Una mujer víctima de violencia de género y con tres hijos se queda sin casa

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María Ángeles García Santana tiene 47 años, está separada y es víctima de violencia de género. Tiene tres  hijos a su cargo y un nieto, además de un hipoteca a la que no puede hacer frente después de que su exmarido decidiera abandonarla sin hacerse cargo de nada. Este jueves, en el Juzgado de Primera Instancia número 4 de Ávila se subastó su casa, que fue adquirida por la misma entidad bancaria, Banco Santander (Banesto), por el 70 por ciento del valor total de la vivienda.

Angelines, así la conocen todos, ha estado más de tres años desempleada y ahora ha conseguido un contrato de tres horas que le impide pagar una hipoteca de más de 600 euros al mes. Está sola ante esta deuda, ya que su expareja, al que denunció por maltratos, ni siquiera se hace cargo de la pensión de sus hijos.

En 2013 solicitó por primera vez la dación en pago y el alquiler social. «Me la rechazaron porque mi expareja no quiso llevar ningún papel», afirma. «La volví a solicitar al año, yo sola, para ver si al menos mi parte quedaba exenta de ser pagada, pero tampoco han hecho nada –afirma la afectada-. Me trataron como una verdadera mierda y no nos echaron del banco porque no pudieron».

«Seguiremos dando lucha hasta que el cuerpo aguante», aseguró este jueves, delante de los juzgados. Pierde su casa, pero sigue manteniendo una deuda de más de 50.000 euros con el banco. El viernes, en la asamblea de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca de Ávila, se decidirá cuáles son los siguientes pasos a dar, ya que ahora toca negociar con la entidad para que, al menos, no arrastre su parte de la deuda.

Después de ser víctimas de violencia de género y llevar tres años pagando la hipoteca ella sola, García Santana asegura que no ha contado con la ayuda de ninguna administración. Acudió al servicio 012 de Castilla y León dirigido a mujeres víctimas de violencia de género y le respondieron que le podrían ayudar más en la Plataforma de Afectados por la Hipoteca.

En representación de este colectivo, David Rufes reclama medidas concretas «para que situaciones como las de Angelines no se produzcan y se puedan solucionar, o bien haciendo presión a las entidades bancarias, o bien buscando una dación en pago o un acuerdo económico para que ella tenga una solución habitacional».

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