La trama que pagaba comisiones a altos cargos de la Junta de Castilla y León por autorizar parques eólicos en la Comunidad parece que es solo la punta del iceberg de un mayúsculo escándalo de corrupción que comienza a arrojar luz sobre la verdadera gestión desplegada durante 20 años por el consejero de Economía de la Junta, Tomás Villanueva, cuya cabeza exigen hoy la mayoría de los partidos políticos de la Comunidad.
El informe de la inspección de la Agencia Tributaria desvelado en exclusiva hoy por El País, que constata “la existencia organizada de un conjunto de personas y sociedades con reparto de funciones y mantenida a lo largo del tiempo” que cobraron de las eléctricas al menos 110 millones de euros para agilizar la tramitación de parques eólicos en la Comunidad, apunta también nombres concretos que hacen que esta trama esté directamente relacionada con otra, la del caso Perla Negra, en la que el juez de instrucción 2 de Valladolid está investigando la compra venta del edificio de la ADE en Arroyo de la Encomienda y en la que ya han sido llamados a declarar más de una veintena de altos cargos y empresarios.
Al nombre del ex viceconsejero de Economía, Rafael Delgado Núñez, al que la Agencia Tributaria apunta como beneficiario, hay que sumar el de Alberto Esgueva, exconsejero delegado de la empresa pública Excal vinculada a la ADE hasta 2006.
Según la documentación mercantil en poder de últimoCero, Esgueva fundó ese mismo año la eólica Vientos de Tamara SA, en la que figuraba como presidente y donde también aparece como vocal Germán José Martín Giraldo, presente a su vez en Urban Proyecta PM3 S.L., una de las empresas investigadas en el caso Perla Negra junto a Parqueolid Promociones. En esa misma empresa aparecen otras de las sociedades citadas en el informe elaborado por la inspección de la Agencia Tributaria: Preneal S.A. y Cronos Global S.L., entre otras.
Los nombres de Alberto Esgueva y Germán José Martín Giraldo vuelven a aparecer, en este caso como miembros del Consejo de Administración, en otra eólica, Vientos de Gata S.L. y en otra más, Eólica de la Mata S.A., ambos como consejeros delegados.
Según el informe de la Agencia Tributaria desvelado, están documentados “multitud de pagos que tienen una respuesta inmediata en concesiones administrativas o decisiones de la Junta para poner en marcha los parques eólicos”.
La principal empresa eólica del informe no es, sin embargo, ninguna de estas tres, sino San Cayetano Wind, perceptora de pagos de Preneal S.A.. La empresa San Cayetano Wid, propiedad de Alberto Esgueva, comparte nombre con el grupo San Cayetano, propiedad de la familia Esgueva y pieza clave del entramado que se investiga en el caso Perla Negra.
Como ya desveló últimoCero el pasado lunes, Industrias San Cayetano, que el próximo 12 de junio celebrará junta de acreedores dentro del proceso concursal en el que se haya inmersa, mantenía, a finales del año pasado, una deuda millonaria con la Junta de Castilla y León al no haber devuelto las subvenciones que en condiciones “muy ventajosas” le habían sido concedidas, según fuentes conocedoras del procedimiento habitual. La deuda total que la Junta reclama a San Cayetano, propiedad de los hermanos Esgueva, alcanza los 5.852.175,35 euros.
Reacciones
Nada más conocerse el escándalo, el consejero de Economía, Tomás Villanueva, máximo responsable del departamento donde presuntamente se ha gestado esta trama, ha tratado de desviar la atención asegurando que “las autorizaciones de parques eólicos se ajustan a la legalidad” -algo que nadie ha puesto en duda-, pero ha guardado silencio sobre el presunto pago de comisiones para la agilización de expedientes.
Villanueva, acorralado, ha solicitado comparecer en las Cortes para dar explicaciones sobre este nuevo escándalo que le afecta directamente.
La secretaria de Organización del PSCyL, Ana Sánchez, ha exigido el cese inmediato de Tomás Villanueva y la comparecencia ante la Comisión Permanente de las Cortes del propio presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, para que explique este caso, así como otros Púnica, Gürtel, operaciones de Ade Parques, la minería o el Hospital de Burgos. En caso de no acceder a su solicitud, los socialistas estudian forzar la comparecencia de Herrera ante el Senado.
Similar reacción ha tenido IU, “No puede esperarse ni un minuto más”, apunta el Coordinador de IUCyL, José María González. “Los ciudadanos castellanos y leoneses están hartos. Cada día nos despertamos con nuevas imputaciones, donde la sombra de Villanueva planea a sus anchas. A los casos del polígono de Portillo, ADE y minería y Cajas de Ahorros, ahora se suma el cobro de comisiones por parques eólicos. ¡Basta ya!”, ha sentenciado.
No sólo han mostrado su hartazgo los partidos con presencia en las Cortes. Podemos, através de un comunicado, señala que “la creación ad hoc de empresas interpuestas y la participación en el accionariado de las mismas por parte de varios dirigentes vinculados a la Consejería encabezada por Tomás Villanueva ha sido el método utilizado para el pago de favores por parte de compañías del sector eléctrico”.
“Dada la especial implicación y responsabilidad del entonces viceconsejero de Economía, Rafael Delgado Núñez, encargado de autorizar, así como del propio consejero de Economía, Tomás Villanueva, mano derecha del actual presidente Juan Vicente Herrera, exigimos la dimisión inmediata del consejero, así como la comparecencia pública del propio presidente de la Junta de Castilla y León”, sostiene Podemos, cuyos responsables están convencidos de que “el caso destapado hoy no es más que una muestra de la verdadera cara del Partido Popular en las instituciones de nuestra tierra, cortijo durante varias décadas al servicio de los intereses de unos pocos bolsillos y en contra de la gran mayoría que sufrimos sus saqueos”, apuntan antes de recordar casos como el de la trama solar o el ya citado como ‘caso Perla Negra’.
Luis Fuentes, candidato de Ciudadanos a la Presidencia de la Junta de Castilla y León, ha advertido que la información conocida hoy sobre las supuestas comisiones cobradas en las adjudicaciones de parques eólicos en la región son un adelanto de lo que supondrá el “encendido de luces” del próximo 24 de mayo.
“Hasta ahora el oscurantismo ha presidido la acción de la Junta de Castilla y León en numerosas materias. El de los parques eólicos es un ejemplo más que ahora el poder judicial deberá investigar para depurar las responsabilidades legales. El próximo 24 de mayo los ciudadanos apostarán por otra manera de hacer las cosas. Transparencia, instituciones de cristal y control absoluto del dinero público y de la acción del Gobierno”, indica Fuentes.
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