La Comunidad de Madrid sufre un atasco en la tramitación de las ayudas de la dependencia.
La incorporación el pasado 1 de julio al sistema de 34.000 dependientes moderados ha provocado un notable incremento en la lista de espera, que se ha elevado desde el 5,5% hasta el 24% en tres meses. En concreto, a 30 de septiembre de este año un total de 30.578 madrileños con derecho a prestación se encontraban a la espera de ser atendidos frente a los 5.222 existentes en junio, lo que suponen 25.356 personas más, según los datos oficiales publicados por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.
El pasado mes de junio 88.582 madrileños recibía su prestación de un total de 93.804 con derecho. Fruto de los recortes que se han producido en la Ley de Dependencia de 2007, la incorporación de este colectivo al sistema se llevaba retrasando tres años. Así lo decidió en diciembre de 2011 el Gobierno de Mariano Rajoy al llegar a Moncloa, que en 2012 paralizó de nuevo la inclusión. Estas personas afectadas tienen un grado de dependencia (Grado I) más leve y por aquellas fechas ya habían sido examinadas y tenían reconocida su prestación.
La Comunidad podía haber empezado a tramitar los expedientes unos meses antes para no retrasar las ayudas de estas personas. Los trámites son lentos y se podrían alargar hasta seis meses», señalan desde el Colegio de Trabajadores Sociales de Madrid, que advierten que muchas de estas personas sufrirán la pérdida de prestaciones: «Actualmente los ayuntamientos están ayudando a muchos de los afectados y proporcionándoles más servicios de los que les corresponderían. Por ejemplo, si alguien disfrutaba de la ayuda para centro de día y domicilio, ahora tendrá que elegir entre una de las dos«. Los servicios más demandados por los madrileños dependientes son cuidados familiares (30,4%), residencia (23,5%) y ayuda a domicilio (21,7%), según datos del Observatorio de la Dependencia.
El último Observatorio de la Dependencia señala que la Comunidad de Madrid ha dejado de recibir del Gobierno 145,4 millones de euros entre 2012 y 2014, lo que la situó como la tercera autonomía más afectada por los recortes estatales sólo por detrás de Andalucía (342) y Cataluña (240). «Los recortes del Gobierno en el sistema de financiación fueron especialmente perjudiciales en esta Comunidad para las personas dependientes dados los elevados precios de mercado de los servicios en la misma«, señala el documento.
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