Represión policial en las fiestas de Leganés
Durante la tarde del miércoles 9 de octubre, vecinos de Leganés se manifestaban, una vez más, en protesta por la venta de 36 viviendas de alquiler social del IVIMA en Arroyo Culebro a la empresa privada Goldman Sachs-Azora, sin que en absoluto esté claro el destino de las familias que viven en esos hogares. Durante el transcurso de la protesta pacífica, que se estaba realizando junto a las casetas de las fiestas del barrio leganense de San Nicasio, agentes de la policía nacional han realizado tres detenciones selectivas.
Las tres personas detenidas fueron reducidas con gran violencia por parte de la policía nacional. A uno de los detenidos le han pisoteado la cabeza, sufriendo contusiones y la rotura de sus gafas; el policía agresor ha mantenido su pie en el rostro del detenido durante varios minutos. Previamente, un agente le había llamado por su nombre sin tan siquiera identificarlo ni pedirle la documentación, lo que parece demostrar que la detención estaba planificada de antemano en base a las «listas negras» ilegales que maneja la delegación del gobierno de Madrid.
Otras dos personas han sido igualmente reducidos con violencia y de manera selectiva, sin que haya mediado ningún disturbio previo. Uno de ellos ha sido arrastrado por agentes de paisano, tras perseguirlo y detenerlo lejos de donde se estaba produciendo la protesta.
Los tres se encuentran en dependencias policiales, acusados de atentado contra la autoridad y desórdenes públicos. Mañana pasarán a disposición judicial a primera hora.
Los movimientos sociales de Leganés han convocado una concentración de apoyo a los detenidos y de denuncia de la represión injustificada y brutal que han sufrido estas personas, para el jueves 10 de octubre, a las 11:00 h, frente a los juzgados de Leganés (Plaza de la Comunidad de Madrid, metro Casa del Reloj)
Una comisaria dirigida por uno de los policías acusados de torturas durante el franquismo
Los policías que han practicado estas detenciones se encuentran a las órdenes de Jesús González Reglero, uno de los policías acusados de practicar torturas en la Dirección General de Seguridad del Estado durante los últimos momentos del franquismo. Este policía podría ser reclamado en breve por la justicia argentina para responder de las graves acusaciones que pesan sobre él, por torturas y crímenes de lesa humanidad. La actuación de las fuerzas de seguridad del estado ayer en Leganés parece demostrar que las prácticas por las que se enfrentan a la justicia varios mandos policiales están muy lejos de haber sido desterradas, hasta el punto de que el gobierno ha sido condenado de modo enérgico por el Consejo de Europa, que denuncia que en España las autoridades concurren en importantes violaciones de los derechos humanos, como torturas, racismo e impunidad policial.