Publicado en El País:
Miembros del Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT) ocuparon el verano de 2012 la finca militar Las Turquillas, en la localidad sevillana de Osuna. Capitaneados por el diputado andaluz de IU y alcalde de Marinaleda (Sevilla), Juan Manuel Sánchez Gordillo, permanecieron allí durante 17 días. Este lunes, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) sienta en el banquillo por esta causa a 54 sindicalistas, entre ellos, Sánchez Gordillo y el secretario general del SAT, Diego Cañamero. Se les imputa delitos de usurpación, desobediencia y daños. El juicio, al que solo han entrado tres de los imputados, se celebra en el TSJA por la condición de aforado de Sánchez Gordillo. Los otros jornaleros, entre ellos Sánchez Gordillo y Cañamero, se han concentrado en la plaza frente a la sede del alto tribunal junto a otros simpatizantes. El diputado andaluz confía en que el juicio sea «justo» y concluya con la libre absolución de los acusados.
Para el alcalde de Marinaleda, Cañamero y otros dos sindicalistas, la Fiscalía Superior de Andalucía pide una pena de siete meses de prisión, frente a los dos años solicitados por la Abogacía del Estado. Asimismo, solicitan para el diputado andaluz su inhabilitación especial. Además de hacer extensible la pena de prisión para los 50 imputados restantes, la fiscalía pide para cada uno de los acusados dos multas: una de 1.200 euros por un delito de usurpación de inmueble sin violencia o intimidación y otra de 100 euros por una falta de daños. Asimismo, establece una indemnización de 1.075 euros a favor del Ministerio de Defensa y de 337 para el Consistorio de Osuna por los daños que fueron ocasionados a consecuencia de la ocupación —daños cifrados en casi 800 euros y en 281 euros el valor de los objetos sustraídos—. Para los 50 sindicalistas restantes, la Abogacía del Estado pide un año y seis meses. “Acumulamos una multa de 275.000 euros y una fianza de 400.000”, apuntó el pasado viernes Cañamero.
La defensa pide la libre absolución de los imputados al entender que “en ningún momento hubo tales delitos” y la ocupación “solamente se realizó con el fin de presionar a que los entes públicos-políticos dieran de una vez una solución al desempleo de los jornaleros de la comarca”, informa Efe. Uno de los tres acusados que ha entrado en la sala ha reconocido ante el tribunal que carecían de autorización para ocupar en el verano de 2012 la finca sevillana, pero ha matizado que se trató de una acción pacífica y que en esas fechas Sánchez Gordillo «iba y venía» pero no se mantuvo allí todo el tiempo. Los tres acusados han negado que produjeran daños en la finca, sino al contrario, hicieron mejoras, y también han negado incidentes con la Guardia Civil o los militares. Han asegurado que cuando recibieron la notificación judicial de desalojo por parte de la Guardia Civil ya tenían pensado marcharse, informa José Miguel Muñoz.
“En todo momento, nuestra protesta fue pacífica y en defensa de una tierra que puede aliviar el paro que sufre esta comarca”, aseguró Cañamero, quien hizo alusión a su condición de insumiso judicial —el sindicalista fue detenido en julio por hacer caso omiso, hasta en tres ocasiones, a una citación judicial por esta misma causa—. “Permaneceré en la puerta [de la sede del TSJA], pero no entraré en la sala. Allí, decidiremos también qué hace el resto de compañeros”, expuso el portavoz. Finalmente, este lunes al juicio han entrado solo tres sindicalistas. Tras la concentración a las puertas de la sede, por la tarde, el colectivo celebrará una marcha hasta la Subdelegación del Gobierno.
Cañamero criticó la “represión” y la “caza y captura” que el SAT sufre por parte del Gobierno. La justificó calificando como “ilógico” que el Estado se persone en la causa del robo de material escolar que el sindicato protagonizó a finales de agosto en un centro comercial y en la que la empresa no lo ha hecho. “No es lógico que un sindicato acumule multas de hasta un millón de euros o penas de cárcel que suman 300 años”, agregó el portavoz antes de criticar “las presiones que el Gobierno ejerce sobre los fiscales”.
Publicado en Kaos en la Red: Centenares de personas arropan en Granada a los 54 de Las Turquillas: «Nuestra lucha es por la dignidad»
El parlamentario andaluz de IU y alcalde de Marinaleda (Sevilla), Juan Manuel Sánchez Gordillo, el secretario general del Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT), Diego Cañamero, se han negado este lunes a asistir al juicio que se ha celebrado en el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) por la ocupación en el verano de 2012 de la finca ‘Las Turquillas’ en Osuna (Sevilla), donde se ubica la Yeguada Militar del ejército, pero, a su llegada, han negado los delitos que les atribuye tanto la Fiscalía Superior como la Abogacía del Estado.
Así, se han quedado en Plaza Nueva, a la entrada del Alto Tribunal andaluz, con varios centenares de simpatizantes y militantes del SAT, donde han incidido en el carácter «político» de la vista. Cañamero ha indicado que, tal y como lo permite la ley, no se presentarían ante el tribunal como modo de «protesta» a la representación que, según asegura, sufre el sindicato, del que ha defendido su movilización «pacífica».
«No es un juicio contra una actuación ilegal, es una actuación política del Gobierno contra el movimiento sindical y social más consecuente», ha señalado el sindicalista, para quien el Ejecutivo del PP «quiere anular los movimientos sociales que critican su política».
Minutos más tarde ha llegado a Plaza Nueva, también arropado por simpatizantes del SAT, Sánchez Gordillo, que ha vuelto a reiterar que las personas que ocuparon la finca se marcharon «sin resistencia» y de forma «pacífica», y que no llegaron a traspasar los límites de acceso a la zona militar. En su opinión, el juicio contra él, Cañamero y otros 52 procesados es un juicio «político», ya que en el «fondo» hay una «consigna de los fiscales de represión a un sindicato que no se calla y que es rebelde».
Quienes sí han comparecido han sido tres de los 54 procesados, que han declarado mientras en la sala, presidida por Lorenzo del Río, máximo responsable del TSJA, se escuchaban las consignas que los militantes del SAT hacían desde el exterior, megáfono en mano. Han coincidido en defender el carácter pacífico de su reivindicación, y han negado que se causaran daños a la finca.
El primero de ellos, actualmente concejal en el Ayuntamiento de Osuna, José R.N., ha admitido que no tenían autorización para ocupar la finca, pero ha negado que forzaran candados para acceder a ella o que causaran daño alguno. Asimismo, ha incidido en que esa misma finca ya la habían ocupado en años anteriores, desde 2001, y que siempre esa protesta, para reclamar su uso agrícola, se ha desarrollado sin incidentes. De hecho, ha negado que se causara un riesgo para el ganado caballar de la finca, o para la seguridad del acuartelamiento.
La segunda en declarar, Libertad S.M., se ha negado a responder a las preguntas de la Fiscalía Superior y a la Abogacía del Estado, pero a respuesta de preguntas de su abogado ha incidido en que sólo llegó a la finca un día antes de su desalojo, el 8 de agosto de 2012, y que desconoce si Sánchez Gordillo estaba allí.
El tercero en comparecer, cuya declaración ha sido más prolongada, ha sostenido que no sólo no causaron daños durante la ocupación, sino que mejoraron la finca, podando incluso algunos olivos de la misma. «Si es del Estado, es de todos», ha mantenido el inculpado, José Antonio M.M., quien además ha señalado que los que se presentaron en la finca, que «iban y venían», no son personas «de tener enfrentamientos con las Fuerzas de Seguridad» y ha mantenido su relación «cordial» con los militares. «Creemos en la titularidad social de las tierras», ha defendido el acusado, quien ha resaltado que otras fincas aledañas dan mucho más trabajo que Las Turquillas.
«Lo único que pretendíamos conseguir es dar trabajo en una comarca con un 40 por ciento de paro», ha afirmado, indicando que Las Turquillas podría generar 50.000 jornales al año. Sobre la presencia de Sánchez Gordillo ha dicho que él «iba y venía» y, por otra parte, ha asegurado que recogieron «hasta la última colilla» cuando decidieron en asamblea atender a la orden llevada a la finca por la Guardia Civil para el desalojo. También ha explicado que la intención era ocupar la finca durante el menor tiempo posible, a la espera de que se llegara a un acuerdo con el Ministerio de Defensa.
Tras la comparecencia de estos tres únicos acusados, el tribunal ha visionado un vídeo sin sonido de la ocupación, en el que Sánchez Gordillo aparece en varias ocasiones, dándose así por finalizada la sesión. Continuará este martes, con la declaración de un total de seis testigos, cuatro de ellos propuestos por la Fiscalía y dos por las defensas, y la lectura de las conclusiones y los informes, con lo que el juicio quedará previsiblemente visto para sentencia.
La Fiscalía Superior de Andalucía solicita para Juan Manuel Sánchez Gordillo, Diego Cañamero y otro dos acusados en este procedimiento, ambos militantes del SAT, un total de siete meses de prisión por un delito de desobediencia grave.
Asimismo, el Ministerio Público pide para Sánchez Gordillo, Cañamero y el resto de los acusados –un total de 52 entre militantes y simpatizantes del SAT– el pago de una multa de 1.200 euros por un delito de usurpación de inmueble, y 100 euros de multa por una falta de daños.
Igualmente, pide que todos los imputados paguen una indemnización de 1.075,64 euros a favor del Ministerio de Defensa y de 337 euros al Ayuntamiento de Osuna por los daños ocasionados, «sin una intención directa, a consecuencia de la ocupación», que tuvo lugar entre el 24 de julio y el 9 de agosto de 2012.
La petición del fiscal se conoció después de que el Alto Tribunal andaluz emitiera un auto el pasado mes de mayo en el que procesaba por tres presuntos delitos de usurpación, daños y desobediencia y una falta de hurto a los acusados, cifrando los daños causados en 794,14 euros y en 281,50 euros el valor de los objetos sustraídos.
El magistrado instructor relataba en ese auto que fue el 23 de julio de 2012 cuando se recibió la información de que el SAT había decidido ocupar Las Turquillas. Así, sobre las 10,00 horas del 24 de julio de 2012 se concentraron en las inmediaciones de la finca unas 500 personas encabezadas por una pancarta con el lema ‘Andaluces levantaos. Pedid tierra y libertad. ¡Movilízate!. Las Turquillas para los trabajadores’, con banderas de Andalucía con el anagrama del SAT.
Los manifestantes se dirigieron desde allí hasta la portada lateral de la finca, «rompiendo con un hierro el candado y la cadena» que cerraba las dos hojas metálicas, de malla, de la puerta de entrada al camino, «fracturando igualmente» el bastidor de la misma y accediendo seguidamente a la finca todos los concentrados, «a cuyo frente» figuraban Sánchez Gordillo, Cañamero y otros dos militantes del SAT.
Fue el 7 de agosto de 2012 cuando el Juzgado de Instrucción número 1 de Osuna ordenó el «inmediato» desalojo de Las Turquillas, lo que fue notificado personalmente a los imputados por el capitán de la Guardia Civil al día siguiente, pero los mismos se negaron y le dijeron que «no abandonarían el recinto si no era a través del empleo de la fuerza». Finalmente, el desalojo se produjo sin incidentes el 9 de agosto.
Noticia inicial:
La Fiscalía solicita para ambos siete meses de cárcel por la ocupación en el verano de 2012 de la finca ‘Las Turquillas’ en Osuna (Sevilla).
En este sentido, fuentes judiciales han informado a Europa Press de que la Sala de lo Civil y Penal del Alto Tribunal andaluz, con sede en Granada, enjuiciará durante esos dos días tanto a Sánchez Gordillo y Cañamero como a otros 52 acusados, todos ellos militantes y simpatizantes del SAT.
El juicio por estos hechos se celebrará en el TSJA debido a la condición de parlamentario andaluz del alcalde de Marinaleda.
En declaraciones a Europa Press, la responsable de Acción Sindical del SAT, Mari García, ha señalado que prevén el apoyo de sindicalistas de fuera de Andalucía y de gente de la cultura y ha apuntado que se están organizando autobuses de diversos pueblos para ir a Granada a la concentración convocada para las 10,00 horas ante el TSJA. Además, por la tarde habrá una manifestación «contra la persecución hacia el sindicato».
Cabe recordar que, en su escrito de acusación, la Fiscalía Superior de Andalucía solicitó para Juan Manuel Sánchez Gordillo, Diego Cañamero y otro dos acusados en este procedimiento, ambos militantes del SAT, un total de siete meses de prisión por un delito de desobediencia grave.
Asimismo, el Ministerio Público pide para Sánchez Gordillo, Cañamero y el conjunto de los acusados –un total de 52 entre militantes y simpatizantes del SAT– el pago de una multa de 1.200 euros por un delito de usurpación de inmueble, y 100 euros de multa por una falta de daños.
Igualmente, la Fiscalía solicita que todos los imputados paguen una indemnización de 1.075,64 euros a favor del Ministerio de Defensa y de 337 euros al Ayuntamiento de Osuna por los daños ocasionados, «sin una intención directa, a consecuencia de la ocupación», que tuvo lugar entre el 24 de julio y el 9 de agosto de 2012.
La petición del fiscal se conoció después de que el Alto Tribunal andaluz emitiera un auto el pasado mes de mayo en el que procesaba por tres presuntos delitos de usurpación, daños y desobediencia y una falta de hurto a los acusados, cifrando los daños causados en 794,14 euros y en 281,50 euros el valor de los objetos sustraídos.
LOS HECHOS
El magistrado instructor relataba en ese auto que fue el 23 de julio de 2012 cuando se recibió la información de que el SAT había decidido ocupar Las Turquillas. Así, sobre las 10,00 horas del 24 de julio de 2012 se concentraron en las inmediaciones de la finca unas 500 personas encabezadas por una pancarta con el lema ‘Andaluces levantaos. Pedid tierra y libertad. ¡Movilízate!. Las Turquillas para los trabajadores’, con banderas de Andalucía con el anagrama del SAT.
Según indica el magistrado instructor, los manifestantes se dirigieron desde allí hasta la portada lateral de la finca, «rompiendo con un hierro el candado y la cadena» que cerraba las dos hojas metálicas, de malla, de la puerta de entrada al camino, «fracturando igualmente» el bastidor de la misma y accediendo seguidamente a la finca todos los concentrados, «a cuyo frente» figuraban Sánchez Gordillo, Cañamero y otros dos militantes del SAT.
De este modo, y «preguntados» por el jefe del dispositivo montado en el lugar por la Guardia Civil, contestaron que «pretendían ocupar la finca para trabajar en ella y se dirigían a entrevistarse con los responsables de la yeguada militar para comunicárselo», siendo advertidos por el responsable de la Benemérita de que «podían cometer un delito de usurpación».
Una vez en el recinto militar, recorrieron unos tres kilómetros, «de los que la parte final del camino es de uso exclusivo del personal de la yeguada militar», y «destruyeron» un azulejo rústico colocado junto a la puerta de entrada al recinto con la leyenda ‘Yeguada Militar’, que sustituyeron por otro con el lema ‘Igualdad y Tierra’.
‘TRABAJAR’ LA TIERRA OCUPADA
Sánchez Gordillo y Cañamero fueron recibidos por un capitán de la Guardia Civil, «que les advirtió que podían cometer un delito», pero ellos «insistieron en que iban a ocupar la finca», mientras que el oficial al mando del dispositivo, «que grabó videográficamente todo lo que estaba sucediendo e identificó a 53 de los ocupantes de la finca», ordenó a los agentes a sus órdenes «no intervenir para evitar una alteración del orden público».
Junto al camino, los «ocupantes» instalaron «una especie de campamento» formado por una choza de cañas y varias tiendas de campaña, «en el que se fueron relevando para pasar los días y las noches y ‘trabajar’ la tierra ocupada», asevera el magistrado, que indica también que los imputados «fracturaron» los sistemas de guarda y anclaje de un pozo cercano «e instalaron una especie de motobomba para extraer el agua».
De igual modo, «labraron un corto trozo de tierra y conectaron una goma de polietileno a una ventosa de la conducción de agua, de suministro de los bebederos del ganado, para usarla como ducha, y se apoderaron de utensilios de labranza y de materiales que se llevaron» cuando desalojaron la finca.
RIESGO DE INCENDIO AL PRENDER FUEGO A 18 ALPACAS DE PAJA
Además, el 26 de julio prendieron fuego a 18 alpacas de paja, «con riesgo de incendio del rastrojo existente en la zona», un riesgo que «se incrementó durante los días de la ocupación, al circular constantemente sus vehículos por tierras de labor», habiendo desaparecido además la cadena que delimitaba el terreno cedido al Ayuntamiento de Osuna y que impedía el acceso a coches hacia el acuartelamiento.
Al día siguiente, unas 35 personas rompieron un candado de la cancela del vallado e iniciaron el corte de ramajes de olivos y almendros, a lo que se suma que otras tres personas subieron a un depósito de agua y pintaron una bandera de Andalucía.
Fue el 7 de agosto de 2012 cuando el Juzgado de Instrucción número 1 de Osuna ordenó el «inmediato» desalojo de Las Turquillas, lo que fue notificado personalmente a los imputados por el capitán de la Guardia Civil al día siguiente, pero los mismos se negaron y le dijeron que «no abandonarían el recinto si no era a través del empleo de la fuerza». Finalmente, el desalojo se produjo sin incidentes el 9 de agosto.
Noticia original:
Diego Cañamero ha explicado en una rueda de prensa celebrada esta mañana en Sevilla, que el lunes 11 a las 10 de la mañana se concentrarán ante el TSJA miles de personas en solidaridad con los imputados e imputadas y que vendrán colectivos de todas las latitudes del Estado español y de Europa.
Por la tarde habrá una manifestación también en Granada contra la represión sindical y social.
«Nuestra lucha es por la dignidad. Porque te pueden despedir, te pueden quitar la casa, te pueden meter preso, pero lo que nunca podemos permitir es perder nuestra dignidad que es la lucha, que es la rebeldía, la desobediencia, siempre pacífica, contra las injusticias que cometen los poderosos contra los más débiles».
Más información:
Estimados-as compañeros-as,Queremos haceros partícipes de un nuevo episodio de represión contra el SAT que va a tener lugar el próximo 11 de noviembre. Ese día 54 compañeros y compañeras están citados ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) en Granada por la ocupación de Las Turquillas en el verano de 2012.
Como sabréis «Las Turquillas» es una finca propiedad de Patrimonio del Estado que está cedida al Ministerio de Defensa donde se aloja parte de la Yeguada Militar. En esa finca de 1.200 ha. esta Yeguada, compuesta por unos 100 caballos y unos 20 borricos, ocupa no más de 20 ha. estando la inmensa mayoría de la finca infrautilizada. Esta finca se haya en una de las comarcas andaluzas, la Sierra Sur sevillana, con mayor índice de desempleo.
Por ello, todos los partidos, incluido el PP cuando estaba en la oposición, han demandado que esta finca pasara al Ayuntamiento de Osuna para darle un uso social a la tierra y pueda contribuir a mitigar la alta tasa de desempleo de la comarca.Sobre los 54 compañeros y compañeras, entre los que se encuentran Diego Cañamero y Juan Manuel Sánchez Gordillo, pesan imputaciones por delito de usurpación, daños y desobediencia grave y solicitudes colectivas de penas de 88 años de prisión y multa de 275.000 euros. Todo esto por exigir que la tierra tenga un uso social para crear empleo en una comarca azotada por el paro masivo.
Ante este nuevo macrojuicio queremos pediros vuestra solidaridad. Sería muy importante que ese día, en la puerta del Tribunal no sólo haya muchas personas sino también muchos colectivos sindicales, sociales y políticos mostrando la solidaridad que merecen los compañeros y compañeras imputados. Para mandarles una vez más un mensaje a los poderosos: «Vuestras cárceles no van a detener la justa lucha de los pueblos!»Os esperamos el 11 de noviembre en Granada.¡Basta de juicios contra el pueblo que lucha!¡Viva Andalucía Libre, viva la lucha de los pueblos, viva la lucha de la clase obrera!
