Alrededor de 500 personas –300 según la empresa propietaria Nuclenor– reclamaron al Gobierno de Mariano Rajoy en la tradicional marcha contra la central nuclear de Santa María de Garoña (Burgos) que elabore un plan energético basado en energías renovales, sin la planta burgalesa. La manifestación convocada por grupos ecologistas partió un poco antes de las 13:00 horas desde la localidad burgalesa de Barcina del Barco para llegar a las puertas de la instalación atómica.
Greenpeace y Ecologistas en Acción temen que se estén produciendo movimientos «ilegales» para reabrir la planta del Valle de Tobalina. En este sentido, el presidente nacional de Ecologistas en Acción, Francisco Castejón, subrayó en la marcha contra Garoña que «sería prevaricación torcer la ley para favorecer intereses privados», en relación a la posible modificación del reglamento que permita reanudar la actividad en la instalación. «Sería un peligrosísimo precedente», consideró Castejón, puesto que crearía «un efecto llamada» para otras centrales nucleares españolas.
La responsable de la campaña antinuclear en Greenpeace España, Raquel Montón, manifestó en la marcha que, después de que el plazo de la licencia de explotación haya expirado, ahora se debe pensar en el predesmantelamiento y insistió en que «cualquier modificación que se intente para reabrir Garoña puede rozar la ilegalidad y suponer un acto delictivo». «Hay muchos indicios de que se está intentando hacer algo ilegal», aseguró. Por ello, Greenpeace se encuentra «expectante» ante cualquier acción de las eléctricas o del Gobierno central, por lo que Montón avanzó que «no bajarán la guardia». La portavoz indicó que «tomarán las medidas legales oportunas», después de que se haya publicado una «torticera» modificación del real decreto que regula la actividad de Garoña.
En la marcha también estuvo el coordinador regional de Izquierda Unida, José María González, quien afirmó «dudar de la legalidad de las decisiones que pudiera estar tomando el Ejecutivo de Rajoy en este momento y sería una vía de escape a la falta de seguridad y que pondría en riesgo el futuro de la provincia de Burgos y de Castilla y León». Además, «queremos que haya futuro en esta comarca y para ello debe haber dinero público desde ya», añadió González que pidió un presupuesto para poder comenzar a pensar en el futuro de las localidades de la comarca y pensar en la industrialización de la comarca. «Un cerezo comienza a dar sus frutos después de unos años», señaló.
En la misma línea insistió el portavoz de la coordinadora contra Garoña, Alfonso Ribote, que apuntó que «lo que pedimos al Gobierno es que enredarse en el cierre de una central vieja y peligrosa, haga una buena política energética, con ahorro y energías renovables, para tener un sistema energético limpio».
Además de representantes de las distintas organizaciones ecologistas, en la que llamaron «Última marcha» también estuvieron, como ya estaba anunciado, otros afectados por centrales nucleares o cementerios, como los vecinos del Almacén Temporal de Centralizado de Villar de Cañas (Cuenca) o habitantes de Almaraz (Cáceres). También hasta Barcina del Barco llegaron tres autobuses desde Madrid.
El movimiento ‘anti-Garoña’ comenzó en los años 80 varios, cuando grupos ecologistas y detractores de la energía nuclear convocaron una marcha desde distintas partes del norte del país.