El conflicto laboral en la compañía editorial leonesa Grupo Everest está comenzado a crear amargas consecuencias. Después de que los 320 empleados de la plantilla lleven siete meses sin cobrar y dos huelga, algunos de ellos ya se han visto obligados a echar mano de los fondos de la caja de resistencia, que se creó para utilizar en situaciones de riesgo.
El presidente del comité de empresa de Grupo Everest, Enrique Reguero, que ha mantenido este miércoles un encuentro con el coordinador federal de Izquierda Unida, Cayo Lara, que ha visitado León, ha explicado que algunos de los empleados ya se han tenido que recurrir a esa ayuda para pagar “recibos devueltos”.
Además, ha asegurado que dos de los trabajadores se enfrentan ahora a procesos de desahucio, por lo que ha calificado la situación de “alarmante”. Mientras tanto, el comité ya conoce el auto judicial sobre el concurso de acreedores, aunque ha señalado que la propia plantilla estudia ahora la posibilidad de crear una cooperativa para mantener la actividad en la empresa.
Según Reguero, en el autor no se especifica si se contempla a Grupo Everest como un conglomerado de empresas o, tal y como pretende el comité, como una única empresa, lo que favorecería la entrada de un comprador como posible solución. Además, según ha indicado, se plantea desarrollar un expediente de regulación de empleo, aunque no concreta si “de extinción, de suspensión o de liquidación del grupo”, aunque sospechan que se refiere a la “suspensión de prácticamente el cien por cien de los trabajadores”.
«Rentas entre propias empresas»
Por otro lado, ha asegurado que este martes ha habido un encuentro con una de las empresas “pequeñas” del Grupo, Everest de Comunicación y Everehouse, que “es donde están todos los inmuebles” y que constituye “uno de los sistemas que tiene este grupo para pagarse rentas entre las propias empresas”. “Los acreedores no cobran, los trabajadores no cobra, pero esto está bastante al día”, ha afirmado.
En el caso de esta empresa en la que se enmarcan los activos, “se pude la extinción como un despido colectivo y objetivo de todos los trabajadores, que son los propios propietarios, que se despiden como trabajadores, pero no como propietarios”. Esta situación representa que “puede haber un inversor y que hay una posible solución o que pueda haber un cierre patronal”. “Despedirse los propios propietarios es difícil entenderlo o es que juegan a especular y a llevarse más dinero”, ha indicado.