Las noticias de ilegalidades en los cursos de formación, tanto por parte de organizaciones sindicales como de la patronal (caso de CEIM) están a la orden del día en los últimos tiempos. En Valladolid, cuatro empleados del Hospital Río Hortega, que se atrevieron a denunciar prácticas fraudulentas en su centro de trabajo, han sido sancionados hasta con 7 meses de empleo y sueldo por parte de Salud Castilla y León (Sacyl). Mientras, de momento, los hechos no ha tenido consecuencias para el director de Gestión (Miguel-Ángel Sánchez Asenjo) y el gerente del citado centro (Eduardo Enrique García Prieto, actual director gerente de la Gerencia Regional de Salud), que fueron imputados por presunto cohecho, falsificación de documento, usurpación de personalidad y apropiación indebida.
Ana María García Ricondo, trabajadora de cocina del Hospital Río Hortega acudió hoy al Juzgado de lo Contencioso número 2 de Valladolid donde se ha visto su recurso a la sanción de 7 meses de empleo y sueldo impuesta por Sacyl -que está cumpliendo-, tras denunciar la realización de cursos formación fantasmas en los años 2009 y 2010.
La vista de la demanda, plagada de situaciones atípicas, comenzó con una advertencia extemporánea de la secretaria del juzgado a los acompañantes de la trabajadora, que aguardaban en el pasillo para acceder a una reducida sala. Las advertencias y comentarios no se transmitieron a los testigos -y acompañantes- de la parte demandada, la Administración, que se encontraban al otro extremo del pasillo de la dependencia judicial de la calle San José.
Dentro de la sala, la magistrada, María Luaces Díaz de Noriega, adoptó decisiones muy curiosas, como querer que comparecieran los cinco testigos de Sacyl a la vez. Ante la protesta del letrado de la demandante, José Alberto Blanco, que entendía que así se impedía que se dieran contradicciones entre ellos, la jueza decidió que lo hicieran de dos en dos los gobernantes en el servicio de cocina del Río Hortega: Trinidad Acosta/Begoña Ibáñez y Agustín Zamora/José Antonio Lozano, y en solitario, Gloria Cabezas, supervisora de la sección de endocrino y nutrición del hospital.
La magistrada despidió a los testigos con la siguiente expresión: «Pueden marcharse o quedarse; gracias por el tiempo perdido«. También Luaces Díaz de Noriega indicó al abogado de la trabajadora con que iba a admitir todas las pruebas documentales que presentaba pero que luego ya vería la valoración. Asimismo, en varios pasajes de la declaración contribuyó a que finalizarán los testigos su declaración en una determinada dirección.
En otro momento de la vista, una alusión a la falta de testigos por la parte actora provocó que el abogado Blanco exclamara: «No puedo traer a los compañeros de Ana María porque están asustados«. A lo que respondió la magistrada: «No los tiene que traer usted, soy yo quien los citaría y tienen la obligación de comparecer«.
La traca final fue cuando la titular del Juzgado Contencioso número 2 expresó que en la prueba practicada no había habido «nada nuevo» y que el trámite fuera «brevísimo«. El abogado José Alberto Blanco se limitó a decir en tono airado: «La tramitación del expediente ha provocado indefensión. Se han incumplido los artículos 14 y 24 de la Constitución«.
Entre otras irregularidades, el abogado había denunciado que en un principio el expediente informativo se abrió también a otra trabajadora, que luego fue excluida del expediente sancionador, con el pretexto de que no era fija, aunque ha seguido siendo llamada a realizar sustituciones.
También se denunció que a continuación estaba previsto celebrar la vista del recurso de otro trabajador sancionado, y que había sido anulado el juicio, «al darse cuenta Sacyl que la sanción ha sido impuesta por unos hechos cometidos en un día en que descansaba el trabajador».
30 años sin una amonestación
El abogado de Ana María Ricondo intentó desmontar los cinco cargos por los que había sido sancionada la recurrente, a la que Sacyl impuso una mayor sanción que al resto.
En relación al cargo de «trato inadecuado a superiores y compañeros», se hizo constar la casualidad de que la trabajadora, con 30 años de antigüedad en el hospital, nunca había sido amonestada, y que sólo cuando se presentó la denuncia en el juzgado de lo penal en marzo de 2011 por la no realización de los cursos de formación e informaron al resto de la plantilla que tuvieran cuidado, con lo que podían firmar, ya que en la web del centro habían aparecido todos como realizadores de unos cursos que no se habían impartido, es entonces, dicen, cuando se «fabricaron» los expedientes disciplinarios con el pretexto del mal carácter, la negativa por razones de integridad física a cortar piezas de pescado que triplicaban el peso previsto por la máquina, el «conminar» a la plantilla cuando solo ejercieron el derecho a informar, etc.
El letrado de Sacyl se ratificó en la sanción al entender acreditados los cargos y negó que «existiera ningún tipo de persecución ni ánimo de cortar cabezas«.
En las Cortes
El escándalo llegó a las Cortes de Castilla y León, donde el Grupo Parlamentario Socialista planteó una serie de preguntas el 15 de noviembre de 2011 «ante la posible falsificación del curso de formación oficial para el personal de hostelería del Hospital Río Hortega de Valladolid del año 2009″, ejercicio en el que no se realizó ningún curso. Y los tres cursos anunciados y tampoco realizados en 2010, se improvisaron en 2011 para intentar dar alguna cobertura a la ilegalidad.
Los cursos aportan a la empresa Flores Vallles SA un total de 40.996 de euros, casi siete millones de las antiguas pesetas, según las conclusiones tras la actividad parlamentaria: 8 preguntas escritas, 19 solicitudes de documentación y posterior a la vista una solicitud de documentación.
El archivo de la imputación al director gerente de la Gerencia Regional de Salud, Eduardo Enrique García Prieto, y del director de Gestión del Hospital Río Hortega, Miguel-Angel Sánchez Asenjo, se encuentra recurrida ante la Audiencia Provincial de Valladolid, informó hoy el abogado José Alberto Blanco.