedidas a las muchas personas que están en riesgo de perder su vivienda ante la imposibilidad de pagar la hipoteca o el alquiler o las muchas que viven en riesgo de exclusión”.
Así lo ha puesto de manifiesto este lunes la portavoz del colectivo, Elisa Rapado, que entiende que de nada sirve el acuerdo entre el Sareb y la Junta de Castilla y León ya que, “además de llegar tarde”, tan sólo pone a disposición un centenar de viviendas en una Comunidad donde hay 240.000 que podrían ser habitables.
Stop Desahucios exige la creación de un parque de viviendas social.
Balance del colectivo
Un colectivo que a lo largo de su historia ha intervenido en 245 casos, logrando que tan sólo uno de los afectados no haya encontrado hasta el momento una solución habitacional, un vecino de La Virgen del Camino que hace apenas unos meses se vio obligado a abandonar su vivienda y para el que actualmente están buscando una solución.
Tres años en los que, según remarcó Rapado, han conseguido importantes progresos gracias a la presión de las plataformas, no sólo en la conquista del derecho de la viviendo sino también la mirada de la sociedad.
“Han cambiado algunas realidades, disposiciones y la mirada con la que la sociedad acoge a los que corren el peligro de ser desahucios. Nadie piensa ahora que el que no puede pagar su hipoteca o el alquiler es un ladrón, un criminal o un caradura”, remarcó Rapado, que insiste en la necesidad de concienciar a la sociedad que son personas “estafadas ante un sistema injusto que antepone los derechos de los bancos a las personas”.
Su próximo reto, evitar que Mustafá, un vecino de la capital con dos menores a su cargo, se vea abocado a perder su vivienda en apenas unos días y seguir al frente de una lucha que también se centrará en promover la empatía frente a la estigmatización de personas que, según recuerdan, hace una década se desenvolvía en una clase media y ahora, «a causa de una nefasta política», están al borde de perder su vivienda.