El próximo lunes, 27 de abril, será recordado en la historia de Valladolid como el día en que, por primera vez en la historia democrática de la ciudad, el alcalde de la ciudad se sentó en el banquillo de los acusados para responder de un presunto delito de desobediencia a los tribunales.
A las 9,30 horas de la mañana está programado el inicio de la vista oral contra Javier León de la Riva en los juzgados, a donde está previsto que llegue andando “para transmitir una imagen de normalidad” y donde le estarán esperando los vecinos que, convocados por la Federación de Asociaciones de Vecinos ‘Antonio Machado’, le recordarán con carteles algunas de sus muchas tropelías y guardarán silencio mientras dure el juicio para evitar su posible suspensión.
Javier León de la Riva, que en los últimos días ha repetido hasta la saciedad que está “tranquilo” para enfrentarse al juicio que le espera aunque “no sea plato de gusto”, tendrá que demostrar ante la juez que no retrasó de forma deliberada la ejecución de las obras para devolver a la legalidad las ejecutadas ilegalmente en el edificio donde él mismo tiene fijada su residencia. Pese a que él siempre se ha escudado en supuestas “dificultades técnicas” para ejecutar los trabajos, lo cierto es que va a resultarle especialmente complicado explicar porqué unas obras que se podrían haber ejecutado en tan sólo cinco meses terminaron durando 5 años.
También va a resultar complicado poder esquivar los cinco requerimientos que el tribunal le hizo para obligarle a ejecutar las obras que tanto se retrasaron.
En caso de ser condenado, de forma automática, Javier León quedaría incapacitado para encabezar la lista que el PP, pese a su imputación, ha presentado a las próximas elecciones municipales.
Para Javier León de la Riva, la Federación de Asociaciones Vecinales solicita una pena de 2 años de inhabilitación especial para ejercer cargo público, 90.000 euros de multa y pago de las costas judiciales; y la Fiscalía, 15 meses, 15.000 euros y costas.
En el escrito de acusación de la Federación de Asociaciones Vecinales, se recuerda que “el acusado, Francisco Javier León de la Riva, estaba obligado y era personalmente responsable de dar cumplimiento a la sentencia que había dictado la Sala de lo Contencioso-Administrativo el día 28 de abril de 2008 anulando las licencias concedidas para rehabilitar el edificio situado en la Plaza de Zorrilla, de Valladolid, con vuelta a las calles Santiago y María de Molina”, y que “a pesar de los sucesivos requerimientos del Tribunal, que llegó a requerirle hasta en cinco ocasiones bajo apercibimiento de poder incurrir en responsabilidad penal, no le dio cabal cumplimiento hasta después de haber formulado el Fiscal la denuncia que ha dado origen a este proceso”.
En el mismo escrito la Federación dice que “el señor León de la Riva era, como Alcalde, la persona encargada de dar cumplimiento a la sentencia, porque a él le corresponde el gobierno y la dirección del Ayuntamiento [artículo 21.1.a) de la Ley de Bases de Régimen Local], porque el Ayuntamiento jamás comunicó al Tribunal que fuera otro órgano el responsable del cumplimiento de la sentencia y porque reiteradamente la Sala le ordenó que la cumpliera, incluso con el apercibimiento de que podía incurrir en responsabilidad penal si así no lo hiciese”.
La Federación recuerda “las reiteradas negativas del acusado (que además de alcalde era adquirente de una de las viviendas y vicepresidente de la entidad inicialmente propietaria de la totalidad del edificio antes de la rehabilitación, Caja Duero), a dar cumplimiento a lo ordenado” y destaca alguna especialmente llamativa, como la que hace referencia a la actuación de su mujer en cierto momento del procedimiento: “Poco después de ser dictada la sentencia, el día 26 de mayo de 2008, la esposa del acusado, doña María Mercedes Rafael Santamaría, solicitó del Tribunal que declarase la nulidad de todas las actuaciones, invocando su condición de copropietaria de una de las viviendas del inmueble, por pertenecer a la sociedad de gananciales y no haber sido parte en el proceso, pretensión que fue rechazada por auto de 16 de julio de 2008”.
La conclusión de Federación es clara: “Se ha tardado, pues, cinco años en ejecutar unas obras cuya duración normal sería de cinco meses (plazo fijado por ‘Núcleo, S.A.’ si se hubiesen ejecutado simultáneamente las dos fases) y jamás se ha llegado a hacer efectivo el cese de la utilización del edificio, uso que era ajeno a cualquier clase de obras y que fue también expresamente ordenado”.