Vecinos de Torrelago han presentado una demanda en el juzgado para paralizar el proyecto europeo CityFied -aislamiento y red de calor-, con un presupuesto de 16,5 millones de euros que coordina Cartif y que pretende reformar la urbanización de 1.488 vecinos de Laguna de Duero.
La demanda pide que el juzgado declare «la nulidad radical y absoluta del acuerdo impugnado por los graves y transcendentales defectos del acta y de manera subsidiaria a la anterior pretensión, que declare la nulidad del acuerdo impugnado por haber sido adoptado sin la unanimidad necesaria para su establecimiento».
El acuerdo objeto de la demanda -presentada hoy por vecinos de la Parcela B-1, también conocida como 1ª Fase- se adoptó el 15 de junio de 2013, en una junta general extraordinariaa, celebrada en la Casa de las Artes, para tratar de: «Proyecto de aislamiento de fachadas y nuevo sistema de calefacción y aprobación, si procede , del mismo».
«Asistieron a la junta extraordinaria 172 vecinos personalmente y 73 más representados (244 viviendas y 1 local comercial), del total de 576 viviendas y 5 locales que componen la comunidad. Los asistentes suponen el 41,95% del total de pisos y locales», dice la demanda presentada.
«Después de la información y debate», añade el escrito registrado en el Juzgado Decano, «el acuerdo fue sometido a votación, con el siguiente resultado: 235 votos a favor del acuerdo, 6 votos en contra y 3 abstenciones (…) La votación del acuerdo se efectuó a mano alzada, sin control alguno de que quien votaba era propietario o representante legítimo de un propietario. Quizás esta informalidad sea factible en comunidades pequeñas, pero es inadmisible en esta comunidad de 576 propietarios».
La demanda analiza el acta de la junta, cuyos defectos «son de extrema gravedad y trascendencia, y deben conllevar su nulidad absoluta».
Proyecto
El escrito presentado en el juzgado, en su punto cuarto, se refiere a que «el proyecto remodelará totalmente el edificio, al colocar un sistema de aislamiento adosado a las paredes externas». «Las fachadas de esta comunidad son un elemento común. Su alteración modifica el título constitutivo de la comunidad«, según la demanda, que también aborda las consecuencias del nuevo sistema de calefacción, según consta en el acta de la junta del 15 de junio de 2013, que estuvo precedida de una asamblea conjunta de las dos comunidades, la B-1 y la vecina B-2 (afectada por el proyecto); la asamblea tuvo lugar el 4 de junio de 2013.
«La obra provoca la creación de una supracomunidad que gestiones en común el sistema de calefacción y de agua caliente sanitaria, o la recreación de las dos comunidades existentes para utilizar el nuevo elemento común a ambas. En ningún apartado del acta de la junta ni en la documentación entregada a los propietarios existe previsión alguna sobre la segura alteración de los coeficientes de propiedad de cada piso y local», se dice entre otras muchas cosas, como son las obras a construir -silo, viales de acceso, etc.- Hechos que, se reitera, conllevan «la modificación completa del título constitutivo de la comunidad existentes».
También el escrito recoge que la solicitud de información planteada por algunos demandantes al presidente de la comunidad B-1 ante «la ausencia total de los proyectos técnicos energéticos, arquitectónicos y geológicos imprescindibles para acometer obras de la envergadura planteada. Tampoco existe ningún proyecto financiero que explique los costes, y la forma de amortizarlo». La respuesta del presidente de la comunidad, siempre según la demanda, fue: «La confidencialidad del proyecto impedía su divulgación», entre los propietarios de los pisos, «los verdaderos afectados y contribuyentes del mismo».
La acción de impugnación, a la que seguirá en los próximos días la de vecinos de la 2ª Fase de Torrelago, se ejercita en base a que los acuerdos comunitarios adoptados «resultan contrarios a la ley y a los estatutos: artículo 18 de la Ley de Propiedad Horizontal», por las causas expuestas -desconocimiento de la cuota de propiedad de los asistentes a la junta para saber el quórum alcanzado, desconocimiento de la identidad de los vecinos, etc., etc.
«La impugnación que hacemos en esta demanda del acuerdo adoptado en la junta general extraordinaria de 15 de junio de 2014 es doble: en primer lugar, consideramos que dicho acuerdo es nulo por los graves y trascendentes defectos del acta; en segundo lugar, estimamos que el acuerdo es anulable por carecer de la unanimidad imprescindible para su aprobación».
Concentración y empresas beneficiarias
Vecinos, asociados en TorrelagOpina, se han concentrado a las puertas de los juzgados, para respaldar la demanda presentada para pedir la paralización de CityFied, proyecto «decidido, proyectado e impuesto, por empresas privadas y Ayuntamiento, para intervenir sobre viviendas particulares sin la autorización legal de sus propietarios. Más de 1.000 vecinos ausentes (de los 1.488 que componen las comunidades) y 80 en contra de este proyecto, han sido el detonante del ambiente de crispación y enfrentamientos en los últimos meses, entre vecinos, empresas y Ayuntamiento«.
El Ayuntamiento de Laguna de Duero, cuyo alcalde, Luis Minguela, ha utilizado este proyecto electoralmente y ha afirmado que el Consistorio es un mero socio colaborador por exigencias de la UE. La Fundación Cartif, cuyo director desde su fundación es José Ramón Perán González. El centro tecnológio está ubicado en el Parque de Boecillo y aparece como coordinador del proyecto.
Cartif ha elegido tres «demostradores» para desarrollar el supuestos ahorro energético: Torrelago, Lund (Suecia) y Soma (Turquía). En estas dos últimas ciudades los «demostradores» son dos edificios públicos y son socios del proyecto los ayuntamientos. «En nuestro caso, se trata de propiedades privadas (de nuestras viviendas) pero aún así el Ayuntamiento también uno de los socios», dicen los vecinos.
Perán, afirmó ante los medios de comunicación, que los residentes en Torrelago se convertían «en cobayas», lo que molestó a los vecinos.
Como empresas promotoras están Dalkia (encargada del cambio de sistema de calefacción, de gas a biomasa). Los vecinos señalan a su directivo Javier Martín como uno de los responsables que ha contribuido al oscurantismo del proyecto.
Una tercera empresa es 3iA, que se encargaría del recubrimiento de fachadas de los 31 portales -de doce plantas de cuatro viviendas cada uno- que conforman la urbanización afectada. Se trata de una sociedad limitada, unipersonal, cuyo capital social es de 18.000 euros y cuyo balance económico se cerró en 2011 con -21.297 euros, y en 2012 con 593 euros, según los vecinos afectados y contrarios al proyecto.
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